“Desde ahí están haciendo fiesta, desde que aprobaron primeros los 110 millones, y que después aprobaron otros, en un decreto presidencial, desde entonces hay festín de dinero en este país”, lamentó entre el minuto 1:25 y 2:13 de una entrevista brindada a los medios de comunicación el 23 de junio.
El 10 de febrero de 2020, el Poder Ejecutivo emitió el PCM-005-2020 donde declaró Estado de Emergencia Sanitaria. En el artículo 12 de esta disposición se establece que los contratos que se suscriban producto de la declaratoria de emergencia requieren aprobación del Presidente de la República, emitido por medio de la Secretaria de Estado que corresponda, o de la Junta o Consejo Directivo de la respectiva institución descentralizada.
El 13 de marzo se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Legislativo 31- 2020, denominado Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus covid-19 que en su artículo 4 autorizó a la Secretaría de Salud (Sesal), al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras entidades públicas o público – privadas para que realicen contrataciones directas de obras públicas, adquisición de bienes y servicios, y suscriban convenios con la unidad de Invest-H.
“Inversiones Estratégica de Honduras (Invest-Honduras) queda autorizado para la contratación directa de las obras, bienes y servicios necesarios para acelerar la inversión en la red vial oficial con el propósito de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia”, dice la ley de Aceleración Económica, mediante la cual el Congreso Nacional aprobó una partida de 420 millones de dólares, más de 12,000 millones de lempiras para atender la pandemia del covid-19.
El mismo día que el Congreso Nacional aprobó la mencionada cantidad de dinero, el ministro de la presidencia Ebal Díaz explicó que con el millonario presupuesto se construirían más de 90 centros de servicios de salud en todo el país, se contrataría personal y se habilitaría una plataforma electrónica.
El 3 de abril de 2020 se publicó en La Gaceta el Decreto Legislativo 33-2020 el cual dice en su artículo 19, que se autoriza a la Sesal, Invest Honduras y a la Secretaría de Estado en el Despacho de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales para la contratación en forma directa, de las obras, bienes y servicios que considere necesarios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia provocada por el virus covid-19.
Posteriormente, el 7 de abril se publicó el PCM-029-2020, el cual manda en su artículo 4 que la ejecución de compras relacionadas con la crisis del covid-19 sean realizadas por la Sesal, Invest-H y Copeco amparadas en el decreto legislativo 31-2020, y que deben ser autorizadas por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia covid-19.
Compras Copeco
El 9 de abril, EL HERALDO informó que el gobierno, a través de Copeco, la Sesal y otras instituciones, al 3 de abril ya había gastado 2,200 millones de lempiras en la compra de equipo de bioseguridad, de gel, de 90 respiradores mecánicos, de camas unipersonales, dispensadores de agua, percoladoras, televisores, un hospital móvil inflable, una unidad de aislamiento y en mejoras de infraestructura del hospital El Tórax, entre otros.Mientras, por un lado, varias de las compras presentaban una sobrevaloración, por otro, los médicos aseguraban que los ventiladores adquiridos por Copeco no eran los recomendados, asimismo ciertos directores de hospitales denunciaron que los respiradores no se podían utilizar porque fueron entregados incompletos.
El 20 de abril EL HERALDO informó que los precios de las percoladoras, dispensadores de agua y televisores contenidos en la orden de compra 2590, emitida por Copeco a favor de Inversiones Múltiples Bernata cuadraban perfectamente con los montos publicados en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas (Sefin), pero distaban de los contenidos en la factura extendida por la Corporación GNM.
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Entre los documentos sobre las compras que estaba realizando el gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus estaba la orden de compra 2590 emitida por Copeco el 20 de marzo para la adquisición de los aparatos antes mencionados, sin embargo para desvirtuar que no había sobrevaloración esta misma institución publicó otra factura de pago con número 000-001-01-00000216 extendida el 26 de marzo por la empresa de nombre Corporación GNM Sociedad Anónima.
El 21 de abril el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló que encontró serias irregularidades en el proceso de compras y uso de fondos autorizados a Copeco durante la emergencia. De acuerdo al TSC se llevó a cabo la revisión de la documentación relacionada a cheques pagados y los pendientes de pago en el período del 17 de marzo al 4 de abril, correspondiente a 105 cheques por la suma total de 49,011,281.21 lempiras.
“Los mismos no cuentan con la documentación administrativa necesaria para haber iniciado un trámite de compra, por tanto, no se evidencia las autorizaciones correspondientes denotando serias fallas administrativas que han permitido que muchos procesos de compra ya realizados o pendientes de hacerlo presentan deficiencias que pueden traducirse en responsabilidades en una investigación especial posterior”, citó el informe de la institución contralora.
Este mismo día, Casa Presidencial comunicó la destitución de Gabriel Alfredo Rubí Paredes como titular de Copeco.
Compras de Invest-H
El 8 de abril de 2020, Invest emitió la orden de compra 018 -2020 por un valor de 35,000,000 de lempiras a favor de la empresa Dicohonsa por la adquisición de 250,000 mascarillas NK95 vendidas a un costo unitario de 140 lempiras. Como no hubo cumplimiento en el plazo establecido la orden fue anulada.Ese mismo día Invest emitió la orden 019-2020 por un valor de 50,836,500 lempiras a nombre de la empresa GYT por la adquisición de 474,000 mascarillas NK95 vendidas a un costo de 107.25 lempiras cada una. Como hubo incumplimiento en el periodo de entrega la orden fue anulada también. Posteriormente Invest-H compró 469,000 mascarillas al precio unitario de 84 lempiras, pagando un total de 38,396,000 lempiras.
El 9 de abril también emitió la orden de compra 017-2020 por la cantidad de 3,547,500 dólares por la compra de material de bioseguridad (mascarillas, anteojos, batas, oxímetros, termómetros y guantes).
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Según documentos, desde febrero reciente, Invest-H comenzó a negociar los siete hospitales móviles pero fue hasta el 18 de marzo que emitió la orden de compra por un monto de 1,174,517,764.22 lempiras, equivalente a 47,462,564 dólares.
Dos de los siete hospitales permanecieron varios días en la aduana de Puerto Cortés, donde fueron revisados por las instituciones auditoras y el Ministerio Público que pretende encontrar pruebas de la sobrevaloración.
Asimismo, desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, de acuerdo a las órdenes de compra, Invest autorizó la adquisición de 740 ventiladores mecánicos por un monto de 21,349,942 dólares equivalente a unos 531.6 millones de lempiras.
De igual manera, le compró al grupo turco Bioneer la cantidad de 250,000 pruebas PCR a un costo de 47,922,281 lempiras, esto es equivalente a 1,932,614 de dólares. Luego Salud sostuvo que estos test no se podían aplicar porque vinieron sin kits de extracción.
Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revelaron que las compras de mascarillas y de equipo médico, así como la adquisición de siete hospitales móviles estaban sobrevalorados, a tal extremo que el director de Invest Marco Bográn fue destituido de su cargo y actualmente el Ministerio Público mantiene una investigación sobre su administración.
A pesar del millonario gasto estatal para atender la emergencia por el covid-19, los hospitales siguen sin el equipo médico para auxiliar a los pacientes de coronavirus, en los centros de aislamiento los familiares tienen que comprar los medicamentos para tratar de salvar la vida a sus seres queridos, y el personal médico ha tenido que adquirir su propio equipo de bioseguridad para evitar contagiarse, según una encuesta de la organización de la sociedad civil Transformemos Honduras.
Ante los señalamientos del despilfarro de los recursos para la atención a la emergencia sanitaria, por sus mismos funcionarios, el presidente Juan Orlando Hernández sostuvo en una entrevista que 'son malnacidos aquellos que se aprovechan de los recursos de la emergencia para enriquecerse. Irán a la cárcel'.
Conclusión
La cuestionada adquisición de siete hospitales móviles, de los cuales cinco no se sabe cuándo vendrán, la compra de ventiladores pulmonares que todavía no funcionan, así como el haber adquirido 250,000 pruebas PCR sin los kits de extracción, y la compra de equipo de bioseguridad que no llega al personal médico, evidencia como se ha derrochado el dinero de los contribuyentes.Por lo tanto, la aseveración de Figueroa de que con los recursos económicos para atender la emergencia de la pandemia se ha hecho “piñata” desde el mismo momento en que se aprobó la Ley de Aceleración Económica es verdadera.
