Mayoría de crímenes contra ambientalistas en Honduras quedan en impunidad

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras es el país del mundo más peligroso para ser defensor de la tierra y del medio ambiente. Y no se trata de una frase para generar alarma, pues a nivel mundial tiene la tasa más alta de crímenes contra medioambientalistas por cada millón de habitantes. Además, la mayoría de los casos están en impunidad, según los reportes de la organización internacional Global Witness.

La ONG contabilizó 149 crímenes contra hondureños defensores de la tierra y del medioambiente entre 2012 y 2023, de los cuales 73 (el 49%) aparecían como “desconocido” o “sin dato”, lo que significa que no hay reportes de quién o quiénes pudieron estar involucrados en el asesinato.

“La justicia no está funcionando, por eso tenemos este montón de casos en impunidad porque no se enjuicia a los responsables, no se lleva a cabo una investigación y el Ministerio Público no está haciendo su trabajo”, condenó Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).

La periodista y defensora de derechos humanos aseguró que la justicia hondureña es precaria, pues “hay colusión de fiscales, jueces, policías, Ejército, que están involucrados en cuanto a tapar la responsabilidad”.

Cuestionó que no llevan a cabo la investigación debida, dilatan los procesos, dicen que había cámaras cerca de la escena —pero que no funcionaban— o que los testigos no querían hablar.

Solo en 2023, la ONG Global Witness reportó 18 crímenes contra medioambientalistas, es decir, en promedio hubo una muerte cada 20 días. Esta cifra ubica al país como el tercero más mortal para quienes buscan conservar los ecosistemas, solo por debajo de Colombia, que en ese mismo año registró 79 asesinatos contra ambientalistas y los 25 de Brasil.

Sin embargo, al calcular la tasa por cada millón de habitantes, Honduras aparece como el país del mundo con más defensores de la tierra y del medioambiente asesinados. Entre 2012 y 2023 hubo 15.5 muertes por cada millón de habitantes, mientras que en 2023 la tasa fue de 1.8

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó cada uno de los 149 casos reportados en 11 años (incluyendo los 18 registrados en 2023), evidenciando que por cada 10 crímenes contra defensores de la tierra y del ambiente, 5 no tienen registro de las personas responsables y 3 fueron víctimas de sicarios.

La muerte de Juan López, el ambientalista asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, está en esta categoría, pues las autoridades dijeron que sicarios que andaban en motocicleta le quitaron la vida.

El Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, por su parte, rechazó que la Fiscalía investigue el crimen contra López, pues él y otros defensores denunciaron amenazas que no fueron atendidas por las autoridades a pesar de las numerosas denuncias.

“Las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, ignoraron estas denuncias, permitiendo que el ambiente de riesgo y persecución persistiera”, dijeron en un comunicado de prensa.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, aseguró que han citado a varias personas para conocer más detalles del caso, pero el principal problema -como denunció Meza- es que los posibles testigos no quieren hablar por temor.

“Entonces, ahí eso atrasa un poco más las investigaciones porque se requiere que todo el mundo colabore y diga lo que tiene que decir con respecto a lo que sabe, pero a veces, no siempre, se puede colaborar”, afirmó.

Mora también se refirió a los casos abiertos por la muerte contra ambientalistas, pero dijo no tener a mano cifras del número de expedientes y cuántos de esos tuvieron una resolución, no obstante, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), calculó que hay un 90% o 95% de crímenes que quedan en impunidad.

Ante esto, Mora defendió que desde esa institución han resuelto muchos casos, como el de Berta Cáceres, por cual al menos ocho personas están detenidas por el crimen.

“Pues yo le puedo poner el ejemplo del Bajo Aguán. Ahí se creó una unidad que investiga las muertes violentas en el Bajo Aguán, que incluso fue fortalecida con ayuda de los Estados Unidos. Ahí se han resuelto muchos casos de dirigentes y líderes ambientalistas que habían sido desaparecidos o habían fallecido y se llevó a los responsables a los tribunales, se les condenó y hay otros que andan incluso prófugos”, argumentó el portavoz del Ministerio Público.

Meza, por su parte, lamentó que cuando el Ministerio Público no realiza el trabajo investigativo impacta en el desenlace de los casos.

“Deben ser diligentes en las investigaciones, revisar si las personas que están llevando la investigación están dilatando el proceso, si lo están haciendo es que hay algún grado de corrupción con los que cometen los crímenes, y ahí en el Aguán que es un caldo de cultivo de todo eso de la impunidad, porque ahí fiscales, jueces, todos se prestan a eso”, sentenció Meza.

También se refirió a los reportes de la ONG internacional en los que los guardias de seguridad privados, el crimen organizado, mafias y hasta personas relacionadas con entes de seguridad aparecen como los responsables de los crímenes contra ambientalistas, según los registros de Global Witness.

“Es bien fácil que se contraten mejor personas (sicarios), que les paguen una cantidad de dinero en vez de que lo hagan directamente los perpetradores. De esa forma se deslindan la responsabilidad”, dijo.

Lamentó que esto ocasiona que —en muchos casos— las autoridades solo den con los autores materiales de los crímenes, pero no con los intelectuales.

“Entonces ahí hay una hazaña también porque se quiere dejar totalmente en la impunidad y además todos y todas estamos expensas a ese tipo de cosas, de que se contraten grupos armados para que puedan terminar con la vida”, condenó.

El promedio de asesinatos contra ambientalistas en Honduras entre 2012 y 2023 fue de 12 por año. Los crímenes ocurrieron en diferentes puntos del país, pero, según el Ministerio Público, los departamentos de Colón, Atlántida, Olancho, Comayagua y La Paz son los puntos torales donde históricamente han perdido la vida de forma violenta más defensores de la tierra y el ambiente.

No hay detalles de cómo avanzan algunas investigaciones, pero defensores de derechos humanos cuestionan que muchos casos se cierran por falta de pruebas y hasta testigos.

En 2012, hace 11 años, el país reportó el número más alto de crímenes contra ambientalistas y defensores de la tierra, con 25, cifra que es seguida por los 18 casos reportados en 2023, de acuerdo con la Global Witness.

De este 2024 los únicos reportes son del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que contabiliza 4 crímenes, incluyendo el de Juan López.

Para Hugo Maldonado, presidente del Codeh, que el 90% o 95% de estos casos continúen en impunidad es por “la misma incapacidad de los organismos de investigación del Estado”, pues son muy débiles ante una situación muy agravante.

“Lo peligroso de esto es que, por ejemplo, los ambientalistas o defensores de derechos humanos, como nosotros les llamamos a todos, los periodistas y abogados a nivel del país, seguimos siendo víctimas de ese crimen organizado, que saben cómo evadir la justicia en Honduras”, lamentó.

Maldonado cuestionó que la impunidad los hace estar en un peligro inminente. “Tenemos un sistema nacional de protección, a pesar de que tenemos una ley especial para la protección de la vida y el núcleo familiar, lamentablemente muy poco nos sirve este sistema de protección en vista de la carencia y su poca capacidad para dar respuesta”, señaló.

Sobre los responsables de los crímenes, mostró su preocupación porque son cometidos por personas ligadas a las fuerzas de seguridad, crimen organizado y narcotráfico.

Comentó que, incluso, algunos casos son cometidos por expolicías o exmilitares que tienen el entrenamiento y son contratados por terceros para acabar con la vida de defensores del ambiente o la tierra porque son piedra de tropiezo para algunas personas o grupos.