El hecho ocurrió entre la noche del 6 y madrugada del 7 de febrero y desde entonces, su madre, Norma Rodríguez, no ha parado de tocar puertas en busca de ayuda con el fin de llegar hasta las últimas investigaciones que permitan esclarecer el nombre de los responsables del crimen.
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En esta ocasión, Rodríguez apeló al apoyo de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, pues como bien lo dice la nota que dirigió hacia ella, la socióloga experimentó hace algunos años la muerte de un hijo a manos de agentes policiales.
'Me dirijo a usted como una madre que al igual que yo, también perdió un hijo a manos de despiadados agentes de la policía. Sé que usted logró castigo para los responsables de la muerte del suyo. Yo no he podido tener el consuelo todavía de que la institución policial o el sistema judicial responsabilice a alguien por la muerte de mi hija, quien, igual que su hijo, tenía un futuro prometedor y muchos sueños por cumplir todavía y se los truncaron, con saña y con violencia', reza la carta pública dirigida a la exfuncionaria universitaria.
'Conocedora de que usted ha luchado por reformas policiales y judiciales, además de fundar el Observatorio de la Violencia en la UNAH, hoy le pido su apoyo para esclarecer el asesinato de mi hija y romper con la impunidad y misterio que han rodeado este caso y que los responsables sean castigados, así como usted logró hacerlos con los que le arrebataron a su hijo', continúa.
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La madre de Keyla Martínez recordó que aunque la institución de seguridad y específicamente el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras dijeran que su hija fue sorprendida intentando quitarse la vida dentro de la celda, existe un dictamen forense que detalla que la causa de muerte fue asfixia mecánica 'ejercida con fuerza y que por las lesiones que presentó se establece que fue debido a la obstrucción de las vías respiratorias, le taparon con fuerza la nariz y la boca y al mismo tiempo la estrangularon'.
Caso Castellanos
Julieta Castellanos perdió a su hijo Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22), el 22 de octubre de 2011. Su cuerpo fue hallado en una hondonada ubicada a la altura del kilómetro 12 que de Tegucigalpa conduce al sur del país. El joven fue asesinado junto a su amigo, Carlos Pineda (24), tras haber sido raptados cuando se conducían en un vehículo.En el crimen se señaló a ocho policías que habrían disparado a las llantas del automóvil propiedad de Julieta Castellanos y posteriormente, asesinado a los dos jóvenes universitarios, incluso, según los informes, dejaron rastros de droga en el vehículo para hacer pasar el crimen como un conflicto ligado al narcotráfico.
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El 9 de diciembre de 2013, cuatro agentes implicados fueron declarados culpables y condenados a 66 años de cárcel cada uno. Los expolicías respondían a los nombres de Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, Gabriel Donatilo Mancía Hernández, Wilson Roberto Córdova y José Rubén Pozo.
Sin embargo, según las investigaciones, todavía continuaban prófugos de la justicia otro agente policial y a un subinspector, de nombres Wilfredo Figueroa Velásquez y Carlos Galeas Cruz, respectivamente; por ambos la Secretaría de Seguridad ofreció 100 mil lempiras de recompensa.