TSC investigará sobrevalorada compra de boletos aéreos para Baltasar Garzón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará un proceso de investigación en relación a la compra de boletos aéreos sobrevalorados para traer al polémico jurista español y asesor del gobierno de Honduras, Baltasar Garzón.

La adquisición de los pasajes aéreos con vicios de corrupción, realizada por la Secretaría de Planificación y Estrategia (SPE), también causó repudió y organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH. Ambas organizaciones de la sociedad civil cuestionaron los controles con los que se están manejando los fondos públicos.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló que a través de una agencia de viajes se compraron tres boletos de avión para el jurista Baltasar Garzón, Aitor Martínez y Abel Torres a un precio que superaba los 607 mil lempiras.

Este rotativo realizó varias cotizaciones para comparar el costo de un viaje con ruta Madrid-Palmerola-Madrid -con 13 días de anticipación- con el precio que pagó la SPE, evidenciando que había una sobrevaloración.

Se desconoce los honorarios que recibió el polémico exjuez por su conferencia y si tiene un sueldo asignado como asesor del gobierno.

La visita de Garzón -una figura internacional envuelta en polémica tanto a nivel interno como externo- a Honduras obedeció a que era conferencista de un foro sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y defensa de la soberanía, desarrollado el pasado 18 de diciembre de 2023.

Se buscó una respuesta directamente con Ricardo Salgado, titular de la SPE, pero solamente leyó los mensajes sin brindarles respuesta.

La Dirección de Participación Ciudadana del TSC inició un proceso de investigación para deducir responsabilidades en la compra de los tres boletos aéreos sobrevalorados, mismos que fueron adquiridos por la SPE para recibir el mes pasado al exjuez español.

Actualmente, el pleno de magistrados del TSC está incompleto por la salida de Roy Pineda, quien cesó de su cargo para integrarse como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que los dos restantes no están facultados para ordenar procesos de investigación.

Pese a esto, desde el departamento de comunicación del TSC se anunció que la Dirección de Participación Ciudadana tomó el caso para definir si será por medio de oficio que se realice la investigación que llevaría a concretar diferentes auditorías para profundizar en el caso.

El trabajo de investigación realizado por la EL HERALDO Plus causó eco en el TSC, que desde ya comenzó con una serie de lineamientos encaminados a desenmascarar cómo se están gestionando los fondos públicos en la SPE y, específicamente, en la compra de los boletos de avión que tenían un precio unitario de 202,351 lempiras. Por los tres boletos aéreos la SPE pagó más de 607 mil lempiras.

En las cotizaciones realizadas por este equipo el costo por cada boleto no superó los 30 mil lempiras.

En relación a la polémica compra de boletos sobrevalorados, Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, condenó los actos de corrupción que emanan desde las diferentes instituciones del Estado, la secretividad en los procesos de compras, falta de auditoría y el manejo a discreción de los fondos públicos.

“Este tipo de falencias, sobrevaloraciones y este tipo de acciones reñidas con la ley, precisamente porque estamos hablando de fondos públicos que se están apropiando, sobrevalorando, que se están ejecutando de una mala manera, esto debido a la falta de controles internos que tienen muchas de las secretarías de Estado”, argumentó, en diálogo con la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Aguilar denunció el uso discrecional de los recursos en compras porque “se han cambiado, incluso, procedimientos, políticas y se están omitiendo en algunos de los casos a pesar de que existen, estamos viendo esa mala utilización de esa figura desde las posiciones de poder”.

Explicó que es preocupante la falta de rendición de cuentas donde se accede a muy poca información y “se queda corta o en otra ocasiones no existe; ya lo hemos visto en los diferentes viajes, hemos querido saber a detalle, por qué solo publican a grandes líneas. Está el tema del viaje a Dubai, que era una comitiva bastante grande”, dijo.

Aguilar argumentó que existe colusión al no conocer quiénes son los proveedores del Estado y recordó que la misma SPE compró boletos aéreos a una ferretería -investigación realizada por EL HERALDO a inicios de 2023-, en una dinámica que representa limitantes en detrimento de los fondos públicos de la ciudadanía hondureña.

Desde ASJ, Aguilar lamentó “que no existan esas prácticas de transparencia, anticorrupción y, sobre todo, que aún cuando medios como EL HERALDO realizan este tipo de denuncias, prácticamente la institucionalidad no responde y no deduce responsabilidades, administrativas, civiles o penales contra las personas que han estado involucradas”.

En relación a los viajes de asesores con gastos pagados pidió “esclarecer de qué líneas presupuestarias salen estos gastos, si son de partida confidencial muy difícilmente se va tener acceso, es parte de las prácticas que no han tenido a bien en este gobierno, se sigue viviendo la Ley de Secretos”.

Además, cuestionó que no existen informes o resultados visibles de los trabajos que realizan los asesores que vienen a Honduras “o simplemente vienen a vender ideas que quizás implementaron en gobiernos de otros países y al final de cuentas son un fracaso”.

Desde ASJ se hizo un llamado a las instituciones de control como el Ministerio Público (MP), TSC, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP): “Pongan el dedo en el renglón, no es posible que se esté trabajando, omitiendo la transparencia o cláusulas de anticorrupción y que simplemente se esté utilizando la administración pública como una hacienda sin controles, y si fallan, ahí deben entrar las instituciones de control”, sugirió.

Por su parte, Aníbal Cálix, miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras), condenó la falta de transparencia por parte de las instituciones del Estado que no permiten tener la información concreta de este tipo de compras, ocasionando que la interpretación de los gastos sea realizada por la ciudadanía.

“Definitivamente que este es un gasto excesivo, hay que señalar que seguimos en el país con un problema de transparencia en la información pública, toda esta información debería estar disponible al detalle para que uno pueda realizar análisis completos de los fondos que se están ejecutando”.

Cálix comentó que el año pasado viajó en dos oportunidades a España y que “un boleto (cuesta) de 1,000 a 1,200 dólares; estos boletos están mucho más alto, a menos que se viajara a través de Estados Unidos en las mejores clases para medio acercarse a lo que pagaron”.

El analista explicó que para Honduras este tipo de erogaciones son un despilfarro de dinero y que no son montos acordes a nuestro país. “No hemos mejorado, quitamos la Ley de Secretos, pero no funciona ninguno de los procedimientos, no funcionan las páginas de transparencia, están caídas, las solicitudes de información se tardan meses; desafortunadamente no hemos mejorado, hemos empeorado”, cuestionó.

Reiteró que el principio de la lucha contra la corrupción es la transparencia, por eso “tenemos que mejorar, mientras tanto va ser un problema de la sociedad interpretar los pocos datos disponibles y un gobierno tratando de dar argumentos que están haciendo las cosas bien, pero eso se debe comprobar”.

Hasta el momento, la SPE no ha dado respuestas sobre la onerosa compra de boletos aéreos, cuyos precios estaban por encima de las cotizaciones realizadas por este equipo de investigación, incluso, hasta cinco veces más de los precios que dieron agencias de viaje consultadas.