Honduras, un país mortal para ambientalistas y defensores de los territorios ancestrales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los acusan de estar contra el progreso, los amenazan, los encarcelan, los asesinan, pero, aun así, dado su alto nivel de conciencia, decenas de ambientalistas y defensores de la tierra continúan en la peligrosa tarea de proteger los bosques y su biodiversidad, así como las fuentes de agua, las quebradas y ríos.

La extracción de madera, a través de planes de manejo extendidas por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y de metales y no metales autorizados por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) mediante concesiones vienen generando en el país enormes desastres ecológicos y una violenta conflictividad que tiene un alto costo para los ambientalistas y los defensores de los territorios ancestrales.

Sobre el número de personas caídas defendiendo la naturaleza en las tres últimas décadas, no hay datos precisos, muchos de los casos pasaron desapercibidos. Tampoco los hay de manera concreta sobre aquellos amenazados, criminalizados y encarcelados.

No obstante, la historia muestra que la persecución, secuestro y asesinato de los ambientalistas se desató a mediados de la década de 1990. Desde entonces la violencia contra ellos no ha cesado y los gobiernos no han hecho nada a pesar de que la Corte Internacional de los Derechos Humanos, con sendas sentencias han responsabilizado al Estado por tales crímenes, obligándolo a pagar cuantiosas indemnizaciones.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra 11 ambientalistas y defensores de la tierra asesinados en el 2021 y 9 en lo que va del 2023, por cuidar lo que por heredad natural les pertenece, sin que hasta este día haya capturas de los autores intelectuales y materiales, lo cual refleja un Estado que prima lo económico por sobre la vida.

Y es que las concesiones mineras, los planes de manejo de bosques y muchos proyectos hidroeléctricos, entre otras, otorgados por el Estado, sin consultar a las comunidades solo ha llevado discordia, luto, desastres ambientales y contaminación a muchos sectores del país.

Resulta contradictorio que mientras el cambio climático golpea severamente, causando sequías, deslaves, inundaciones, desbordamientos de ríos, y altas temperaturas e inseguridad alimentaria, los protectores del planeta son brutalmente asesinados, secuestrados, desaparecidos, amenazados, intimidados, hostigados, criminalizados y encarcelados.

Estas personas por lo general de origen humildes, conscientes de la protección de sus tierras y recursos naturales, son blanco fácil de grupos armados y de pistoleros que poseen algunos extractores de minerales, explotadores del bosque y de los recursos hídricos, que actúan confabulados con políticos mafiosos.

¿Vale la pena morir por proteger el ambiente, el agua, el planeta? Se le consultó al ambientalista Reynaldo Domínguez y su respuesta fue: “es cuestión de conciencia. La vida por la vida”.

Para Domínguez su labor en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro y la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía- ubicados en Tocoa, Colón- ha tenido un alto costo ya que además de haber sido encarcelado, sus hermanos que lo acompañaban en la lucha, Alí Domínguez fue asesinado el 7 de enero, lo mismo le pasó a Óscar Oquelí Domínguez el 15 junio de este año.

Recordó que seis meses del asesinato de su hermano Oly, dos sicarios entraron a la casa de su hermano Oquelí y lo acribillaron. Las balas también alcanzaron a su madre, sin embargo, ella se salvó de morir en la acción criminal. “Hemos tenido momentos muy tristes”, lamentó.

Denunció que el proyecto minero de la empresa Pinares, que supuestamente explota óxido de hierro y otros metales del cual el Estado no lleva ningún control y registro, ha contaminado los ríos Guapinol y San Pedro, y amenaza con romper gran parte de la montaña de Botaderos y por su oposición a ello “nos criminalizan y nos llaman enemigos del desarrollo”.

Detalló que son 32 personas llevadas a los tribunales de justicia, incluso en la judicialización hay un muchacho sordomudo que murió hace seis años atropellado por una motocicleta, pero “era tanta la sed de la empresa de meter gente a la cárcel que lo incluyeron en el proceso judicial y seguro que estuvo preso con los últimos 8 compañeros que permanecieron en prisión tres años”.

De los 32 ambientalistas, 21 estuvieron en prisión; primero 13 por un periodo de 15 días y luego ocho por tres años, a pesar de que los organismos de derechos humanos internacionales dijeron que esa era una detención ilegal. Es que nuestra lucha ambiental sea como sea es legítima, expresó Domínguez.

Entre tanto, para Adalinda Gutiérrez, defensora del ambiente en Marcala, La Paz, la labor de velar por los recursos naturales se ha vuelto muy peligroso, sobre todo cuando no hay un apoyo del Estado. Ni el gobierno anterior, ni el actual se preocupan por el ambiente, más bien hoy que se formó una Comisión Agraria se han agudizado las agresiones.

En Marcala hay una comisión de ambiente y una plataforma ambiental departamental. Pero, “aquí es como pecado, como delito defender la tierra, el bosque y el agua. A las autoridades locales, departamentales, nacionales no les interesan los daños, más bien se ponen en contra de los defensores y defensoras”, lamentó.

Ella percibe persecución, criminalización, discriminación, ofensa, odio, rabia de parte de las autoridades contra los ambientalistas. Eso nos da tristeza. Aquí hay un plan de manejo autorizado para Chusmuy y lo están desarrollando en Planes de Marcala, pero para desorientar dicen que están en El Borbollón. Este plan de manejo está parado por acción de la comisión ambiental de Marcala, expuso Gutiérrez.

La persecución, secuestro y asesinato de ambientalistas se desató desde mediados de la década de 1990. El primer caso que sacudió al país fue el asesinato de Blanca Jeannette Kawas, presidenta de la Fundación para la protección de Lancetilla, Punta Sal ocurrida el 6 de febrero de 1995. Posteriormente, el 18 de octubre de 1997 el reconocido ambientalista y defensor de los derechos humanos Carlos Escalera fue acribillado en su negocio en Tocoa, Colón.

Luego, el 18 de mayo de 1998 Carlos Antonio Luna, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) fue balaceado al salir la municipalidad de Catacamas, muriendo en el trayecto al hospital. El 20 de diciembre del 2006 fueron ejecutados los jóvenes ambientalistas Francisco Eraldo Zuniga Ramos y Roger Iván Murillo, en el municipio de Guarizama, Olancho. Se responsabilizó del hecho a miembros de la policía, pero no hubo castigo.

Asimismo, están los casos de Adalberto Figueroa, miembro de MAO, emboscado y asesinado el 8 de mayo de 2010. El 3 de marzo de 2016 ultimaron a la ambientalista Berta Cáceres. Los asesinatos aumentaron en la pasada década y continúan en la presente. Entre las víctimas hay de las etnias pech, tolupan, lenca, chortíes, garífunas y misquitos.

Aún en la actualidad son blancos de constantes amenazas por defender un planeta, que según los científicos, cada vez se calienta más debido a los daños continuos del ambiente y por la contaminación industrial, entre otros factores.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su más reciente Informe de la Situación de los Derechos Humanos en Honduras describe que solo en el 2022 documentó 173 casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que dejaron como saldo 242 víctimas, de éstas 147 (60.7% fueron contra defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente.

En su informe destaca que tres de cada cuatro ataques fueron contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente, “cifra que evidencia su extrema situación de riesgo”. El 24.8% de las personas defensoras víctimas de agresiones entre 2021 y 2022 son afrohondureñas, lo que demuestra un impacto desproporcionado contra una comunidad que representaría el 0.7% de la población”, precisa el documento.

Asimismo, relata que en 2022 la OACNUDH documentó 11 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y 3 periodistas. “De estas víctimas, 6 (42.9%) estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente”.

Naciones Unidas indica que la conflictividad socioambiental y su impacto agravado sobre todo en los pueblos indígenas y afrohondureños es generada por la inseguridad en la tenencia de la tierra y la limitada capacidad institucional para decidir los derechos de propiedad y la superposición de títulos privados sobre títulos ancestrales. A ello se suma la existencia de un modelo de desarrollo económico basado en la industria extractiva profundizado en los últimos 12 años.

La Oficina de la ONU ha documentado que este modelo se vio impulsado por procesos de licenciamiento ambiental expeditos durante la última década que no solo excluyeron la consulta y consentimiento libre de los pueblos, sino que también han estado desprovistos de una efectiva evaluación y supervisión de los impactos ambientales.

Debido a esta situación, en Honduras como en el resto del mundo, se enfrenta a la desaparición progresiva del patrimonio de pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo sus lenguas, tradiciones, cultura e historia, dice el informe.

A la OACNUDH le preocupa la práctica recurrente del uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras, sobre todo aquellas dedicadas a la defensa a la tierra, territorio y el medio ambiente. Precisa que los tipos penales utilizados con mayor frecuencia son “usurpación”, “alteración de términos y linderos” y “daño a la propiedad privada”.

Un ejemplo es el caso de las 29 personas integrantes del Consejo Indígena Lenca de Nueva Palestina, en San José, La Paz, quienes, en el marco de su labor de defensa del territorio, fueron acusadas en mayo 2022 por supuesto delito de usurpación agravada y alteración de términos o linderos por un particular, establece el documento.

A criterio de la ambientalista paceña María Felicita López, una de las situaciones difíciles que se está viviendo en el departamento de La Paz es la criminalización y persecución que se sigue dando por la defensa del territorio.

Casualmente el vienes de la semana pasada se detuvieron seis compañeros de Llano Largo, San José, del Consejo Indígena Nueva Palestina, donde ellos ya tienen un título ancestral y el Instituto Nacional Agrario (INA) otorgó otro título al terrateniente encima del otro título. Debido a eso ahora hay detenciones arbitrarias.

Antes de estas personas, anteriormente se habían criminalizado a 32 personas, incluyendo nueve mujeres con sus bebes recién nacidos. Hay procesos judiciales en curso y “eso nos preocupa”, dijo López, exigiendo además el esclarecimiento del asesinato que el asesinato de su compañero Félix Vásquez.

Sobre el apoyo del destartalado mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos, sostuvo que las respuestas han sido pocas, obligando a varias víctimas de amenazas a salir del país.

Recordó que en marzo de este año sufrió un atentado contra su vida y le dijeron que le iban a nombrar un escolta policial, que iban a llegar a su casa a tomar la denuncia y nunca aparecieron. Lo mismo ocurrió con Félix Vásquez quien fue a interponer la denuncia sobre las amenazas que estaba recibiendo, pero no se las quisieron tomar hasta que lo asesinaron, criticó.

Por otro lado, el defensor ambiental Olvin Vásquez, del sector de Llano Largo, aseguró que las intimidaciones y el hostigamiento que viven en otro sector de la zona es porque el Instituto de Conservación Forestal (ICF) le extendió a una empresa asociativa campesina la explotación de un bosque que está en proceso de regeneración luego de ser afectado por el gorgojo descortezador.

El plan de manejo actualmente está parado por presión de la comunidad esto hace que los explotadores del bosque “lo ven a uno como enemigo. Ahora uno ya no puede andar tranquilo en su comunidad, porque siempre habrá gente que por un par de pesitos es capaz de cualquier cosa”. Lamentablemente la institucionalidad no está tomando acciones y le está dando largas al conflicto, deploró Vásquez.

Vía teléfono, EL HERALDO buscó la versión de Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y mi Ambiente, para ver como esta entidad está tratando la temática de los daños que está causando la extracción de madera y de minerales en varias zonas del país, sin embargo, el funcionario no respondió.