TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hospitales móviles que fueron comprados por el gobierno de Honduras tras la llegada de la pandemia del covid-19 y se convirtieron en una estafa, ahora serán solicitados por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para ser utilizados en centros penales, según informó el coronel Ramiro Fernando Muñoz.
Muñoz explicó que pretende replicar lo realizado con los juzgados móviles, para evitar que los privados de libertad salgan de los centros penales a una consulta médica o una audiencia y así evitar que den ordenes a las diferentes estructuras criminales.
“¿Quién los ha utilizado antes?” se preguntó el comandante de la Policía Militar, quien aseguró que los hospitales móviles “pueden servir para dar un mejor atención a los privados de libertad”, aunque confirmó que deben ser equipados porque “no tienen nada”.
El jefe de la Policía Militar aseguró que el problema los centros asistenciales con los privados de libertad es que intimidan a los médicos y enfermeras mientras reciben atención.
En ese sentido, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INP) los fondos para poder habilitar la millonaria compra que calificó como una “enorme solución” para instalar en centros penales como en “La Tolva”, Siria en el municipio de El Porvenir e Ilama en Santa Bárbara donde hay más de 2,000 reos.
Millonario costo de hospitales móviles
A más de tres años que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) firmara el contrato de compra, solamente dos de los siete hospitales móviles que adquirió Honduras funcionaron parcialmente para afrontar la pandemia del covid-19 y posteriormente fueron utilizados para cirugías menores y ambulatorias.
El valor de los siete centros médicos fue de 1,174 millones de lempiras, casi 48 millones de dólares.
La compra se realizó a la empresa Elmed Medical System Inc., cuyo representante Axel López es acusado de estafa por el Ministerio Público de Honduras por entregar estructuras no aptas para atender a enfermos durante los meses críticos de la pandemia
Por esta millonaria estafa fueron detenidos el exidirector de Invest-H, Marco Bográn, y Axel Moraes, exadministrador de ese organismo, por figurar como los principales responsables de la compra.
La Fiscalía detectó que las unidades y el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no no es funcional para ingresar a pacientes que contraigan la enfermedad, generando un millonario perjuicio para el Estado.
Ahora se está a la espera de la respuesta del INP para que los módulos puedan ser utilizados por la Policía Militar.
