Honduras: Gobierno licita carretera a occidente, pese a estar concesionada desde 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La carretera entre Chamelecón, Cortés, y La Entrada, Copán, fue concesionada en enero de 2018, pero el contrato nunca fue aprobado por el Congreso Nacional.

Esto ha generado un conflicto legal que afecta directamente a los pobladores del occidente de Honduras debido a que la carretera está destruida y no se ha podido avanzar en recuperarla.

Ahora la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) comenzó a recibir las ofertas de las empresas interesadas en tomar este proyecto por medio de una licitación pública que comenzó desde el mes pasado.

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La licitación indica que realizará la construcción y la rehabilitación de la vía de comunicación, debido a que la actual en muchos sectores es un peligro por el grado de deterioro que presenta.

Documentos en poder de EL HERALDO Plus evidencian que el corredor de occidente, en la carretera CA-4, comprende los tramos entre Chamelecón, Naco, La Ceibita y La Entrada, Copán.

En total son 106 kilómetros de vía que fueron concesionados por la desaparecida Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) a la empresa Concesionaria Vial de Occidente (Covsa S.A. de C.V.), de origen colombiano.

El contrato fue aprobado por el Ejecutivo mediante el PCM 0078-2017 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 2 de enero de 2018, y para comenzar los trabajos solo faltaba que se aprobara en el Congreso por mayoría simple, de 65 diputados.

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Al ser aprobado en el Congreso, debía ser publicado en La Gaceta para su vigencia y comenzar la construcción del proyecto.

El problema se generó con la extinción de Coalianza y el traslado de las responsabilidades de la desaparecida Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), que retiraron el decreto de la Secretaría de Congreso.

El contrato establecía la construcción a cuatro carriles en el tramo Chamelecón-Naco, con una longitud 24 kilómetros, a base de concreto hidráulico, con 20 centímetros de espesor.

Además la rehabilitación a dos carriles desde Naco hasta La Entrada, Copán, de 82 kilómetros, con concreto hidráulico, con 20 centímetros de espesor.

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El compromiso de la empresa que ganó el contrato es darle mantenimiento a los 106 kilómetros por el período de concesión de 25 años.

La concesión al final era por 28 años, ya que en dos años se haría la construcción, se daba un año para el cierre financiero y 25 años de operación.

Para esto, la empresa que ganó la licitación ya tenía listo los fondos de préstamos internacionales, que suman 225,066,601.68 dólares, más de 5,500 millones de lempiras, mismos que el Estado comenzaría a pagar cuando el proyecto comenzara a prestar servicios.

Si bien es una concesión, el modelo de repago no es por medio de casetas de peaje, como el corredor logístico, sino que el Estado pagará 26 millones de dólares por los 25 años que dura el proyecto.

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Según la empresa constructora, este es como un préstamo a largo plazo, lo único que ellos van a construir la carretera y durante todo este tiempo, se van a asegurar que esté en buen estado, con otros servicios que establece el contrato.

El conflicto viene ahora que la SIT busca ejecutar la pavimentación de varios tramos de esta carretera, pero la misma ya está concesionada y la empresa que ganó el proceso solo está esperando que el Congreso Nacional apruebe el contrato para arrancar.

Por ejemplo, ayer la SIT recibió las ofertas de la licitación pública LPN-SIT-027-2022 para el tramo, Naco-Quimistán, en Santa Bárbara, de 28.20 kilómetros.

Para mañana, viernes 21 de octubre, se recibirán las ofertas de la licitación pública LPN-SIT-028-2022 para el tramo Quimistán-Sula, en Santa Bárbara, con un tramo de 23 kilómetros.

Y para el lunes 24 de octubre se recibirán las ofertas de la licitación pública LPN-SIT-029-2022, Sula-La Entrada, entre los departamentos de Santa Bárbara y Copán, para un tramo de 27.90 kilómetros.

EL HERALDO Plus llamó y le escribió al ministro de la SIT, Mauricio Ramos, para consultarle sobre la legalidad de estos procesos, pero no respondió.

Exfuncionarios de Coalianza, que solicitaron el anonimato, explicaron a EL HERALDO Plus que la empresa cumplió con todo lo establecido en el proceso de licitación, incluso, le pagó al Estado todo el proceso de estructuración del proyecto, que fueron 2,205,382.71 dólares, que son más de 50 millones de lempiras.

Cuando Invest-H tomó el proyecto, el contrato fue retirado del Congreso Nacional por razones desconocidas, no llegó a discusión para su aprobación.

La misión de Invest-H, liderada en ese tiempo por Marco Bográn, era gestionar el proyecto y darle continuidad, pero no lo hicieron.

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La fuente indicó que Coalianza, cuando inició el proceso, hizo la conciliación con todas las municipalidades aledañas al proyecto y todos estuvieron de acuerdo porque se necesitaba la ampliación de la carretera.

Indicó que ahora que se está haciendo un proceso de licitación sobre una concesión, se está cometiendo una irregularidad porque ya es un tramo concesionado, con un contrato aprobado, firmado y publicado.

“Aunque no lo haya aprobado el Congreso, ya está firmado, y está publicado en La Gaceta, y el incumplimiento de un contrato trae consecuencias para el Estado, como el pago de indemnizaciones”, advirtió la fuente.

Leo Castellón, de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), expresó que ellos conocieron del proceso de licitación de la carretera CA-4, pero no en qué concluyó.

La proyección del inversionista era construir la carretera en dos años y así asegurar la existencia de una vía segura hacia el occidente.

Por la zona se estima que pasan unos 100,000 contenedores anuales de El Salvador y Guatemala hacia Puerto Cortés y viceversa.

En una nota de Covsa, enviada al titular de la SIT, le explican que ellos hubieran finalizado la ejecución del proyecto desde el año 2020 si el Estado de Honduras, como concedente, hubiera cumplido con el deber de publicar la ratificación del contrato de concesión.

Esto ha generado graves daños y perjuicios a la empresa concesionaria, así como a las personas que habitan a lo largo de esta vía y a los usuarios.

En la misiva establece que Covsa desde el 2017 cumplió con todos los pagos por estructuración del proyecto y demás conceptos referidos en el contrato de concesión.

Para la empresa concesionaria, este tipo de acciones por parte del gobierno genera inseguridad jurídica, provocando que se ahuyente la inversión extranjera que necesita el país.

Este corredor de occidente es de las carreteras más dañadas que ha tenido el país en los últimos años y la población ha clamado porque les ayuden a repararla.

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EL HERALDO Plus recorrió esta vía cuando habían enormes baches y fallas en algunos sectores, afectando el tránsito de los vehículos livianos y pesados, además del comercio, al ser una vía de comunicación internacional y turística.

En los últimos años se han hecho trabajos de bacheo en varios tramos de esta carretera, pero no hay aún una solución definitiva.