Más de 43 mil sobreseimientos en materia penal en 7 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos siete años, es decir, durante la gestión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anterior, se registró una lluvia de sobreseimientos definitivos y provisionales en materia penal, dejando a libertad a miles de personas señaladas por algún delito.

Dentro de la rama penal se procesan hechos como asesinatos, homicidios, extorsión, femicidios, robos, hurtos, corrupción, tráfico de drogas y otra serie de delitos que a diario se registran en Honduras y que fomentan el ambiente de inseguridad e impunidad.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información SOL-PJ-2197-2023, solicitó al Poder Judicial la cantidad de sentencias o resoluciones emitidas en los últimos años en materia penal.

Se hizo hincapié que se detallaran los delitos en los que más se había emitido cualquier tipo de sentencia en los juzgados a nivel nacional.

No obstante, desde el Poder Judicial notificaron que solo podían proporcionar los datos de los Juzgados de Letras de lo Penal a nivel nacional por ingresos y resoluciones.

Las cifras establecen que desde 2016 hasta 2022 fueron registrados 104,061 ingresos de casos en los Juzgados de Letras Penal a nivel nacional.

De esta cantidad, 33,246 casos fueron resueltos como sobreseimientos definitivos, es decir, que los imputados por algún delito quedaron en absoluta libertad al momento que se presentaron ante el juez.

Esta cifra quiere decir, que del 100% de los procesos penales presentados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional, el 31.9% fue resuelto como sobreseimientos definitivos, es decir, con resolución a favor del imputado.

Pero a esto hay que sumarle los sobreseimientos provisionales, que en el mismo periodo de tiempo sumaron 10,089, mismos que representaban el 9.6% del total de los ingresos en material penal.

Lo anterior quiere decir que en el periodo de la Corte Suprema anterior, se registraron un total de 43,335 sobreseimientos, entre definitivos y provisional, que representan el 41.6% del total de casos.

Para el exjuez y experto en derecho penal, Félix Ávila, no es en el pleno de la Corte Suprema en sí donde se resuelven todos estos casos, lo que sí conoce a este nivel son los recursos de casación.

Lo que ocurre todos los días es que se presentan requerimientos fiscales a los juzgados a nivel nacional, estos se sustancian, es decir, que es probable que se cometió un delito.

En el juzgado, el juez decide los casos que pasan a formal procesamiento, también los que se sobreseen de forma provisional o definitivamente, indicó.

Por lo tanto, son cientos de jueces a nivel nacional los que llevan miles de procesos y no necesariamente todo caso que presenta el MP debe pasar a una sentencia condenatoria.

Para Ávila, es importante analizar y determinar si la Fiscalía está llevando a los tribunales demasiados asuntos que no tienen razón de ser. Entonces, llegan a un juez, quien los cierra de forma definitiva.

“Aquí hay que ser claro, cuando un sobreseimiento definitivo o provisional se produce significa que el caso no merece ser llevado a los juzgado, o que sí puede ser que merece ser llevado, pero que no fue bien sustentado”,expuso.

Las mismas cifras establecen que las sentencias condenatorias por procedimiento abreviado entre los años 2016 al 2022 sumaron 18,672, es decir apenas el 17.9% del total de ingresos en material penal a nivel nacional.

Los años que más condenados en material penal se registraron fueron el 2021, con 3,286, y en el 2022, con 3,108, mientras que en el 2020 apenas sumaron 1,423 sentencias.

Asimismo, las cifras del Poder Judicial en poder de EL HERALDO Plus evidencian que 5,646 casos presentados recibieron el beneficio de suspensión condicional de la persecución penal, quedando con alguna medida establecida por el juez.

Otra figura que benefició a los procesados fue la conciliación, instancia a la que llegaron 15,294 vinculados a estos procesos, establece la información.

Además, se ordenaron 15,697 autos de apertura a juicio y en 3,082 casos se registraron como otros procesos, establece la información proporcionada por el Poder Judicial.

Según Ávila, decir que hay tráfico de influencias en las decisiones que toman los jueces es bien relativo, porque tampoco se pueden echar todos los huevos en la canasta.

Insistió en que pueden haber fiscales que digan que pierden los casos porque, de repente, los abogados se ponen de acuerdo, pero no es así, ya que hay muchos fiscales que son incapaces de presentar o sustentar casos.

Para Lester Ramírez, director de Investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), resultaría interesante que el Poder Judicial especificara la razón de los sobreseimientos definitivos y provisionales concedidos en los años de analizados.

Generalmente, cuando se da un sobreseimiento definitivo es que no hay evidencia sustancial para condenar al imputado por determinado delito, recordó.

También coincidió con Ávila, que al momento de presentar el caso puede ser que se registró un error en el procedimiento de la Fiscalía y no logró un sustento técnico concreto para que el juez estableciera una condena.

En los análisis que han hecho como ASJ en Juzgados de Letras y de Sentencias andan por los mismos niveles de sentencias, es decir, hay un reto de analizar las evidencias que presenta el MP para acreditar un delito.

Para Rámirez, es importante solicitar al MP una rendición de cuentas sobre este tipo de situaciones, por la alta incidencia de sobreseimientos, por lo cual también se deben analizar qué delitos son los más sobreseidos.

Datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen que entre los años 2021 y 2022 fueron detenidas más de 21,000 personas.

Las aprehensiones obedecieron por cometer una serie de delitos como ser violencia doméstica, amenazas, maltrato familiar, robo con violencia, robo con fuerza, estafa, hurto, robo, lesiones, amenazas a muerte, robo de vehículos y daños.

Mientras por homicidios fueron detenido 918 personas en el 2021 y 794 en el 2022, mismos que fueron procesados en los juzgados penales a nivel nacional.

Sin embargo, muchos de estos detenidos han quedado en libertad al momento se presentarse ante los jueces que conocen las causas por las que son enfrentados.