TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la era digital, las redes sociales han emergido como una herramienta esencial para la comunicación entre los funcionarios, políticos y las entidades gubernamentales con la ciudadanía.

Sin embargo, esta apertura también ha traído consigo un problema creciente: la usurpación de perfiles oficiales, que se refiere a la creación de cuentas falsas que imitan a las reales.

Estas cuentas pueden parecer auténticas a primera vista, utilizando nombres, imágenes y biografías similares a los perfiles verdaderos.

En Honduras, la proliferación de estas cuentas falsas ha creado un entorno donde la información auténtica se mezcla con la desinformación, dificultando a los ciudadanos distinguir entre lo real y lo falso.

Por ejemplo, hace varios meses, en X/Twitter hubo un perfil que suplantaba al asesor presidencial en materia de comunicaciones, Gilberto Ríos. Diariamente, esta cuenta publicaba desinformación usando el tema político para persuadir y fraccionar a la sociedad. Pero, debido a las verificaciones de EL HERALDO, la cuenta fue cerrada el 14 de mayo de 2024.

Este fenómeno ha adquirido dimensiones alarmantes, generando confusión y contribuyendo a la desinformación generalizada, dicen expertos.

El equipo de verificación de EL HERALDO detectó seis cuentas que usurpan a políticos, funcionarios y hasta entidades públicas de Honduras, incluyendo al gobierno y a la presidenta Xiomara Castro, en dos redes sociales: TikTok y X.

La confianza pública en las instituciones, los líderes políticos y funcionarios es crucial para el funcionamiento de una democracia. Pero estos usurpadores se aprovechan para perjudicar la imagen y credibilidad, así como para confundir a la población.

Y se observa en una cifra preocupante: más de 3.6 millones de personas han interactuado con las publicaciones de estas seis cuentas falsas, que acumulan un poco más de 262,000 seguidores, según los registros del equipo de verificación de EL HERALDO.

Incluso, este tipo de desinformación toca la esfera alta. Por ejemplo, la cuenta que usurpa en TikTok al expresidente, asesor y esposo de Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, suma el 91% de las interacciones (3.3 millones) y el 84% (220,400) del total de seguidores.

El asesor en materia de comunicaciones, Gilberto Ríos, confirmó que ambas cuentas no son manejadas por el oficialismo.

“Las cuentas de TikTok no son del presidente y la presidenta, no son oficiales, no están certificadas. Pienso que son de militantes del Partido, que han utilizado la imagen de la presidenta y del presidente Zelaya y que los han usado para hacerles propaganda”, explicó.

Día atrás, el equipo de verificación de EL HERALDO reveló que TikTok es la red social por donde circula el 51% de la desinformación en Honduras.

A nivel de funcionarios, la usurpación también ha encontrado un nicho en TikTok a través del nombre de la presidenta Xiomara Castro. La cuenta impostora registra 70,600 interacciones y 17,700 seguidores.

En el caso de las instituciones públicas, el Congreso Nacional es el más afectado. La cuenta impostora, en X, ha logrado más de 68,000 interacciones y 6,813 seguidores, valiéndose de la difusión de falsos proyectos, leyes aprobadas y citas adjudicadas a los diputados, solamente con la finalidad de confundir y distorsionar los hechos verdaderos.

“Existen muchas cuentas parodias, pero nosotros, en realidad, no hemos tenido problemas con la usurpación de las cuentas del Congreso Nacional”, dijo Grace Saravia, vocera del Poder Legislativo.

Pero, pese a que desde el Congreso dicen que no hay problemas, lo cierto es que las consecuencias de la usurpación afectan a la población vulnerable a la desinformación, que busca, entre otras cosas, influir para manipular el pensamiento.

Lo más alarmante es que en Honduras la desinformación es completamente legal porque no existe una normativa o marco que la regule o penalice.

En Honduras, la suplantación de perfiles digitales de políticos e instituciones se enfrenta a un vacío legal preocupante. Actualmente, el país carece de un marco jurídico específico que penalice de manera efectiva la creación y uso de cuentas falsas para suplantar identidades en el ámbito digital.

Esta laguna en la legislación deja a los políticos, funcionarios e instituciones y a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente a los impostores digitales.

“En la anarquía todo el mundo hace lo que quiere y el problema es que al ciudadano le llegan todo ese tipo de noticias. Hay cosas que la gente cree que son verdades, y no lo son, pero esto se deriva porque no hay regulación”, consideró Octavio Pineda, catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional.

La falta de regulación legal significa que, en Honduras, los perpetradores de estas acciones, que también pueden ser los mismos políticos, funcionarios o autoridades de instituciones, operan deliberadamente, dicen fuentes del equipo de verificación de EL HERALDO, no enfrentan consecuencias claras ni severas.

Sin leyes específicas que aborden la suplantación de identidad en redes sociales, los esfuerzos para investigar, procesar y sancionar a los responsables se ven gravemente limitados. Esto, en efecto, crea un ambiente donde los impostores pueden operar en la impunidad, difundiendo desinformación y socavando la confianza pública sin temor a repercusiones legales.

“Existe (regulación legal) en la Unión Europea, aquí deberíamos estar pensando en eso, en vez de estar peleando otras cosas”, añadió Pineda.

En un contexto global donde la suplantación digital y la desinformación están en aumento, la ausencia de un marco legal en Honduras se destaca como una vulnerabilidad crítica.

“Hoy en día, la IA (inteligencia artificial) y la ciberseguridad pueden ayudar a identificar deepfakes (contenidos creados digitalmente) y plagios, pero se requiere una regulación para castigar al criminal cibernético y a los desinformadores”, propuso Javier Franco, autor del libro “No solo fake news”.

La adopción de legislación específica y robusta es esencial para proteger tanto a los políticos como a los ciudadanos, garantizando que el espacio digital sea seguro y confiable. O, en el otro extremo, castigar a los políticos si son actos meditados.

Sin esta protección legal, Honduras se está convirtiendo en un terreno fértil para aquellos que buscan manipular y distorsionar la información en beneficio propio, coinciden fuentes consultadas por EL HERALDO.

Pero más allá de esto, la desinformación a través de la usurpación está generando un severo daño en la confianza pública por medio de tres hechos: la difusión de mentiras, la manipulación de opiniones y la erosión de las autoridades.

En el caso de la difusión de mentiras, las cuentas falsas a menudo emiten información incorrecta o manipulada, que puede afectar la percepción pública sobre eventos, políticas o decisiones gubernamentales.

Por ejemplo, una cuenta falsa de una secretaría puede anunciar falsos programas de asistencia, creando expectativas o pánico injustificado entre la población, como ocurre con el perfil impostor del gobierno de Honduras en X.

A través de la manipulación de opiniones, los impostores se hacen pasar por figuras influyentes, manipulando la opinión pública, influenciando percepciones y decisiones electorales.

En un contexto donde las redes sociales juegan un rol crucial en la formación de opiniones, esta manipulación puede tener consecuencias graves. Y más en un año preelectoral, como en el que está Honduras.

La erosión de las autoridades, en tanto, aprovecha que los funcionarios y entidades dependen de sus canales oficiales para comunicar políticas y decisiones. Las cuentas falsas minan la autoridad de estos canales, haciendo que los ciudadanos cuestionen la veracidad de cualquier mensaje que reciban.

En contraste, identificar y eliminar cuentas falsas no es una tarea sencilla. Las plataformas de redes sociales como Facebook, X e Instagram tienen políticas y mecanismos para detectar y eliminar perfiles falsos, pero los usurpadores continuamente encuentran formas de evadir estas medidas.

Además, la velocidad con la que la información se propaga en las redes sociales supera con creces la capacidad de respuesta de estas plataformas y de las autoridades.

Una de las medidas, plantean fuentes del equipo de verificación de EL HERALDO, es que el gobierno de Honduras, junto con las plataformas de redes sociales, acuerden aplicar varias estrategias para combatir este problema, aunque aún quedaría mucho por hacer.

Por ejemplo, intensificar la verificación de cuentas, realizar campañas de concienciación, buscar ayuda de la cooperación internacional, aplicar un marco legal y la implementación de tecnología avanzada.