TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los operativos para controlar el uso de espacios publicitarios que emprendió la Alcaldía Municipal, desde hace meses, recibieron una cascada de críticas tras poner el sello de “valla no autorizada” en los espacios que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) utilizó para alentar que los vicios del pasado no se repitan en el proceso de elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Aunque las acciones para regular y la etiqueta “valla no autorizada” se instaló en diferentes espacios que promueven múltiples temas y productos, el contexto de elección de los que decidirán la justicia en los próximos siete años, atizó el malestar por los operativos de la comuna.
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“Estamos sancionando a algunos proveedores de publicidad, no sancionamos a ninguna empresa sino a los proveedores que tienen vallas que están instaladas sin permiso y de manera ilegal”, argumentó el director del Despacho Municipal Russel Garay.
Del mismo modo, añadió que los operativos también apuntan a los que tienen permiso de uso de vallas pero han incumplido con los pagos estimulados “por cada permiso las empresas pagar una cuota por mantener la valla operativa, estamos haciendo las notificaciones para que se pongan al día con los pagos o legalizar si es posible la valla”.
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En referencia a los costos, el jurista detalló que varían de acuerdo a la magnitud, tipo, lugar y otros factores.
“Hay publicidad de bancos, marcas, inmobiliarias etc... reiteramos no estamos sancionando al CNA, es a la empresa que vendió esa publicidad. A pesar que la empresa publicitaria le cobra al CNA, no está pagando sus tributos a la Alcaldía”, reiteró.
Según la rendición de cuentas de la Gerencia de Control de la Construcción, durante mayo obtuvieron 1,131,320 lempiras por la aprobación de rótulos y vallas en la capital. En total, fueron 52 gestiones de ellas 36 fueron para rótulos y 16 vallas que reunieron las especificaciones técnicas, de seguridad y ornatos.
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De acuerdo con la Alcaldía, los rótulos, vallas, carteles, avisos publicitarios y propaganda de cualquier tipo, dentro del área municipal y en los sitios que se autorice, pagarán una sola vez por el permiso de instalación de la estructura y anualmente por la renovación del permiso.
