Libre presiona desde la calle la elección del fiscal general

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el plazo para la elección del fiscal general y adjunto se acerca, las fuerzas políticas evidencian la falta de diálogo e indecisión para alcanzar los 86 votos (mayoría calificada), pero también se observa la presión del partido de gobierno (Libertad y Refundación) para que “se cumpla con el mandato constitucional de elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público”, según expuso la misma presidenta Xiomara Castro.

La primera mujer que gobierna Honduras convocó el martes 29 de agosto a una nueva movilización a la que asistieron empleados públicos, colectivos organizados y simpatizantes para apoyar las políticas de “refundación del país con un fiscal”, dijo.

La marcha inició a la misma hora en la que el Congreso convocó a sesión para que la Junta Multipartidaria presentara a los dos aspirantes a fiscal general y adjunto. En la sesión se presentaron tres mociones, pero ninguna fue respaldada.

En su llamado, Castro aseguró que el Congreso Nacional “está bajo ataque” y que “fue sometido a un boicot de los que no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección”, refiriéndose a la oposición y, especialmente, al Partido Nacional, que desde hace dos meses en rebeldía.

Esta convocatoria rápidamente levantó reacciones de la oposición, quienes afirman que existe injerencia del Ejecutivo en el Legislativo para elegir al nuevo fiscal. Incluso, denunciaron que podría repetirse lo que ocurrió en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, cuando juramentaron a “una Junta Directiva ilegal”, aseguró el parlamentario nacionalista Nelson Márquez.

“Libre está calculando que los diputados propietarios de oposición no entremos al Congreso Nacional y con la excusa de que no estamos, sentar a los suplentes para elegir al fiscal a su medida”, denunció, no obstante, pudieron ingresar sin ningún problema.

Carlos Ledezma, también diputado del Partido Nacional, recordó que existen antecedentes de que el partido de gobierno utiliza las movilizaciones para avalar decisiones que corresponden a los parlamentarios.

En la elección de la Junta Directiva, el 23 de enero de 2022, la presidenta Castro también llamó a sus bases a una vigilia en los bajos del Congreso Nacional para “detener los negocios del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico que representa a “JOH”, escribió en la red social X (antes Twitter).

Un día después, cuando se eligieron a dos juntas directivas, también hubo un plantón. Entre la confusión y zozobra porque habían dos juntas, Castro reconoció a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como presidente del Congreso Nacional, acción que también generó rechazo en la oposición y que, incluso, desembocó que la tacharan de ilegal.

Ante esto, Ledezma advirtió que “no piensen ellos que nos van a amedrentar porque están mandando la gente a las calles, que no iremos al Congreso Nacional, que no vamos a cumplir nuestra función como diputados y que obviamente le vamos a permitir a ellos que usurpen nuestro curules”.

Castro, por su parte, en un amplio discurso, dijo que el Congreso Nacional está obligado a elegir a las autoridades del Ministerio Público, pero que no permitirá que “vuelvan más los narcoestados, ni narcodictadores ni saqueos”; por eso pidió mantenerse unidos.

“Nos mantendremos en vigilia, como nos mantuvimos estos 12 años”, puntualizó.

La movilización convocada por Castro fue planificada para las 3:00 de la tarde, precisamente la misma hora en la que el Congreso Nacional llamó a sesión.

La marcha, que ha ocasionado zozobra entre la población, salió desde Casa Presidencial hasta el hemiciclo, donde los parlamentarios realizan cabildeos para elegir entre los cinco aspirantes que envió la Junta Proponente.

El problema es que los mismos diputados del partido oficial han dejado claro que no existe consenso entre ellos, pues hasta las 3:00 de la tarde no se habían reunido para ver las hojas de vida de los cinco postulantes.

Un grupo de 12 diputados, encabezados por Jorge Cálix, pidió entablar el diálogo y lograr acuerdos para alcanzar la mayoría calificada. Los también llamados “disidentes” (porque fueron parte de la Junta Directiva del Congreso paralela) dijeron que votarán por los candidatos más idóneos, pues su compromiso es cumplir con el mandato otorgado en las urnas.

Y, aunque no llegaban a un acuerdo para votar por el mismo fiscal general y adjunto, Cálix apoyó el discurso de Castro, incluyendo la movilización de las bases.

Ya en la sesión el partido Libre presentó en su nómina a los abogados Johel Zelaya (fiscal general) y Marcio Cabañas (fiscal adjunto), mientras que los partidos que forman parte del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) apoyarían a Marcio Cabañas (fiscal general) y Jenny Almendares (fiscal adjunto) para ser los nuevos titulares del Ministerio Público.

Ninguna logró los 86 votos.

Previo al inicio de la sesión, el Partido Nacional mostró preocupación y pidió a las fuerzas de seguridad resguardar a los parlamentarios y personal administrativo que labora en el hemiciclo, pues temían que la marcha convocada al Congreso se tornara violenta.

En la solicitud, los congresistas leyeron un comunicado donde dejaron claro que existen antecedentes que “en las manifestaciones hechas por estos llevan consigo violencia e intimidación a la población” y que es realizada con “fines oscuros para violentar el Estado de derecho en Honduras”.

Incluso, el Bloque de Oposición Ciudadana denunció que hubo un despilfarro de dinero, moviendo supuestamente unos 50 millones de lempiras para la marcha.

“¿No le da vergüenza despilfarrar 50 millones de lempiras en actos de injerencia de un poder del Estado sobre otro, mientras el pueblo hondureño no tiene medicinas, no hay trabajo, no hay seguridad y las personas fallecen en las calles?”, le preguntó Kilvet Bertrand a Castro al leer el comunicado.

Horas después, el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, respondió que “es una locura descomunal”.

“Como ellos usaban dinero del narco y todo cuando eran gobierno, para ellos 50 millones de lempiras era nada, 50 millones de lempiras es un dineral; todos los gastos de esta movilización los ha asumido el Partido Libertad y Refundación”, aclaró.

Asimismo, afirmó que ese dinero proviene de cuotas por la cantidad de votos que reciben como partido, recalcando que no proviene de fondos públicos.

Mencionó que la movilización fue convocada para las 5:00 de la tarde para que nadie usara horas laborales para asistir, no obstante, la gente estaba aglomerada afuera de Casa Presidencial pasadas las 12:00 del mediodía.

Esto también fue motivo de críticas entre la oposición, pues se llegó a mencionar que hasta suspendieron las clases en escuelas y colegios del sector público por la misma.

EL HERALDO realizó un recorrido por varios centros educativos para corroborar lo que se decía, pero los centros estaban en clases de forma normal.

Para el analista político Efraín Rodríguez, la manifestación convocada por Castro no tiene mayor novedad, siempre y cuando “no genere ningún conflicto y enfrentamientos entre el pueblo”.

“Lo importante es que no haya intervención entre un poder del Estado y otro, que el proceso de la elección del fiscal sea los más democrático y transparente posible para que haya una mayor confianza por parte del pueblo y organismos internacionales que permitan que el país ya avance y no continúe este estancamiento en que hemos estado”, dijo.

Pidió a los parlamentarios dialogar para llegar a acuerdos, especialmente porque muchos de los implicados son adultos mayores y “no tienen que pensar solo en su beneficio personal o su grupo, tienen que pensar en el pueblo, en los niños, en los jóvenes, qué le van a dejar al país”.

Además de diálogo para que los parlamentarios lleguen a un consenso, organismos internacionales también hicieron un llamado a los diputados con procesos penales pendientes para que se abstengan de participar para evitar “conflictos de interés, de conformidad a lo prescrito por la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.

En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también pidió el voto sea público y que se cumplan los instrumentos internacionales de no discriminación a las mujeres y su derecho de participar en la vida pública.

“La independencia y autonomía del Ministerio Público es la mejor garantía de un trato equitativo y objetivo a todas y todos los ciudadanos, víctimas y personas investigadas, incluyendo los actores políticos”, dice parte del documento.

Entre los partidos ya circulan algunos nombres de los aspirantes por los que votarán para ser las nuevas autoridades que dirijan el Ministerio Público, no obstante, dependerá de si alcanzan los 86 votos.

Son cinco los aspirantes que presentó la Junta Nominadora, pero las diferentes bancadas no dan señales de humo blanco. El Partido de gobierno, por su parte, levanta sus banderas rojo y negro en señal de respaldo a sus diputados, pero también como medida de presión e injerencia, asegura la oposición.