Caos en cárceles de Honduras deja mucho dinero, corrupción y muerte

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los registros de los últimos 30 años acerca de los amotinamientos, fugas, muertes y ejecuciones suscitadas en las principales prisiones de Honduras tienen como raíz la falta de voluntad política para realizar los correctivos, la politización del sistema penitenciario, así como la corrupción, la impunidad y la incompetencia de las personas nombradas para liderarlo.

Desde finales del siglo pasado hasta la fecha, el sistema carcelario ha estado en manos de civiles, militares y policías, en su mayoría sin competencia para dirigirlo.

Por otro lado, se han creado entidades relacionadas con la atención de las cárceles, se han suscrito convenios internacionales, se creó el Instituto Nacional Penitenciario (INP), se aprobó una Ley del Sistema Penitenciario, hay sentencias internacionales contra el Estado por muertes en las cárceles, igualmente se han aprobado estados de emergencia y juntas interventoras, pero nada de esto ha funcionado para mantener la gobernabilidad en las prisiones.

¿Por qué falla todo?, se le preguntó a defensores de derechos humanos, quienes coinciden en que hay un Estado infiltrado por el crimen, no hay voluntad política al más alto nivel, las autoridades penitenciarias se escogen no por su competencia, sino por haber activado a favor del partido en el poder, asimismo destacan la enorme corrupción que existe en el sistema, desde el más alto hasta el más bajo nivel.

“Tenemos un Estado infiltrado, mientras no se haga una verdadera depuración en el sistema penitenciario nada va a cambiar, así impongan cualquier medida paliativa o nombren tantas juntas interventoras”, sostuvo Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos.

Dentro de las cárceles hay tantas irregularidades, abusos de derechos humanos, se maneja mucho dinero, hay colusión entre las autoridades penitenciarias y peligrosos privados de libertad, añadió Meza.

También es evidente que las acciones de atención de las prisiones no han ido a la par del crecimiento poblacional penitenciario que para el año 2012 era de 11,709 privados de libertad y este jueves, recién pasado, la cifra alcanzaba los 19,575 presos, distribuidos en 25 cárceles y un anexo.

Estos datos varían constantemente porque mientras unos salen por haber cumplido su pena, otros lo hacen porque no se les encontró culpabilidad y también están aquellos que egresan porque son beneficiados con la preliberación. Al mismo tiempo que unos se van, otros van ocupando su lugar, enviados por los juzgados competentes.

Las primeras manifestaciones del caos ya eran evidentes desde los 90, cuando en la Penitenciaría Central (PC), ubicada en el barrio La Hoya de esta capital, el hacinamiento era dramático y asimismo ya se le había dado cierta autoridad a los denominados rondines para que ayudaran a mantener el orden y castigaran a los internos incorregibles.

Fue el primer síntoma del autogobierno.Para entonces el sistema carcelario estaba bajo la égida de la Secretaría de Gobernación. Ante el hacinamiento en la PC, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas se comenzó la construcción de una nueva cárcel en el sector de Támara, la cual no escapó a la corrupción.

Estas instalaciones permanecieron abandonadas por varios años, hasta que en 1998, luego que el huracán Mitch amenazara con arrasar la PC, y para evitar una fuga masiva, los reos fueron trasladados a la cárcel de Támara, a la cual se le bautizó como Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.

Desde ese año la administración de las cárceles pasó a manos de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional. En abril de 2003, en un amotinamiento, 69 reos perecieron en la prisión de El Porvenir, Atlántida.

En ese entonces Ramón Custodio, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), advirtió que el otorgamiento de autoridad a los rondines para imponer disciplina y castigos significaba que se le había entregado la gobernabilidad a los internos, cuando esa era una responsabilidad de las autoridades de cada penal.

Un año después, en mayo de 2004, un total de 107 internos perecieron en un incendio ocurrido en la celda 19 del penal de San Pedro Sula. Posteriormente en febrero de 2012, en la cárcel de Comayagua se produjo un incendio en el que murieron 362 internos.

A partir de entonces, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa inició la militarización del sistema penal, la que se profundizó en el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Empero las crisis en las cárceles se incrementan y varios coroneles a cargo de las prisiones, sobre todo de la Penitenciaría Nacional, fueron separados por sus vínculos con la corrupción y su colusión con las bandas criminales a lo interno de los reclusorios.

Con los recursos de la Tasa de Seguridad a su disposición, los militares no solo se volvieron guardianes de los presos, sino que también se involucraron en la construcción de cárceles como la de El Porvenir en Francisco Morazán, la cual una parte se derrumbó seis meses después de haber sido edificada, por lo que tuvo que ser reconstruida con más recursos estatales.

De igual manera, cinco millones de dólares (unos 103 millones de lempiras) del botín de 11.2 millones confiscados al Cartel de los Valle fueron asignados al nuevo INP, pero desaparecieron, como sucedió también con más de 10 millones de lempiras destinados para indemnizar a familiares de las víctimas del penal de San Pedro Sula.

En medios de esa corriente de corrupción, las fugas de los reos se incrementaron, una de las más impactantes fue la de Alexis Mendoza, alias “El Porky”.

Asimismo, el ingreso de armas, teléfonos móviles y drogas a las cárceles se volvió cotidiano, se presentaron ejecuciones como la de Magdaleno Meza en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, el 26 de octubre de 2019; la de Ricky Alexander Zelaya, alias “Boxer Huber”, en el módulo de máxima seguridad de Támara el 28 de junio de 2020.

Actualmente, gracias a las armas que tienen en su poder los grupos criminales hoy imponen su voluntad en las cárceles, con teléfonos que poseen imponen la extorsión en la sociedad y la corrupción en los penales, incluso hay unos que le reclaman a unos políticos beneficios ofrecidos por su apoyo en las elecciones generales recién pasadas.

Para la defensora de derechos humanos Sandra Zambrano, la crisis en los centros penales es producto de la falta de políticas públicas para atender la población privada de libertad. En los últimos 16 años hemos visto muertes, quema de centros penales y no ha habido ninguna deducción de responsabilidades, cuestionó.

Ella ve en el nombramiento de una nueva junta interventora un asomo de voluntad política para resolver esos problemas históricos que son macros e insostenibles.

“Siempre ha habido reyertas, pero ahora se han agudizado, no entiendo cómo si están en un centro de privación de libertad cuenten con armas de grueso calibre y se matan entre ellos”.

Ante la falta de capacidad de los militares y policías para manejar las cárceles, ella recordó que se ha mandado a preparar gente a otros países para el manejo de las prisiones, “pero como que hay un interés manifiesto de tener ese caos porque ahí se generan millones de lempiras y la mayoría de los directores y administradores de los centros penales llegan solo a hacerse millonarios”.

Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), recomendó al Instituto Nacional Penitenciario diseñar un plan de trabajo interinstitucional destinado a recuperar el control interno de los centros penitenciarios que ha sido históricamente delegado a los propios reclusos.

Recordó al Estado que toda medida de intervención en el sistema penitenciario en materia de seguridad debe atender problemas estructurales tales como el hacinamiento, establecimientos precarios, falta de control interno, falta de presupuesto adecuado y personal penitenciario, entre otros.

Izaguirre, además, advirtió que el regreso de la autoridad militar a la administración penitenciaria significaría un retroceso grave en materia de derechos humanos

En las 25 prisiones que cuenta el país, más un anexo, hay un registro de 18,279 hombres. De esta población 9,058 están procesados judicialmente y 9,221 ya tienen condena. Las cantidades fluctúan diariamente.

De 1,162 mujeres en las cárceles, un total de 616 féminas están procesadas y 546 ya cuentan con condena. La mayoría de estas privadas de libertad están en el Centro Femenino de Adaptación (Cefas).