Tegucigalpa, Honduras
Los máximos representantes de la empresa privada hondureña consideran que la condición del gobierno para eliminar el 1.5% del Impuesto sobre la Renta (ISR) solo indica que no hay verdadera intención de hacerlo.
El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, manifestó el miércoles anterior que le habría planteado al sector privado eliminar el impuesto a cambio de que generen más empleos.
No obstante, los empresarios afirmaron que desconocen la propuesta mencionada por Cerrato, ya que no se las expuso durante la reunión sostenida ese día en el Cohep.
“Ese tipo de respuestas solo denotan que no quieres, no tienen la voluntad de eliminar el 1.5%”, afirmó Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
“Que más compromiso que los resultados de los últimos años de como el sector privado nacional ha venido incrementado su participación en las inversiones”, cuestionó Larach.
A su criterio, la generación de empleos es automática una vez que se elimine el 1.5%, ya que actualmente “todas las utilidades del empresario se las lleva el gobierno” y no les permite invertir.
Impacto
El impuesto está afectando a la población porque impacta en la sostenibilidad de muchas empresas y de los empleos, de acuerdo con un estudio realizado por el Cohep.
En total, durante los años de estarse aplicando, las empresas han pagado más de 8,000 millones de lempiras al Estado, a razón de 2,000 millones en promedio al año.
En consecuencia, se han dejado de generar entre 5,000 y 7,000 empleos.
Se detalla que del 100% de las ganancias, las empresas entregan al fisco el 88%.
Este impacto es calificado como confiscatorio para las empresas y nefasto para la economía porque ahuyenta la inversión, un factor determinante para el desarrollo del país.
“Hemos considerado que el 1.5% es confiscatorio y no he visto alternativa (del gobierno)”, expresó Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), al referirse a la condición propuesta para eliminarlo.
Aplicación
Las empresas obligadas a pagar el 1.5% son aquellas que facturan 10 millones de lempiras o más durante el año.
El porcentaje es aplicado al total de las ventas y no sobre las utilidades, por lo que se le considera confiscatorio.
El cobro de este tributo fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto 278-2013 o Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Se publicó en el diario oficial La Gaceta del 31 de diciembre de 2013 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2014.
El objetivo es evitar la evasión de impuestos, según autoridades del gobierno.
A los seis meses de su aplicación, el Cohep interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que resolvió, un año después, para dejarlo firme.
La iniciativa privada en general considera que eliminarlo sería un mensaje positivo para los empresarios que quieren invertir en el país.
En tanto, la posición de los miembros del Gabinete Económico es que de acuerdo con la ley es una medida antievasión y no una doble imposición, confiscatoria o inconstitucional, pero expresan que están anuentes a revisarlo.
