Crisis en el Congreso amenaza estabilidad del Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La estabilidad del Ministerio Público (MP) se tambalea luego que ayer una Comisión Permanente del Congreso Nacional nombrada por Luis Redondo, presidente de la Junta Directiva del Legislativo, volvió a intentar imponer por la fuerza a los titulares de la Fiscalía al nombrar a un fiscal general interino.

A pocas horas para que se clausurara el período de sesiones 2023, en un claro desafío a la legalidad, la noche del martes Redondo nombró a nueve diputados como miembros de una Comisión Permanente para el receso del período legislativo. La comisión surge sin que se haya realizado la última sesión del pleno parlamentario y sin haberse clausurado el periodo legislativo.

“Esa elección interina es ilegal, no se puede sustituir lo que dice el artículo 233 de la Constitución de la República que el fiscal general y el fiscal adjunto se eligen con dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, es decir 86 votos”, explicó el abogado Kenneth Madrid, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La comisión que también es presidida por Redondo procedió este miércoles a elegir interinamente a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto. Estos nombramientos, para los profesionales del derecho, no tiene ninguna legalidad, pero suma a una crisis que no encuentra salida.

La tarde del pasado miércoles la Comisión Permanente, que para el abogado constitucionalista Oliver Erazo es ilegal, procedió a nombrar y juramentar a Zelaya y a Morazán como fiscal general y adjunto respectivamente, procediendo de inmediato a juramentarlos, mientras afuera de Palacio Legislativo se recrudecían los enfrentamientos entre diputados, colectivos de Libre y policías preventivos.

El Ministerio Público no le debe obediencia a fiscales nombrados de manera interina por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, aseguró Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista.

Sostuvo que “todos los fiscales del país, todas las Fiscalías no pueden obedecer una sedición ilegal que está cometiendo la Comisión Permanente”.

Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña no descartó una crisis legal en el país y a lo interno del Ministerio Público.

“El Ministerio Público le debe obediencia a Daniel Sibrián porque él es el fiscal. Hasta el momento no ha habido ningún cambio. Aquí se haría una crisis, se lo digo, porque dejarían en disyuntiva a los fiscales, yo creo que ellos son respetuosos de la ley y no hay ausencia alguna”, apuntó.

El artículo 208 de la Constitución hondureña, en el numeral 11, especifica que la Comisión Permanente del Congreso Nacional puede hacer uso de sus facultades para nombrar autoridades de manera interina en caso que no existan representantes en el entre investigador.

“Elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”, dice el inciso sobre las facultades de la Comisión Permanente.

Sin embargo, Sibrián, anteriormente fiscal adjunto, asumió el cargo de fiscal general amparado en el artículo 80 de Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que, cuando no se han elegido los sustitutos de los funcionarios electos por el Congreso, aunque ya hayan terminado sus periodos, deberán permanecer hasta que el parlamento determine a través de una elección en segundo grado, a los nuevos.

“Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”, específica.

Además, en enero de 2016, los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Jary Dixon y Jorge Cálix, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 80 de la Ley del Congreso, porque entraba en conflicto con el artículo 233 de la Constitución de la República, que determina que el periodo de las autoridades del Ministerio Público es de cinco años.

No obstante, el fallo por unanimidad de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, emitido en 2017, respalda al actual fiscal general para ocupar la titularidad del Ministerio Público.

“El artículo 80 de la Ley Orgánica del CN no vulnera ningún artículo Constitucional”, señala la sentencia, por lo que en 2017, la Sala de lo Constitucional, como último intérprete y definitivo de la carta magna, declaró sin lugar el recurso promovido por Dixon y Cálix.

El fallo aclara que el artículo 80 “regula situaciones excepcionales y provisionales, constituyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del Estado y el Estado mismo”.

Tras el zarpazo al Ministerio Público, los 74 diputados de oposición se declararon en alerta y sesiones permanentes, para defender la institucionalidad.

“Hoy en un hecho sin precedentes en defensa de la democracia, del pueblo hondureño, las bancadas del PL, PSH y PN, de manera unánime, decididos y comprometidos con nuestra patria”, anunció Jhosy Toscano, jefe de bancada del PSH.

Anoche, las tres bancadas de oposición se autoconvocaron en sesión extraordinario, a fin de presentar y discutir un decreto para fortalecer el MP y proteger su institucionalidad.

Los diputados dejaron sin efecto el nombramiento de los interinos.

La amenaza a la institucionalidad del Ministerio Público comenzó el pasado 29 de agosto de este año cuando los diputados no fueron capaces de lograr un consenso para la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, de una nómina de cinco candidatos enviados por la Junta Proponente el 1 de agosto reciente.

La bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) presentó la propuesta de Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal adjunto, mientras que el Partido Salvador de Honduras (PSH) nominó a Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto.

Ninguna de las dos mociones alcanzó los 86 votos que ordena a la Constitución, pese a que se realizaron cuatro intentos, en dos diferentes sesiones.

La última noche (31 de agosto), Luis Redondo leyó una extensa disertación desconociendo la continuidad de Óscar Chinchilla como fiscal general y de Daniel Sibrián como fiscal adjunto, a la vez que anunciaba que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, sería reforzada.

Desde ese momento el Legislativo entró en crisis que no solo amenaza la funcionalidad de la Fiscalía, sino que pone en precario la democracia.

La jugada de Redondo no tuvo mayor impacto ya que Santos -ante el retiro de Chinchilla- terminó reconociendo a Sibrián como cabeza del Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 232 de la Carta Magna, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Congreso Nacional, el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público y basado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional.