El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpables a tres integrantes de la Pandilla “18” acusados por el asesinato de 17 empleados de una zapatería, en un hecho ocurrido en septiembre de 2010.
En el requerimiento fiscal, el Ministerio Público acusó a Dani Danilo Díaz López, quien también se hace llamar Edwin Humberto Díaz López (alias “Scrapy”), José Virgilio Sánchez Montoya (alias “Pechocho”) y Christian Josué Rivera Antúnez (alias “El Mudo”).
En la sentencia emitida por la Sala Dos, se establece que alias “Pechocho” fue declarado culpable por 17 delitos de asesinato, dos de tentativa de asesinato y uno por asociación ilícita. La fiscalía pedirá que se le dicte una condena entre 340 a 510 años de cárcel.
“Scrapy” y “El Mudo” fueron declarados culpables por los delitos de asociación ilícita y complicidad.
Durante el juicio, la fiscalía utilizó las declaraciones que el principal testigo de la matanza rindió en la audiencia inicial, ya que no pudieron ubicarlo.
El Ministerio Público presentó los testimonios de agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Según las investigaciones,
el objetivo de los pandilleros eran dos trabajadores de la zapatería que simpatizaban con la Mara Salvatrucha “MS-13”.
Además, se presume que los dos zapateros habían comenzado a vender droga en la zona, que era punto de venta de la pandilla “18”.
Entre las pruebas presentadas por los fiscales se encuentran las encontradas en los allanamientos realizados en las casas de los sospechosos.
En la casa de “Scrapy” hallaron un fusil 2.23, el cual concuerda con los casquillos encontrados en la escena del crimen por los técnicos en Inspecciones Oculares.
En la vivienda del “Pechocho”, la Policía encontró una pistola 40 milímetros, la cual también fue utilizada en la matanza, según la fiscalía.
Durante el desarrollo del juicio, las instalaciones del Tribunal de Sentencia y sus alrededores permanecieron resguardadas por más de cien elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Las medidas de seguridad en los edificios del Poder Judicial se han incrementado a solicitud de los empleados judiciales, quienes se sienten inseguros desde el crimen de la jueza de Sentencia Mireya Mendoza, en la ciudad de El Progreso.
