Ley obliga a Gobernación a presentar informe de liquidación de los kits sobrevalorados por ONG

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) está en la obligación de auditar y liquidar los fondos que gestionó a favor de la Organización No Gubernamental (ONG) para comprar los kits escolares sobrevalorados, según la ley.

Aunque la Secretaría de Gobernación se intentó desmarcar de la compra de los paquetes escolares, al exhortar en un comunicado al “Poder Legislativo a la brevedad posible realizar auditoría de todos los fondos entregados a ONG a través de los honorables congresistas”, la legislación es precisa sobre su responsabilidad.

El artículo 62 numeral cinco del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2023 ordena presentar un informe de liquidación a la institución a cargo por el uso de estos recursos.

“Al finalizar la ejecución, la institución ejecutora debe proceder a la presentación del informe de liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas, entregando copia a la Secretaría de Finanzas y Congreso Nacional”, según la normativa.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus reveló que Gobernación autorizó una partida de 1.5 millones de lempiras a la ONG Ayudando con Amor para la adquisición de 350 kits escolares. Horas después de la publicación, la secretaría aclaró que el dinero también abarcaba otros proyectos, aunque admitió que asumía cualquier error al proporcionar la información.

Los fondos que utilizó la SGJD para beneficiar a una ONG que terminó sobrevalorando kits escolares forman parte de una partida presupuestaria de 950 millones de lempiras exactos aprobada en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023.

El Congreso Nacional estipuló, a través del artículo 292 de la ley de Presupuesto General 2023, gestionar los fondos a través de cinco instituciones: el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización; y el Instituto de Crédito Educativo (Educredito).

El dinero, según ese mismo artículo, estaba destinado para “desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros”.

En tanto, en el Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023 se obliga a las instituciones antes referidas a liquidar de forma transparente los recursos asignados.

Así quedó estipulado en el artículo 61 tanto como el 62 de ese reglamento, donde se profundiza sobre el procedimiento a seguir para la ejecución de los fondos.

“Cada institución responsable de la ejecución de los fondos reportará mensualmente los recursos asignados, su ejecución y la disponibilidad, así mismo deben publicar en el portal de transparencia la información correspondiente”, señala el último fragmento del artículo 61.

Estas instituciones, según el artículo 62, deben haber creado una gerencia administrativa exclusiva para la gestión de estos fondos, bajo la denominación “Gerencia para Desarrollo de Proyectos autorizados en el artículo 292 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023”, con el propósito de ejecutar, dar seguimiento y liquidar en forma transparente los recursos.

Las organizaciones o las asociaciones interesadas deben solicitar los fondos a la institución seleccionada, la cual debe evaluar y aprobar la propuesta. Esta institución, a su vez, debe remitir oficio de solicitud de incorporación presupuestaria, dirigido a la Secretaría de Finanzas.

En la solicitud debe adjuntar: listado de obras de infraestructura menor, obras sociales o becas (según sea el caso), FMP-04 detallando las estructuras presupuestarias a incorporar y ficha de identificación por cada una de las obras.

El numeral cinco de este artículo es todavía más específico en cuanto a la liquidación de los recursos y el papel de la institución ejecutora.

“Al finalizar la ejecución, la institución ejecutora (en este caso la Secretaría de Gobernación) debe proceder a la presentación de un informe de liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas y el Congreso Nacional”, detalla la normativa.

Incluso, el siguiente párrafo del mismo artículo 62 señala que si los proyectos están orientados a inversión pública, para “efectos de transparencia, las instituciones ejecutoras deberán enviar toda la información solicitada por la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaria de Finanzas”.

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante un comunicado, trasladó la responsabilidad de auditar los fondos que utilizó la ONG Ayudando con Amor para comprar kits escolares al Congreso Nacional.

En el documento se excusó que la información que la Unidad de Transparencia de la SGJD envió a EL HERALDO estaba incompleta, asumiendo así su responsabilidad en el traslado de documentos.

Por su parte, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, fue abordado vía mensajes sobre este caso previo a la denuncia, pero no respondió. Tras la publicación, accedió a intercambiar textos con el primer argumento para negar la sobrevaloración de los kits escolares de la ONG.

“En Transparencia no incluyeron el costo de reparación de costos carreteros, esa información la subieron mal sin el detalle que le he indicado anteriormente, Finanzas hace una pequeña descripción, Finanzas no hizo los detalles, pero en los documentos de solicitud de fondos está toda la información”, argumentó el titular de Gobernación.

Vaquero se amparó en que la información que la Secretaría de Gobernación le envió a Transparencia para que le entregara a EL HERALDO está inconclusa y que en realidad el proyecto de kits escolares también tenía otro apartado para tres tramos carreteros por el monto de 1.5 millones de lempiras, pero que su personal lastimosamente no detalló con claridad.

“Estamos viendo lo del desembolso de los kits y a la par hay obras adicionales que no informa el medio, a la par de ese 1.5 millones de lempiras se reporta mantenimiento de tres tramos carreteros; en suma los kits son únicamente 101,272 lempiras”, detalló Vaquero, en un mensaje que le envió otro funcionario a él y que él reenvió a EL HERALDO.

Argumentando que todo fue un error, el secretario de Gobernación envió una captura de pantalla que detalla el proyecto del tramo carretero, pero solo era un párrafo y de lo que no hablaba era de la vinculación con los fondos entregados a la ONG para los kits escolares.

“Pago de tercera estimación del proyecto mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada de tramos aldea Terrerito-Tramo la Tembloza-Tramo aldea El Pataste, municipio de Catacamas, departamento de Olancho”, detallaba la captura de pantalla enviada por Vaquero.

El funcionario también envió una captura del desembolso de Finanzas por los dos proyectos en los que Gobernación le dio fondos, ahí se detalla a cabalidad que cinco millones de lempiras fueron para “construcción de centro comunal-Guapinol, en el municipio de Marcovia, caja puente Barrio El Edén Choluteca”.

En las especificaciones de los 1.5 millones de lempiras destinados para los kits escolares solo detalla “pago de ayuda social”, sin mencionar ningún tramo carretero.

“Mire es que Finanzas se hace una pequeña descripción, pero ahí están los montos globales sin descripción alguna”, dijo Vaquero.

Vaquero sostiene que el dinero no es de Gobernación, sino del Congreso Nacional, que gestionó esos fondos para que instituciones pudieran realizar proyectos sociales y en ese se incluyó a esa secretaría.

Al ser cuestionado sobre por qué utilizaron esa ONG que nunca ha presentado estados financieros, no respondió a la interrogante.