En carretera de occidente se repetiría historia del Corredor Turístico: pagar por una obra sin construirse
Debido al incumplimiento del contrato porque se terminó de manera anticipada, el Estado está pagando más de 179 millones de dólares a la empresa concesionaria y la carretera hacia el Atlántico sigue destruida.
Luego de las protestas en el Corredor Turístico, el contrato de concesión no siguió y el Estado sigue pagan por esa carretera, como si se hubiera construido, pese a que sigue destruida.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estado de Honduras está pagando 179.4 millones de dólares, es decir, más de 4,400 millones de lempiras, por no cumplir con la concesión del Corredor Turístico, entre los departamentos de Yoro, Cortés y Atlántida.
La carretera se comenzó a construir en el 2015, pero, luego de una serie de protestas porque el concesionario estaba colocando casetas de peaje sin socialización, el proyecto se declaró fracasado.
La concesionaria Autopistas del Atlántico S.A. de C.V. (Adasa), integrada por las empresas CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras, demandaron al Estado.
La inversión referencial del proyecto era de 98,202,923 dólares, más de 2,400 millones de lempiras, según datos de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP).
Según el informe anual de Alianzas Público Privadas en Honduras de la Unidad de Contingencias Fiscales (UCF) de la Secretaría de Finanzas (Sefin), por la demandan que interpuso el concesionario el Estado está obligado a pagar 179.4 millones de dólares por terminación anticipada.
El compromiso del Estado es pagar 12 millones de dólares por el Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG); por servicio de deuda son 50.5 millones, de los que ya se pagaron 39.4 millones de dólares; y 116.9 millones por terminación de contrato.
Lo anterior significa que las finanzas del Estado de Honduras deben cancelar 179.4 millones de dólares, es decir, más de 4,400 millones de lempiras. Esta cifra es mayor al costo total de la carretera, sin que se haya ejecutado la obra.
Peligro
Marvin Melgar, exdirector de proyectos de la desaparecida Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), advirtió a EL HERALDO Plus que lo mismo que le pasó a Autopistas del Atlántico le podría suceder a la Concesionaria Vial de Occidente (Covsa).
El problema es que si el gobierno no cumple con los contratos, y al final el beneficiado es el concesionario, porque sin hacer las inversiones van a obtener millones de dólares del Estado.
Cuando se paró el proyecto por las protestas en la carretera, la empresa concesionaria comenzó una negociación con la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El proyecto contemplaba la construcción de unos 120 kilómetros de carretera, pero la concesionaria solo logró invertir 42 millones de dólares y demandaron por más de 170 millones de dólares al Estado.
Indicó que si el gobierno decide no cumplir con los proyectos de APP, pone en riesgo la capacidad del presupuesto nacional de la República, porque las demandas que interponen son millonarias.
Esto va en pasivos firmes, como pasivos contingentes, es decir, lo que pasaría es que se llegaría a una deuda altísima, sumando las tasas de interés, que pondrían en alto riesgo al país.
Marvin Melgar, exdirector de proyectos de Coalianza