TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No fue Casa Presidencial, tampoco el Congreso Nacional, ni mucho menos el Consejo Nacional Electoral (CNE) las entidades que absorbieron más fondos para las liquidaciones de los altos funcionarios en los últimos días de 2021.
En total fueron cuatro instituciones las que destinaron seis de cada diez lempiras para el pago de prestaciones erogado el pasado diciembre por el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Secretaría de Salud, el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Defensa fueron los órganos que consumieron el 60% (705 millones de lempiras) del total de las liquidaciones de diciembre de 2021, que sobrepasaron los 1,156 millones de lempiras, según el hallazgo de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.
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Este equipo estudió la ejecución presupuestaria de diciembre del año pasado de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en el apartado de “Compensaciones”, con el código 16200, de la sección “Objeto de gasto”.
La Sefin, en su documento “Clasificador por objeto de gasto para los gobiernos locales”, detalla que las compensaciones son los montos abonados por una solo vez originados en la atención de prestaciones por retiro voluntario, despido y otros beneficios.
El registros del órgano encargado de las finanzas nacionales no contempla la cantidad de empleados que recibieron sus liquidaciones en la gestión anterior.
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De más a menos
El SANAA, solamente en diciembre, ejecutó 303 millones de lempiras (el 26% de todo lo pagado por el gobierno) en concepto de prestaciones, siendo la institución que más recursos públicos aplicó para finiquitar a sus empleados de las 72 que lo hicieron en ese mes.
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el SANAA llegó a ese monto en consecuencia del proceso conocido como la municipalización del agua que inició en 2003 con la aprobación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.
La normativa define como titulares de los servicios de agua y saneamiento a las municipalidades, identificando el modelo de gestión público directo por medio de algún departamento de la municipalidad o la gestión privada concesionaria del agua.
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El proceso que ha vivido el SANAA a través del tiempo ha implicado reducir el pasivo laboral generado por el cúmulo de empleados, “por lo que es lógico ver reflejado más capital en liquidaciones”.
De acuerdo con una fuente del SANAA, la cifra de las liquidaciones podría haber sido todavía mayor debido a que solo se les reconoció entre el 60% y 70% de las prestaciones a los empleados despedidos. Esa acción ha derivado, según la fuente, en que estén registradas más de 400 demandas contra el SANAA.
En tanto, la segunda institución que más fondos ejecutó en prestaciones fue la Secretaría de Salud que presidió la maestra Alba Consuelo Flores, con 189.7 millones de lempiras (el 16%).
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EL HERALDO Plus intentó comunicarse con el vigente titular de Salud, Manuel Matheu, para conocer su versión del exorbitante pago de prestaciones de la administración pasada, pero no respondió los mensajes ni las llamadas.
En una entrevista previa con este rotativo, Matheu aclaró que, durante su gestión, trabajará para reducir los altos salarios de los funcionarios de Salud en función de que la mitad del presupuesto asignado es para los sueldos. En el tercer escalón figura el Banco Central de Honduras (BCH), que pagó 137.5 millones de lempiras en prestaciones en diciembre pasado, que representa el 12% de todo lo erogado por el Estado.
En el documento de Excel analizado por la Unidad de Datos se observa que los fondos con los que el BCH pagó prestaciones no son del tesoro nacional, sino provenientes de los recursos propios de la entidad. En el caso de los otros organismo, el dinero procedió de las arcas estatales.
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EL HERALDO Plus trató de entablar una comunicación con la titular del BCH, Rebeca Santos, pero no obtuvo respuesta.La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) Liliana Castillo calificó, por su parte, como extraña la ejecución monetaria del BCH para las liquidaciones.
“Esa cifra es bastante extraña porque casi la misma estructura del Banco Central que estaba en el periodo pasado se mantiene en esta nueva administración”, opinó. Cuestionó que “realmente la Secretaría de Finanzas debe ser más clara con su información porque qué empleados o cuántos son los que despidieron o los que renunciaron”.
La cuarta institución con mayor pago de prestaciones es la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que registró en diciembre 74.7 millones de lempiras, que representan el seis por ciento del total. Y entre los órganos que conforman el restante 40% (más de 451 millones de lempiras) destacan la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), con 37.4 millones de lempiras, la Secretaría de Infraestructura y Servicio Públicos (Insep), con 29.6 millones, y la Secretaría de Finanzas, con 23.4.
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Regulamiento
La economista Castillo dijo que el gobierno de Xiomara Castro debe de crear una ley que permita establecer un techo salarial para los funcionarios públicos.“Es demasiado dinero el que se paga en prestaciones; no debería de ser así.
En este país no hay una ley que estandarice salarios, pero es algo que puede resolver el Poder Ejecutivo”, planteó. “O regular los salarios o congelarlos o reducirlos, pero Castro debe de hacerlo porque los salarios siguen subiendo y al no controlarlos seguirán las repercusiones en los fondos de previsión social”, añadió.
Uno de los tres designados presidenciales, Salvador Nasralla, también estimó que los salarios deben de reducirse con el propósito de lograr invertir en obras que beneficien a la sociedad.“Los políticos no deben ver al Estado como la opción de ganar más... no puede seguir así. Se debe cambiar eso para transformarlo en un bien para la sociedad”, cuestionó.
Honduras, desde enero de 2018 a enero de 2022, ejecutó más de 8,100 millones de lempiras en conceptos de prestaciones, recursos que, según los analistas económicos, significarán un impacto frontal para los planes a futuro de la nación. Otros expertos dicen que el gobierno debe de someterse a políticas de moralidad para evitar devengar jugosos salarios que no contrastan con la realidad nacional.
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