Antes de lanzar las semillas al surco se deberá establecer el precio mínimo por quintal de maíz entre productores y agroindustriales.
La dirigencia de Prograno proyecta negociar en el transcurso de los próximos días un precio mínimo con los productores de las harinas de maíz que oscilará entre 365 y 370 lempiras por quintal.
El valor vigente es de 325 lempiras, por lo que de lograr un acuerdo el precio subiría entre 40 y 45 lempiras por quintal de maíz blanco de primera calidad.
Los agricultores le venden alrededor de 750,000 quintales de este grano básico a Imsa, Dinant, Pachosa y Demasa, entre otros empresas. A los procesadores de alimentos balanceados se proyecta venderles 1.2 millones de quintales de maíz blanco.
El precio vigente es de 314 lempiras por quintal y aspiran a negociar un valor mínimo para este producto entre 345 y 350 lempiras.
El presidente de Prograno, Juan Valladares, dijo que la cantidad de maíz a ser cosechada este año dependerá del resultado que tengan estas conversaciones.
Durante la primera reunión a sostenerse en la Secretaría de Agricultura validarán también las últimas cifras de compras efectuadas por la agroindustria.
Fue del parecer que antes existía un ente contralor en el marco del convenio que verificaba el volumen del maíz vendido por los productores a estos industriales. Ahora, continuó el dirigente, existe un ente registrador que corrobora los datos aportados por estas empresas.
Los molinos deben comprar la cosecha nacional para tener el derecho a importar maíz amarillo a un arancel cero amparados en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (Cafta).
Incumplimiento
Valladares recordó que en el convenio de maíz vigente existe una cláusula que obliga a la agroindustria a comprar el quintal de maíz a un precio mínimo de 325 lempiras si existe sobreoferta, después de haberles comprado los referidos 750,000 quintales.
“Denunciamos que estas empresas incumplieron esa cláusula y nos compran el grano a 288 lempiras por quintal. Justifican ese precio porque utilizan el maíz para maquilarlo y luego enviar la harina a Nicaragua”, indicó.
Valladares reveló que este tema fue abordado de manera reciente por los abogados de ambas partes. La decisión fue que la Procuradoría General de la República dictamine como aplicar la referida cláusula.
Los agricultores también carecen de infraestructura de secado y de almacenamiento de maíz.
