Partido Libre también va por el control de la universidad Pedagógica
La Comisión del Legislativo desconoce la resolución del Consejo de Educación Superior, recomienda que el CNE dirija el proceso electoral en la Pedagógica y propone inhabilitar a las actuales autoridades
La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es ahora la institución de educación superior en la mira de los políticos de Libre.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el 2023 el partido Libertad y Refundación (Libre) pasó a controlar la administración de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ahora va por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
El año pasado, un grupo de empleados y algunos docentes de la Universidad Pedagógica pidieron al Congreso Nacional una intervención, alegando que las autoridades universitarias actuales estaban de forma ilegal.
Sin embargo, la continuidad de estas autoridades por un período de un año fue autorizada por el Consejo de Educación Superior (CES). Esta instancia nombró una comisión para que en ese mismo período acompañe un proceso de reforma del Estatuto de la UPNFM que permita impulsar los cambios necesarios que ayuden a mejorar el funcionamiento de esta universidad.
En las reuniones de la Comisión de Educación del Congreso Nacional ciertos diputados de Libre exigieron una intervención directa a esta universidad.
Al final se decidió desconocer el acuerdo del CES -que ampliará el período de las actuales autoridades universitarias mientras se realizan las reformas al estatuto- optando por la ejecución de un proceso de elección de las nuevas autoridades, liderado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad meramente política.
Esta propuesta será someterá a discusión y aprobación del pleno del Legislativo una vez se reinicien las sesiones ordinarias. EL HERALDO buscó la versión de Hermes Alduvín Díaz, rector de la UPNFM, quien pese a todo no quiso referirse a la acción del Congreso Nacional.
Duración en la carga
Según las conclusiones de la Comisión de Educación del Legislativo, el estatuto de la UPNFM en el artículo 18 expresa claramente que “El rector durará tres años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez”.
Lo anterior es claro y significa que la persona que ocupa el cargo de rector de la institución tendrá un mandato de tres años, durante los cuales desempeñará las responsabilidades y funciones asociadas al cargo de rector, y que después de completar su primer mandato de tres años el rector tiene la posibilidad de ser reelegido para un segundo mandato, pero no más allá de eso.
El estatuto es enfático al establecer que el rector de la institución educativa tiene un límite de dos mandatos consecutivos, lo que significa que podría desempeñar el cargo durante un máximo de seis años y luego debe cesar en el cargo que ocupará otra persona.
En el Artículo 19 del mismo estatuto, en el literal b, expresa que son atribuciones del rector “convocar y presidir las sesiones del Consejo Superior Universitario, del Consejo Directivo, de la Rectoría y del Consejo de Desarrollo Institucional, así como de ejecutar sus resoluciones” .
Por tanto, tiene la responsabilidad de convocar a reuniones regulares de varios órganos de gobierno y toma de decisiones dentro de la universidad. Esto implica dirigir el desarrollo de la reunión, mantener el orden del día, moderar el debate y garantizar que se sigan los procedimientos adecuados para tomar decisiones.
Habiendo observado la carga documental y las entrevistas de diferentes actores de la Universidad Pedagógica Nacional, se concluye que el periodo del actual rector venció en febrero del año 2023, por lo tanto, resulta necesaria la elección de nuevas autoridades, dice el documento.
Recomendaciones
La Comisión Legislativa recomienda que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el ente encargado de convocar a elecciones para elegir las nuevas autoridades de la UPNFM. Se propone que el CNE dirija el proceso, lo supervise y dé los resultados del mismo.
“Siendo esencial que el CNE, como órgano independiente, lidere este proceso, garantizando la transparencia, imparcialidad y actuando como ente responsable de la veeduría y desarrollo del proceso electoral”, menciona parte del documento.
La convocatoria y el proceso electoral debe realizarse en un tiempo máximo de 60 días, siendo los meses de enero y febrero del año 2024 los más idóneos para llevar a cabo el comprometido, con el objetivo de asegurar la organización y celebración de las elecciones en un tiempo prudencial.
El Consejo Nacional Electoral deberá elaborar un calendario que indique las fechas clave del proceso electoral, como la apertura del registro de candidatos, el período de campaña, la votación, la proclamación de resultados y dejar las autoridades instaladas, labor que deberá realizarse en un período no mayor de 45 días.
Se pide inhabilitar por esta única vez participar en el proceso de elección de autoridades a todas las personas que aún venciendo el período para el cual fueron electas (junio 2023) continuaron ejerciendo sus cargos desde el nivel de rectores, vicerrectores, directores de centros regionales, decanos, jefes de departamento académicos, secretario de departamento y directores especiales.
Igualmente, se sugiere que todo lo accionado durante el tiempo que “fungieron ilegalmente las autoridades actuales deberán ser revisadas por las personas electas en el proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral, el cual al final deberá presentar al Congreso Nacional un informe del proceso realizado”.
Politización
Joshy Toscano, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), repudió una posible intervención directa o indirecta de la UPNFM.
La UNAH está secuestrada, ahora la Universidad Pedagógica está en el mismo camino, dijo. “¿Hasta qué momento los políticos irresponsables van a entender y respetar que la educación tiene que ser gratuita, abierta, sin discriminación, sin imposición?”, cuestionó.
Toscano condenó lo que pasa en la Autónoma y en la Pedagógica, donde “los intereses, los caprichos de los grupos, de los políticos, siguen anteponiéndose, metiendo su mano para beneficios personales”.
Desde el año 2005, cuando la UNAH -ente rector de la educación superior- inició un proceso de transición, las universidades oficiales habían evitado la politización, empero con la llegada de Libre al poder el fenómeno resurgió.
La primera en caer, entre mayo de 2022 y febrero de 2023, fue la Unag, ubicada en Catacamas, Olancho, luego que una Comisión de Acompañamiento, nombrada por el Congreso Nacional y dirigida por Odir Fernández en representación de la UNAH, la dejara en manos de Libre.
Ahora en esta entidad nada se mueve sin el consentimiento de los políticos de Olancho. Ellos, sus esposas y otros parientes son los que deciden qué activista debe ser empleado en la universidad, además son los que ordenan entregar las licitaciones a personas a fin al partido y hasta mandan a las abogadas y abogados del departamento legal a negociar millonarias demandas judiciales, causándole un enorme perjuicio económico a la institución, según conoció este rotativo.
En febrero de 2023, Fernández, aduciendo el resultado de una maestría que dirigió en la UNAH, envió al Congreso Nacional un borrador de ley de extradición. Diversos sectores inmediatamente calificaron a Fernández como “un mandadero” de los políticos de Libre que temen ir a parar a una prisión de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico.
En diciembre de 2023, Libre impuso a Fernández como rector de la UNAH; para ello controló a los miembros de la Junta Dirección Universitaria (JDU) Osman Martínez, Raúl Figueroa, Mauricio Díaz Burdeth, Víctor Molina y Patricia Durón.
Ahora lo que pasa en la UNAH también está por verse, ya que Fernández tomó posesión del cargo el pasado martes 9 de enero de 2024, aunque él ya venía presentándose como titular del alma mater desde antes de que la JDU anunciara su nombramiento.
De facto
El Congreso Nacional antes de irse a receso nombró una comisión especial para investigar el conflicto que hay en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, explicó la diputada Ligia Ramos.
Aseguró que se reunió con los sectores de la universidad y con el Consejo de Educación Superior para que explicara en qué se basó para darle un año más al rector actual y sobre el proceso de reforma del Estatuto de esa universidad.
Luego en una reunión los jefes de bancadas concluyeron que la disposición del CES no está basada en ley, por lo que se va a sugerir al pleno que llame a elecciones lo más pronto posible, pero que no sean convocada por las actuales autoridades ya que están de facto, comentó.
Se le va a pedir al CNE que administre el proceso basado en la normativa de la universidad. “El problema es que necesitamos que el pleno entre en período de sesiones para poder tomar esta decisión”, puntualizó.