El propio Banrural denunció irregularidades en proyectos y bonos habitacionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Fue el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) el que presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en bonos habitaciones contra compañías constructoras.

Esa denuncia muestra supuestas irregularidades que afectan al Estado por 98 millones de lempiras de desembolsos que estuvieron por el orden de 138.6 millones de lempiras.

La denuncia apunta a la compañía Williams y Asociados Constructores, y a la Corporación de Bienes y Servicios (Corbise) por la comisión de presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos en el caso de los desembolsos por el orden de 138.6 millones de lempiras en bonos habitacionales.

Esta acción se produce luego que el Banco de Desarrollo Rural (Banrural)- el cual suscribió entre los 2016 y 2018 tres contratos de fideicomiso con las empresas antes mencionadas- presentó formal denuncia ante a Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), el 26 de abril de 2023.

La denuncia está registrada en la Fetcoop bajo el número 1683044542-2023 y es conocida por la sección de delitos económicos que la tiene bajo investigación con el apoyo de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

La demanda de investigación establece que entidad financiera, en su actuación como fiduciaria, se vio afectada económicamente por el incumplimiento de los contratos por parte de las constructoras del grupo Williams (fideicomisaria).

Los 138,635,966.89 lempiras- en bonos habitacionales de 90,000 y 150,000 lempiras- se transfirieron a la cuenta a 01503010125155 a nombre de Williams y Asociados Constructores y a la cuenta 1503010131397 a nombre de Industrias Turísticas del Río cuyo nombre comercial es el de “Hacienda, Hotel y Club Gualiqueme”, sin verificarse los avances de la construcción de las viviendas.

En la denuncia se pide investigar además de Williams Guillen y Díaz Ordóñez a funcionarios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) bajo el Programa de Apoyo Financiero al Desarrollador (AFD) así como a José Natanael Euceda quien se desempeñó como gerente general de Banrural y a los exdelegados fiduciarios Marvin Roberto Casco Núñez y Sandra Lizzeth Ponce García, quienes tenían la obligación de supervisar el cumplimiento a cabalidad de los tres contratos de fideicomiso.

Como delegada fiduciaria de Banrural, el 18 de enero de 2016, Ponce García y Díaz Ordóñez actuando como gerente general de Corbise y de la sociedad Williams y Asociados Inmobiliaria suscribieron dos contratos de fideicomiso con Banrural; en el primero Corbise se comprometió a construir 419 viviendas en el proyecto Casas de Campo, ubicado en Choloma, Cortés, pero solo edificó 229 viviendas, faltándole 190; pese a ello recibió 37,710,000 lempiras como Bonos Habitacionales.

En el segundo la sociedad Williams y Asociados Inmobiliaria se responsabilizó a la construcción de 100 viviendas en el proyecto residencial Villas Bertilia, ubicada en Choluteca. En este caso solo entregó 43, restándole 57, pero se le acreditó un total de 9 millones en bonos habitacionales.

De igual forma, el 23 de febrero de 2018, Williams Guillén en su condición de presidente del Consejo de Administración de Williams y Asociados Constructores y Marvin Casco Núñez como delegado fiduciario firmaron un tercer contrato de fideicomiso por el proyecto residencial Praderas Dignas donde se estableció la construcción de 1,046 viviendas.

Para este proyecto, situado en el sector sur de esta capital- cuyo contrato terminó el 23 de febrero de 2021- se contempló una cantidad de 94,140,000 lempiras en bonos, y Banrural le desembolsó a la constructora 91,925,966.89 lempiras, aunque solo entregó 174 casas, quedando en deuda con 872 viviendas. En total, en los tres fideicomisos el grupo relacionado se comprometió a construir 1,565 casas, pero solo construyó 446 faltándole de entregar 1,119 viviendas, según informes en poder de Banrural.

Como la mayoría de los bonos era por 90,000 lempiras, entonces el grupo Williams se habría beneficiado con alrededor de 98 millones de lempiras, presunto ilícito que la Fetcoop actualmente investiga.

En la denuncia interpuesta por la representación legal de Banrural se pide investigar también, por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, a funcionarios de Banhprovi, de Convivienda y del AFD que también tenían la obligación de supervisar el cumplimiento a cabalidad de los tres contratos de fideicomiso.

De la misma manera se pide investigar por los delitos antes mencionados, con el agregado de fraude agravado a Williams Guillen, Díaz Ordóñez y a los exempleados de Banrural Natanael Euceda, Marvin Roberto Casco Núñez y Sandra Lizzeth Ponce García. La denuncia señala que personas de Banhprovi, de Banrural y del grupo Williams entraron en concierto de voluntades causando enormes perjuicios al Estado y a banco fiduciario.

Ninguno de los proyectos de viviendas se culminó en totalidad hasta el día de hoy. En un claro contubernio ilícito funcionarios del Estado, que laboraban o laboran en Banhprovi y los ex empleados de Banrural y el grupo Williams actuaron con la única intención de defraudar al Estado y a Banrural, generando un beneficio ilícito para el desarrollador, describe el documento.

Es tan evidente la acción fraudulenta realizada por los señalados de Banhprovi como de Banrural quienes aprovechándose de su condición de dirección de confianza otorgada por parte del Consejo de Administración del banco e incumpliendo lo establecido en los fideicomisos al autorizaron al grupo Williams el total de los desembolsos de los bonos por vivienda pactados para cada uno de los proyectos habitacionales. Bonos que se entregarían de acuerdo con los avances de los proyectos, por lo tanto, el personal de Banrural, sobre todo los delegados fiduciarios no debieron autorizar la totalidad del dinero.

Los tres fideicomisos ahora están vencidos, y lo que ahora queda solo es un perjuicio económico para el Estado y para el fiduciario y un desarrollador que incrementó ilegalmente su patrimonio. Para ello, Williams Guillen aprovechó que en su momento formó parte la directiva del Banrural por lo que tenía conocimiento del personal con el que podía tener un contubernio ilegal y ponerse de acuerdo para defraudar al propio Estado, dado que dichos fondos son del erario, describe la denuncia.

En ella también se pide investigar el desvío de 23,787,402 millones de lempiras a la cuenta de Industrias Turísticas del Río, empresa que no gozaba de los derechos y obligaciones del fideicomiso del proyecto Praderas Dignas. Este dinero fue utilizado para pagar un crédito que tenía Industrias Turísticas del Río y no para la construcción de viviendas como estaba destinado, detalla la denuncia que ya investiga el Ministerio Público.