Gobierno de Honduras contrata más personal del que cancela

TEGUCIALPA, HONDURAS.- “Creo que una de las trabas fue cuando me preguntaron si tenía censo por el partido Libre y yo les dije que no”, dijo entre risas, pero algo apesarada, Karina Márquez (nombre ficticio para proteger la identidad de la persona).

Márquez se había preparado para una entrevista, anhelando ganarse una plaza en la televisora gubernamental para desempeñarse como periodista tras cuatro años de constante esfuerzo y estudio, con el deseo de ejercer su profesión.

Sin embargo, cuando el entrevistador le preguntó por su censo partidario, con honestidad respondió que no estaba enlistada, porque ni siquiera sabía exactamente qué era o cómo conseguirlo.

A partir de ese momento, sintió que su oportunidad se esfumó por cuestiones políticas; no volvió a recibir una llamada ni un correo por parte de la institución. La joven se cuestiona si de haber tenido el censo hubiese conseguido el empleo.

No ha sido un secreto a voces que para trabajar en el Estado, un requisito es pertenecer al partido del gobierno de turno. Incluso, las exigencias de los militantes del partido demandan, casi iracundos, que ellos deberían trabajar en las instituciones públicas, argumentando que fueron claves para que Libre llegara al poder.

Para ilustrar cómo el nuevo gobierno cada vez más incorpora a sus militantes y arrastra contratos de la antigua administración, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comparó el personal incorporado y empleados que han sido dado de baja en siete secretarías claves del Estado durante la administración de Xiomara Castro.

En total, se han incorporado 10,234 servidores públicos nuevos, contrastando con las 2,630 personas que fueron cancelados. Cabe aclarar que estos registros únicamente contabilizan a empleados adscritos a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

EL HERALDO Plus, por medio de los solicitudes SOL-SDP-298 y SOL-SDP-299, analizó las contrataciones y cancelaciones en la Secretaría de Salud (Sesal), Secretaría de Finanzas (Sefin) y Secretaría de Seguridad.

También se analizaron movimientos en la Secretaría de Educación, Secretaría de Energía (SEN), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

La Secretaría de Infraestructura y Transporte fue la institución que más empleados despidió con el cambio de gobierno. Recordemos que la extinta Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) fue liquidada en 2022 para darle paso a la SIT, lo que explica el dato.

Según los datos de Servicio Civil, son 1,025 exempleados de la SIT a los que se les deben pagar cesantías por haber sido despedidos.

Aún se desconoce la cantidad de personal que ha contratado o contratará la SIT, puesto que el documento indica que el proceso de incorporaciones continúa.

La Secretaría de Salud ha estado bajo el ojo del huracán, desde que el ministro José Manuel Matheu dio a conocer que el gobierno anterior aprobó 8,222 acuerdos laborales que entrarían en función en 2022.

De igual forma, los disturbios y protestas en hospitales públicos, centros de salud y en las oficinas de la secretaría por parte de militantes de Libre exigiendo plazas, lo que ha provocado reacciones negativas por parte de la población.

Si contrastamos los datos proporcionados por el ministro de Salud con los reportes de Servicio Civil, se llega a la conclusión que las nuevas contrataciones son compromisos amarrados desde 2021 y que la nueva administración ha tenido poco margen para nuevas incorporaciones.

Según la información del Servicio Civil, 9,112 personas recibieron acuerdos laborales desde el año pasado en esta secretaría, mientras que 609 empleados fueron despedidos.

Otras instituciones públicas tienen un balance neutral entre contrataciones y despedidos, es decir, ingresa casi la misma cantidad de gente que sale.

También la información en poder de este medio detalla que la Secretaría de Educación ha otorgado acuerdos a 660 personas, pero ha despedido a 652.

Mientras que Gobernación y Descentralización nombró 377 servidores públicos, pero dio de baja a 259 empleados.

La Secretaría de Energía, Sefin, y la secretaría de Seguridad fueron las tres de las cuatro secretarías analizadas con menor número de contrataciones y de despidos. Juntas apenas llegan a 85 nombramientos y 85 despidos.

“Cuando se ganan las elecciones se cree que se gana el derecho de pertenecer automáticamente al gobierno”, afirmó el economista Ismael Zepeda Galo, en referencia a la costumbre de reemplazar a los trabajadores de las instituciones públicas por personal simpatizante o militante con el oficialismo.

De acuerdo al economista, una de las principales consecuencias de estas prácticas es la creación de más direcciones, secretarías y puestos de trabajo que terminan por aumentar la carga burocrática y con ello la cantidad de dinero que se necesita para pagarle a nuevos empleados.

Asimismo, Zepeda responsabilizó que esta situación afecta la eficiencia, eficacia y operatividad de órganos del Estado. La creación y justificación de estas plazas repercute en los ciudadanos, quienes tienen que ir de una instancia a otra para completar un trámite, convirtiéndolo en un proceso engorroso.

“Todo eso se ha generado a través de una cultura política donde el botín es el gobierno cuando se ganan las elecciones y como no hay una mirada de gestión con calidad, como tener o respetar la carrera administrativa, pues los gobiernos poco o nada han hecho para fortalecer esa instancia y proteger a los empleados de carrera”, aseveró.

Sin embargo, cada despido en el gobierno -principalmente cuando hay un cambio de administración- tiene un impacto en las arcas públicas por las indemnizaciones laborales.

Los despedidos suelen demandar al Estado con la garantía de que es probable que ganen el proceso porque no se suelen seguir los procesos o se quebrantan los derechos laborales.

Este rotativo analizó la cantidad de dinero destinado al pago de compensaciones laborales pagadas desde 2018 hasta mayo del presente año.

En total, más de 2,102 millones de lempiras ha erogado el Estado en pagar estos derechos laborales, siendo la Secretaría de Salud la que más tuvo que pagar, desembolsando más de 1,076 millones.

En segundo lugar, se ubica la extinta Insep, hoy SIT, con 884.7 millones, mientras que la Secretaría de Finanzas en tercer lugar con 365.9 millones.

El 2022 fue el año en el cual más dinero se desembolsó en concepto de compensaciones a exservidores públicos, pagando más de 1,920 millones de lempiras únicamente en las instituciones comparadas, a excepción de la Secretaría de Seguridad -no ejecutó dinero para prestaciones y compensaciones-.

De estas instituciones, Salud y la ahora SIT son las que más dinero han tenido que pagar por compensaciones durante la administración de Castro.

En el caso de la primera, erogó 956.8 millones de lempiras, mientras que para pagarle a los empleados de la antigua INSEP se usaron 793.6 millones de lempiras.

La Secretaría de Salud dio a conocer a este medio, por medio del oficio 860-SGP-2023, que ha logrado pagar cesantías de 1,588 expedientes de diferentes años, lo que equivale a más de 956 mil millones de lempiras.

Además, en el documento se explica que pagar un año de cesantía requiere de 420 millones de lempiras. Seguidamente, las autoridades información que de 562 funcionarios que solicitaron cesantía el año pasado, por el momento solo se han remitido 123 expedientes que suman una cantidad de 73 millones de lempiras

A su vez, establece que de 46 empleados cancelados en 2022, solo 3 presentaron solicitud de cesantía por la suma de 1.3 mimllones de lempiras.

Para profundizar más el tema de las cesantías en las instituciones analizadas, EL HERALDO Plus se contactó con la presidenta de la Comisión Interventora de la Sociedad Civil, Leny Ordóñez.

Ordóñez aseguró que al tener esta información, que es ejecutada por la Comisión Técnica Liquidadora, Servicio Civil podrá explicar mayor detalle y profundidad cuánto se está pagando por cesantías en las instituciones mencionadas.

De los 2,630 exempleados públicos que fueron dados de baja desde el año pasado, 2,538 se encuentran gozando de cesantías. Es decir, fueron despedidos injustificadamente y ahora se les deben pagar indemnizaciones.

Desde 2019, el Estado ha tenido que enfrentar 22,505 demandas por parte de empleados públicos, de acuerdo al boletín estadístico de la Unidad de Contingencias Fiscales de Sefin.

El año con más demandas fue 2022, contabilizando 15,138 casos, lo cual refleja un incremento del 360% comparado a 2021 (casi se quintuplica).

Parte de esto se debe a las “barridas” que suelen ocurrir cuando se cambia de gobierno.

Zepeda señaló que parte de esta gran cantidad de demandas se debe a que directores, gerentes y administradores, además de irrespetar los procedimientos, también no evalúan los puestos y sus perfiles, trayendo como consecuencia que la mayoría de demandas las pierda la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, sostuvo que “más que el impacto económico y monetario en las finanzas públicas, es un impacto de eficiencia y eficacia en la gestión pública”, apuntó, lamentando que ese conocimiento y experiencia desaparezca de las instituciones.

En ese sentido, ejemplificó el caso del personal que se encargaba de las compras y adquisiciones. “Los que hacían las compras antes fueron separados, y muchos de los nuevos no saben ni la Ley de Contratación del Estado”, agregó.

Asimismo, comentó que esta situación ha venido a debilitar la transparencia de algunas instituciones, ya que por falta de conocimiento se ha recurrido más a las compras y contrataciones directas.

De acuerdo a la información de Finanzas, entre 2017 hasta 2022 se han pagado 9,118 millones de lempiras por las demandas laborales entabladas por extrabajadores del Estado.

“Ni siquiera se terminan los paracaidistas. Esos van a continuar, solo que otro color político partidario. No es que se reduzca el gobierno, se sigue ensanchando”, manifestó Zepeda Galo.

Finalmente, el experto vaticinó que estas repercusiones continuarán a menos que los gobiernos comiencen a tomar conciencia de que no se puede seguir despidiendo personal arbitrariamente.