Sin títulos, sin curriculum y sin concurso: 69% de los nuevos empleados de gobierno no cumplen requisitos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yolanda (nombre ficticio para proteger la identidad de la persona) sintió que llegó el momento de aplicar todo lo aprendido en su carrera cuando un amigo, empleado público, le comentó que había un puesto disponible en una institución estatal y que si se podía presentar a una entrevista. Entusiasmada, la joven respondió que sí. Así lo hizo a finales de 2022.

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“A mí no me pidieron que llevara papeles de un partido, como fue un amigo el que me llevó, entonces la ministra confiaba mucho en la secretaria general, quien fue la que me entrevistó”, narró Yolanda a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

La joven contó que “en la entrevista me preguntaron si militaba en el partido y cosas así”, pero como ella era simpatizante de Libertad y Refundación (Libre) no tuvo problema. Trabajó en esa institución casi dos meses, hasta que “a la ministra no le pareció mi trabajo y me corrió”, lamentó.

Este es uno de los casos que forman parte del buró de empleados de instituciones públicas que fueron contratados solamente con acuerdo verbal. Algunos siguen empleados, otros fueron reemplazados, pero -en muchos casos los sustituyeron por personas que no llenaban el perfil solicitado para el puesto.

EL HERALDO Plus accedió a un informe interno elaborado sobre la idoneidad de los empleados contratados durante la actual institución. En la investigación se analizó el perfil de 10,136 empleados de las diferentes instituciones estatales, sin embargo, una buena parte no cumplía con los requisitos básicos para ocupar el puesto, revelan los hallazgos del análisis.

Este rotativo detectó, tras analizar los datos del informe, que de los 10,136 empleados de 27 instituciones solamente el 31% (tres de cada 10) cumplía con los requisitos, es decir el 69% no reunía los condiciones necesarias (un 10% ni siquiera había entregado su hoja de vida).

Ante esta situación, el secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), César Chirinos, manifestó que lo que se considera para que una persona sea empleada del gobierno es que sea activista político del partido en el poder.

“Lo que es considerado es que sea parte del activismo político. Así es como ingresa cada persona al Estado del Honduras, llámense del gobierno central, descentralizado y desconcentrado. Basta con ser amigo del ministro, del coordinador”, manifestó.

El integrante de la Andeph explicó que en Honduras “no pregona la meritocracia, sino que simplemente basta con ser de un partido para poder ingresar al sistema”.

EL HERALDO Plus conoció que la investigación fue enviada al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quienes interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público. La denuncia menciona que muchos de los 10,136 empleados de 27 instituciones no cumplían requisitos para ocupar los puestos.

Una fuente consultada por EL HERALDO Plus, quien omitió su nombre por razones de seguridad, lamentó que de las personas analizadas, 811 no presentaron su hoja de vida, “incumpliendo con el proceso de evaluación para pertenecer a la administración pública que establece que para ser nombrado debe demostrar y justificar sus competencias académicas y profesionales”.

“Se nombró a 673 personas que en su proceso de nombramiento no acreditaron sus títulos académicos que demostraran su formación profesional”, cuestionó.

El mayor problema está en la Secretaría de Salud, donde se analizaron los casos de 8,444 empleados contratados a finales de 2022. Los documentos mencionan que en esa institución solo tres de cada diez nuevos ingresos cumplían requisitos, uno no llenaba el perfil para el cargo que ocupaba y uno no acreditó su título o diploma académico.

Además, se detectaron 437 casos en los que faltó oficio de evaluación emitido por la Dirección General del Servicio Civil, que es necesario para ingresar a una carrera administrativa. También hubo dos personas que presentaron documentos que no les correspondían, es decir, que eran de un tercero.

Este mismo patrón ocurrió en menor escala en otros entes estatales, como el Instituto Nacional de Migración (INM), donde 180 de los 322 empleados no presentaron su hoja de vida. En el caso del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se analizó el perfil de 123 empleados, aunque a 15 les faltaba requisitos para el puesto que ocupaban.

Del total de empleados analizados, apenas 3,473 habían sido seleccionados a través de un concurso, es decir, en el 66% de los casos los empleados fueron contratados por otros mecanismos.

En la investigación evaluaron 15 aspectos de la vida profesional y académica de los burócratas, pero en la mayoría de instituciones se detectó que el personal no presentaba sus hojas de vida, no cumplían requisitos, no acreditaban títulos o los documentos no correspondían a quien estaba ocupando el puesto.

La fuente consultada por EL HERALDO Plus también condenó que “seis personas nombradas fueron contratadas para puestos que no existen en la administración pública”. Al analizar las bases de datos, este rotativo encontró que cuatro de esos asalariados estaban contratados en la Secretaría de Salud y dos en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

“Hubo nombramientos de personas que no cumplieron requisitos mínimos para sus funciones, por ejemplo, 30 personas nombradas como motoristas, no presentaron licencia de conducir”, deploró.

El militante de Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos, manifestó que hay una transición lenta por la situación financiera que enfrenta Honduras por la forma en cómo estaba organizada la administración anterior. “La situación financiera no ha permitido que se pueda despedir a toda esta gente que era de confianza del Partido Nacional”, sostuvo.

Detalló que a estos empleados se les ha respetado sus derechos “porque tenemos un Estado sumamente garantista en cuanto a derechos laborales”.

Refirió que parte del conflicto del Servicio Civil “es por corrientes internas del partido (Libre), porque como nosotros ganamos en la alianza, un sector del Servicio Civil lo estaba coordinando parte de la alianza a través de personas del Partido Liberal”.

Esto es lo que ha generado contradicciones y “por ser un nervio sensible del Estado, como lo dijo la presidenta Xiomara (Castro) y se están compitiendo por intereses de partidos distintos a la hora de priorizar por contrataciones”, apuntó Ríos.

Amable de Jesús Hernández, integrante de la comisión interventora en el Servicio Civil, manifestó que se está trabajando en el informe que presentarán dentro de tres semanas a la presidenta Xiomara Castro.

“Hay una serie de pasos que le vamos a comunicar primero a la presidenta para que ella nos apruebe”, dijo Hernández.

Reveló que en “estos momentos se están reservando los términos de referencia para la contratación de una auditoría de gestión y de procesos de todo lo que ha significado servicio civil en los últimos años”.

El funcionario expresó que “estuvimos analizando todo el tema para evaluar la situación para presentarle a la presidenta un informe con los principales empleados del gobierno”.

Valoró que el Servicio Civil “es un órgano inminentemente técnico”.

Aclaró que “no todos son empleados de un partido político, son empleados del gobierno.

Ahí hay 110 empleados y estos indistintamente de su militancia son empleados del Servicio Civil y como tal tienen que responder a la institución”.