TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pobladores de Lepaterique, Reitoca y de La Unión Copán llegaron a Tegucigalpa para exigir que los proyectos mineros y de energía de su zona vuelvan a operar.
Afirman que en esos municipios se han perdido cientos de empleos, por lo que solicitaron a las autoridades del Ministerio Público (MP) que intervengan para que el grupo de personas que tienen tomados los proyectos permitan continuar con los trabajos.
La problemática se volvió crítica en la hidroeléctrica Petacón en Lepaterique y en la mina Minosa (Minerales de Occidente SA) en Copán, aunque la situación se está dando en unos nueve proyectos en total a nivel nacional.
La inversión es de casi 2,500 millones de dólares y genera 9,000 empleos, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
“Tenemos derecho de comer, qué hacen con mantener manifestantes y retrasando las empresas, con eso el país va para atrás”, comentó José Rodas, habitante de Lepaterique.
“Le pedimos al gobierno que la empresa Petacón siga dando empleo. No estamos confrontando, solo queremos que la empresa siga porque necesitamos empleo; 400 personas había empleadas allí”, agregó.
Según el entrevistado, antes de este proyecto las familias del sector estaban en la miseria, por lo que no quieren volver a lo mismo.
Pos su parte Fernando Trigueros, representante de la comunidad de la Unión, Copán, afirma que en esa zona son 5,000 familias las afectadas.
“El municipio en sí depende de la empresa en un 90% de la educación y la salud”, expresó Trigueros.
“Exigimos al gobierno, a las autoridades, que nos ayuden a resolver este problema porque estamos allá en la zona rural donde no contamos con empleo”, solicitó Trigueros.
Por su parte, directivos del Cohep solicitaron a los operadores de justicia que se garantice el respeto a la propiedad privada y al principio de libre empresa.
De acuerdo con el sector privado, los proyectos están paralizados por grupos radicales y violentos que han politizado el tema. Aseguran que las empresas tienen permisos y licencias ambientales para operar.
No obstante, los habitantes que protestan y que han paralizado los proyectos argumentan que las hidroeléctricas y mineras están generando graves daños ambientales en las comunidades.
