TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Controlan sus estructuras desde la prisión y también cometen crímenes como si no hubiese autoridad. Tienen su propia seguridad. Salen a hacer sus diligencias sin restricciones, deciden qué comer y permiten o deniegan el ingreso de quienes los quieren visitar.
Son los privados de libertad que viven en las cárceles de Honduras bajo su propio gobierno: el de la anarquía, al grado que hasta homicidios se cometen en estos recintos donde no debería ingresar ni una tan sola arma.
Por ejemplo, Sergio Tercero, un líder del grupo criminal “El combo que no se deja”, fue asesinado el domingo en la Penitenciaría Nacional de Támara, al norte de Tegucigalpa.
El cadáver del hombre que era conocido en el bajo mundo como “El patrón” tenía golpes y, según el informe preliminar, fue asfixiado.
Pese a que Tercero, de 40 años, estaba recluido en el módulo de máxima seguridad del recinto, no fue impedimento para evitar el homicidio.
Como ese asesinato, 175 privados de libertad han muerto violentamente en Honduras desde 2013 a agosto de 2021, una cifra “preocupante” para derechos humanos, pero “normal” para criminólogos.
La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó la cantidad de reos asesinados por año en las cárceles, postas policiales y batallones a través de la información de la Secretaría de Seguridad.
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Ingobernabilidad
Aunque en las cárceles de la nación solo los funcionarios de seguridad pueden portar armas de fuego (según la Ley del Sistema Penitenciario), justamente por ese artefacto es por el que más han muerto los privados de libertad.
De los 175 homicidios que se han registrado en los últimos nueve años, más de la mitad (54%) fueron con armas de fuego.
El otro utensilio más usado es el arma blanca, con un 16% (28 muertes).
Así como murió Tercero, por asfixia, 26 reos más también fallecieron por esa causa, que representan un 15%.
Además, este equipo encontró que 2015, con 35, fue el año que contabilizó más reos asesinados violentamente.
Pudo ser 2019 el más sangriento para los privados de libertad, pero los datos oficiales de ese año apuntan a apenas 13 homicidios.
No obstante, un registro independiente de este periódico cuenta 38 muertes violentas.
Justamente fue en ese año, cuando por órdenes del extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, las Fuerzas Armadas tomaron el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP) debido a las reyertas ocurridas en La Tolva y en la cárcel de Tela.
En 2013 y 2014, en los primeros años del análisis, hubo una similitud: 27 homicidios, respectivamente. Y en los dos últimos años del análisis, los homicidios continuaron, pero fueron menos.
Por ejemplo, en 2020 se contabilizaron 19, la misma cantidad de 2021, hasta agosto.
Son los centros penales, pese a las millonarias inversiones que ejecutan año tras año los gobiernos, los lugares en donde mueren más los privados de libertad.
El 73% (128) murió en los recintos carceleros, que demuestra la débil administración de las autoridades.
Paradójicamente, en lo que se supone que son unos de los lugares más seguros, en las postas policiales, murió el 23% de las víctimas. En lo que se refiere al motivo, la impunidad marca los casos.
De los 175 homicidios, las autoridades pertinentes han tipificado en proceso de investigación el 40% (70) las causas de los crímenes, mientras que el 14% (25) han sido por riña.
La otra causa, que es la tercera, es el pleito de territorio, que figura con el 10% (17).
Faltan acciones férreas
El criminólogo Gustavo Sánchez, exfuncionario de la Policía Nacional, consideró que los motines en las cárceles son situaciones normales en el sistema hondureño.
“Esos eventos están fuera de control de las autoridades pese a que toman medidas para evitarlos”, comentó.
Los perfiles de los distintos criminales (señaló) son el principal factor por el que no se pueden evitar los motines en las cárceles.
“Hay que tomar en cuenta que en las cárceles hay personas de diferentes gamas de delitos, que en su mayoría son asesinos, que no tienen escrúpulos, que siguen matando, aunque les aumenten la pena”, puntualizó.
“Aunque en las cárceles haya suficientes medidas de seguridad, se escapa o se sale de las manos el control total”, agregó.
El pago para el ingreso de armas de fuego, de celulares y hasta de granadas son, por ejemplo, algunas de las acciones que las autoridades no pueden regular en los presidios.
A pesar de que las autoridades no pueden tener el control completo, aseveró que la falta de férreas acciones para el control de los privados de libertad ha provocado la ingobernabilidad.
“El problema es que nuestros gobernantes son temerosos de la comunidad internacional, de los derechos humanos y por eso es que no ejecutan acciones contundentes”, expresó.
Planteó, en ese sentido, que el gobierno debe homologar las acciones que ha aplicado el presidente salvadoreño Nayib Bukele para frenar las fechorías que cometen los reos desde prisión.
Estado de excepción, prohibición de grafitis, reutilización de bienes y armas son, por ejemplo, algunas de las medidas que aplicó Bukele para combatir a las estructuras criminales.
Sánchez además exhortó a los organismos de derechos humanos a no interferir en la actuación de las autoridades para regular el comportamiento de los privados de libertad.
“Aquí, en Honduras, por cualquier cosa derechos humanos se pone en contra de las autoridades y defiende a los privados de libertad”, señaló.
Anualmente, el gobierno hondureño ejecuta estratosféricas cantidades de dinero para reducir la criminalidad e impedir las acciones delictivas desde las cárceles, por lo que expertos recomiendan replantear las actuales estrategias y aplicar acciones severas para los privados de libertad que sigan cometiendo ilegalidad “porque difícilmente ello se van a volver a reinsertar en la sociedad”.
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