TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un servidor público que con solo dos años de trabajar en el Estado logró acumular un patrimonio de 28 millones de lempiras y un motorista de la Policía Nacional que, con un sueldo de 5,500 lempiras, reportó un caudal de 11 millones son algunos de los casos de presunto enriquecimiento ilícito en Honduras que debieron ser detectados con declaraciones juradas.
Ambos hechos, de acuerdo con la expresidenta magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Anchecta, se descubrieron en investigaciones realizadas años atrás.
Una declaración jurada es el reporte del patrimonio, por lo que no es conocida por toda la población, e incluso, se presume que la fortuna de varios funcionarios crece desproporcionadamente desde que asumen sus cargos en el gobierno y que las autoridades correspondientes no ejecutan acciones legales en contra de los burócratas que incumplen con la normativa establecida.
La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los reportes de las declaraciones juradas de las principales figuras de Casa Presidencial, así como de los diputados del Congreso Nacional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y secretarios de Estado desde 2014 hasta 2022. La información, que solo detalla las fechas de reporte por año, se obtuvo a través de la solicitud de información SOL-TSC-240-2022.
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Los que más fallaron
Este equipo encontró, luego de procesar los datos, que 67 altos funcionarios omitieron sus declaraciones juradas ante el TSC en los últimos ocho años.
Los datos revelan que el funcionario que menos realizó sus declaraciones juradas fue el exdiputado Fredy Nájera, con un total de cinco omisiones. Nájera, parlamentario liberal entre 2006 y 2018, espera una sentencia de una corte de Estados Unidos por delitos vinculados con el narcotráfico.
En segundo lugar, con cuatro omisiones de las declaraciones juradas, figuran los exdiputados Óscar Álvarez (también exministro de Seguridad) y Yaudet Burbara. En el tercer escalón, con tres omisiones de su patrimonio, están Wilfredo Paz, Esdras Amado López y Marco Antonio Andino, respectivamente.
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Los hallazgos de esta unidad también muestran que el exmandatario Juan Orlando Hernández (detenido tras ser vinculado con delitos del narcotráfico), el ex designado presidencial Ricardo Álvarez y Ricardo Cardona, exjefe del Gabinete Presidencial, no han hecho su declaración jurada en lo que va de este 2022. Otros que no han declarado, pero que tienen hasta finales de abril, como lo dicta la Ley Orgánica del TSC, son los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluido el titular Rolando Argueta.
Este rotativo se comunicó con el magistrado del TSC, Juan José Pineda, para conocer la postura sobre los evasores de las declaraciones juradas, pero se limitó a responder que “no puedo dar declaraciones cuando no soy el magistrado presidente”. Este equipo también consultó con el encargado de comunicaciones del TSC, Rodolfo Isaula, pero no respondió en función a lo preguntado “porque no puedo emitir ese tipo de comentarios”, dijo.
Una deuda
Para el coordinador de Investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, Honduras históricamente ha vivido con el pendiente de la transparencia de sus servidores públicos.
Cuestionó, en ese sentido, que las autoridades auditoras se amparan en un principio de seguridad para blindar el contenido de las declaraciones juradas de los servidores estatales.
“Es que hay riesgo a la seguridad de las personas. Ese es el argumento con el que se defienden, pero en toda la historia no ha habido un funcionario que haya sido secuestrado o que a un familiar se lo hayan extorsionado por su salario o calidad de vida”, argumentó.
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Ramírez consideró que hacer transparentes las declaraciones juradas debe ser parte de los protocolos de un funcionario, máxime en Honduras, ya que los indicadores muestran la carencia de transparencia. “Si se opta por un cargo en la administración pública de Honduras, los funcionarios deben de entender que su deber es ser transparentes porque trabajan con el dinero de la población”, comentó.
Enfatizó que la formación en ética, la transparencia, la rendición de cuentas, conocimientos de leyes y manejo de presupuesto son los niveles por los que un funcionario público debe de pasar en Honduras para garantizar una decorosa administración. “Se inicia en un nivel base y a medida que se vaya capacitando y formando se puede ir subiendo, lo que se podría ver reflejado en la escala salarial y así evitar el enriquecimiento ilícito”, sugirió.
“El Estado incentiva los antivalores, como la falta de transparencia y rendición de cuentas, estándares que deben cumplir en términos de integridad y capacidad las personas antes de convertirse en funcionarios”, añadió.
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Sin embargo, el analista Raúl Pineda Alvarado dijo que las declaraciones juradas, que sirven para establecer o no la existencia de un enriquecimiento ilícito de un funcionario, deben ser relativamente públicas porque la criminalidad organizada puede afectar a los protagonistas. “Todo es relativo y todo debe ser ponderado en función de tener el mayor beneficio para que el control sea eficaz”, expresó.
Alvarado, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), planteó que las declaraciones juradas también deben ser implementadas a los familiares de los funcionarios. “Lamentablemente es que esos bienes, cuando son de origen ilícito, se ponen a nombres de testaferros y el funcionario aparece sin ningún tipo de bienes”, lamentó.
Concluyó que la formación anticorrupción debe ser aplicada desde los primeros pasos del aprendizaje para fomentar la cultura de la transparencia.
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Normalidad
El Banco Mundial (BM), en su documento titulado A How-To Guide for Effective Financial Disclosure (“Lo que hay que saber sobre los funcionarios”), menciona que “cuando un servidor público se siente lo suficientemente seguro como para mostrar sus bienes promueve una cultura de integridad y genera confianza en el sector público”.
También, la misma guía plantea que “cuando un formulario de declaración se convierte en una forma de proporcionar orientación a los funcionarios públicos sobre cómo evitar conflictos de interés, el sistema de declaración alienta el comportamiento ético”.
No obstante, en Honduras hay varios artículos en la ley que impiden a la población conocer a detalle el contenido de las declaraciones juradas de funcionarios. Por ejemplo, el artículo 23 de la Ley Orgánica del TSC establece que las declaraciones juradas forman parte de las prohibiciones de divulgación, mientras que el 64 indica que los funcionarios del mismo ente deben guardar absoluta reserva sobre el contenido de las mismas.
En tanto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP) las define como datos confidenciales al patrimonio personal o familiar.
Los analistas dicen que por más leyes que existan para que los funcionarios sean transparentes, no funcionará si no se trabaja en la ética del servidor público.
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