A 18 días de la entrada en vigencia de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas públicas se anuncia un nuevo proceso de reformas que tendrán que ver con la eliminación de impuestos a la comida y reformas a la aplicación de otras medidas tributarias.
En el ámbito empresarial trascendió que luego de conversaciones sostenidas entre representantes de sector privado y el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, se determinó una agenda para realizar importantes reformas a la recién aprobada normativa
mediante la cual el gobierno pretende obtener unos 12,000 millones de lempiras por concepto de ingresos fiscales.
“La joya de la corona” de esta legislación es la aplicación de un 15% de Impuesto sobre Ventas (ISV)
a más de 220 alimentos que estaban contemplados en el anexo 1 de la normativa reformada.
El Congreso Nacional aprobó el 20 de diciembre la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, para limitar la canasta básica a una cantidad de
72 alimentos exentos del pago del Impuesto sobre Ventas.
Además encareció el costo de otros productos comestibles que ya estaban grabados, al aplicarles un 3% al Impuesto sobre Ventas (ISV) que pasó de un 12 a un 15%.
Según fuentes vinculadas al sector industrial, existe anuencia al más alto nivel de autoridad del nuevo gobierno y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para realizar una reforma al tema fiscal que impacta la canasta básica de alimentos.
En su momento el secretario de Finanzas sostuvo que dejar de aplicar este incremento al tributo de un 3% representaría un sacrificio fiscal estimado en 250 millones de lempiras a la semana y 500 millones en quince días.
Sin embargo, al reformar de manera total o parcial este tributo, se acrecentarían las proyecciones de recaudación incluidas en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República correspondiente a 2014, que son de 62,000 millones de lempiras.
Serias diferencias
El tema que podría ser irreconciliable está contemplado en el artículo número 22-A, Capítulo tres, de la Ley de Ordenamiento fiscal, que tiene que ver con las reformas al Impuesto sobre la Renta.
De manera preliminar el secretario de Finanzas reveló en la cámara legislativa que es necesario que el Congreso Nacional, mediante el proceso legislativo correspondiente, deje claro que la aplicación de una tasa del 1.5% sobre los ingresos brutos de las personas naturales y jurídicas es un adelanto del pago del ISR y no el cobro de un nuevo impuesto.
El sector privado opina lo contrario y no descarta, según una fuente empresarial, que se interponga un recurso de amparo en contra de la aplicación de esta normativa ante la Corte Suprema de Justicia, porque afecta el patrimonio de las empresas.
Al respecto, Cerrato prevé que esta situación ha dejado entrever que la segunda reforma a esta normativa dejaría sin efecto cualquier argumento de inconstitucionalidad que pudiera alegarse ante los tribunales de justicia competentes.
“Evitaremos caer en cualquier ilegalidad”, expresó el funcionario.
Trascendió también que estas y otras reformas sugeridas por ambos sectores son analizadas por el presidente electo Juan Hernández.
