TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los medios de comunicación se ha abierto el debate sobre el papel que juegan los padres de los menores quemados por las pólvora en estas fiestas navideñas y de fin de año.

Según datos de la Fundación por la Vida del Niño Quemado (Fundaniquem), hasta el pasado 28 de diciembre se reportaba un menor fallecido y cinco quemados por manipular pirotecnia.

El primero que se reportó fue un menor de nueve años procedente del departamento de Intibucá, luego ingresaron dos niños, que son parientes, de Marcala, La Paz, con quemaduras en la cara, manos y genitales.

También se reportó el ingreso de un menor de la ciudad de Gracias, Lempira, con quemaduras en el rostro y por último uno proveniente de Danlí, El Paraíso, con quemaduras en las manos y la cara.

En el reporte también se señala el caso del menor de nueve años n falleció en San Pedro Sula al momento de manipular un poderoso artefacto conocido popularmente como “tumbacasas”.

El equipo Fact Checking de EL HERALDO Plus consultó a fuentes jurídicas para conocer cuáles son las penas y sanciones que enfrentan los responsables de un menor de edad que ha resultado con lesiones por manipular pólvora.

El pasado 2 de diciembre, la Alcaldía Municipal del Distrito junto con la Fundación por la Vida del Niño Quemado (Fundaniquem), Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y otras instituciones lanzaron una campaña denominada “Los cohetes no son juguetes”, con el objetivo de concienciar a la población sobre el peligro de manipular pólvora.

La iniciativa está dirigida también a prohibir la tenencia, uso, producción y comercio de pólvora en la capital y evitar que se registren niños quemados en la fiesta navideña y de fin de año.

La titular de la Dinaf, Dulce María Villanueva, hizo una llamado a los padres para que supervisen a los niños y niñas que estén manipulando pólvora, pues la institución estará vigilante en varios lugares del país.

Villanueva refirió que hasta el 29 de diciembre del presente año Honduras registraba nueve casos de niños quemados por diferentes motivos.

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En el artículo 96, inciso a y b del Código de la Niñez y la Adolescencia establece, entre otras cosas, que “ninguna persona natural o jurídica podrá vender, donar o entregar explosivos o pólvora en general”.

La normativa establece que incluso “fuegos artificiales, salvo aquellos que carezcan de poder explosivo”.

El incumplimiento de este mandato conlleva a una multa de hasta 50 mil lempiras con la opción de aplicar otras medidas civiles, administrativas y penales que determinen las autoridades competentes.

Esta misma normativa aclara que estas denuncias serán remitidas al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (ahora Dinaf) con la opción de imponer acciones penales que correspondan posteriormente al análisis realizado por las autoridades.

En tanto, la “ordenanza municipal para la prohibición, tenencia, uso, producción y comercio de cohetes y pólvora en el Distrito Central”, puesta en vigor el pasado 2 de diciembre, también contempla sanciones.

La norma municipal establece que los padres de familia de los menores que resulten afectados por quemadura o mutilación por los diferentes explosivos serán sancionados con multas de 1,000 a 5,000 lempiras y trabajo comunitario.

El portavoz de la Policía Municipal del Distrito Central, Mandiel Vásquez, dijo a este equipo que en la ciudad capital no se han registrado casos de niños quemados por pólvora y que los ingresados son menores provenientes de otros municipios del país.

El funcionario también refirió que hasta los momentos se han decomisado dos toneladas de pólvora en el Distrito Central, teniendo un estimado de 2.3 millones.

Reconoció que es difícil el control total de la pólvora, pero que al menos con esta medida los ciudadanos están tomando conciencia al respecto.

Por su parte, la jefa de la Fiscalía Especial de la Niñez, Ela Paredes, dijo “que todos los casos de niños que son remitidos a la Fiscalía Especial de la Niñez son investigados”.

Sin embargo, hasta los momentos la institución no ha llegado a tener casos de tipo penal.

“En realidad en los casos que hemos investigado no hemos llegado a determinar penalmente, solo sanciones que impone la alcaldía donde está la prohibición de pólvora”.

Detalló que sobre el caso del niño de nueve años que murió en San Pedro Sula por un potente mortero le toca proceder a la unidad de Delitos Contra la Vida.

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La vocera del Ministerio Público, Lorena Calix, manifestó a este equipo que los padres que se hayan encontrado responsables de haber comprado y dado pólvora a su hijo y producto de la manipulación el menor haya sufrido severas quemaduras, se enfrentan a sanciones de tipo administrativo o penal, según el caso.

“Las sanciones administrativas son multas, es decir, dinero y en el caso de que se diera una investigación criminal y posteriormente se encontrara que, en efecto, (hay) indicios de responsabilidad penal y que haya que deducir esa responsabilidad a los padres, las penas de cárcel no exceden los 10 años de prisión”, afirmó Calix.

A criterio de la entrevistada, aunque está claro que la prohibición y la investigación penal es un disuasivo, las penas son bajas.

Consideró también que hay que trabajar más es en la prevención, ya que todos los años se repite la misma situación en el tema de niños quemados por manipular pólvora

“Se hacen campañas, se integra un comité interinstitucional por Dinaf, Ministerio Público, Policía, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, con el propósito de sensibilizar a los adultos sobre esa responsabilidad , pero a muchos (hondureños) como que no les entra”, exhortó la funcionaria.

Concluyó que hasta que sus hijos sufren quemaduras por manipular pólvora se dan cuenta de la gravedad del asunto, pero ya es demasiado tarde.

Por su parte, el secretario general de Dinaf, Vicente Fernández, detalló que “cuando nosotros vemos que a un niño (que sufrió quemaduras por manipular pólvora) se le están vulnerando sus derechos, a través de un procedimiento legal mancomunado con las autoridades del Ministerio Público le brindamos protección integral”.

Agregó que Dinaf investiga de cómo llegaron esos artefactos a las manos de los menores.

El representante de dicha institución aprovechó la entrevista para dar a conocer que cualquier ciudadano puede marcar la línea 110 para denunciar casos de vulnerabilidad de los derechos del niño.

Los padres declarados como responsables de comprar y dar pólvora a sus hijos y estos sufrieron quemaduras producto de la manipulación pueden enfrentarse a sanciones de tipo penal y administrativo.

Hasta los momentos las autoridades solo han reportado sanciones de tipo administrativo, no obstante, existe una pena de 10 años en casos severos determinados por las autoridades competentes.

En ese sentido, el equipo de Fact checking de EL HERALDO Plus califica como Verdadero la afirmación.