Sentencia condenatoria toca solo al 8% de extorsionadores en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La captura de una persona por el delito de extorsión no siempre termina en una sentencia condenatoria, lo que contribuye para que los pobladores tengan miedo de denunciar.

En Honduras hay miles de denuncias cada año, también miles de detenidos, pero a medida el proceso judicial avanza se crea un embudo que reduce el número de procesados e investigados, al punto que apenas el 8% de los detenidos tienen un dictamen condenatorio, de acuerdo con datos analizados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Cifras recopiladas por la Secretaría de Seguridad y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) -ahora Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco)- detallan que desde enero de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2022 hubo 6,631 denuncias por extorsión.

Esta cifra probablemente es mucho mayor, ya que al no haber reportes de 2020 por parte de la Fuerza Anti Maras y Pandillas solo se tomaron en cuenta los 108 reportes de Seguridad.

En esos mismos cinco años también hubo 7,730 detenciones, pero solo cuatro de cada 10 casos pasaron al Ministerio Público para ser investigados, según un cruce de datos realizado por el equipo de EL HERALDO Plus.

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Los datos de los procesados fueron facilitados por el Ministerio Público a través de la solicitud SOL-MP-1609-2022, donde detallan que en cinco años (desde enero de 2017 hasta el 14 de noviembre de 2022) se contabilizaron 2,749 procesados por este delito.

Al hablar sobre los que alcanzaron una sentencia condenatoria, el Poder Judicial solo contabiliza 650 casos hasta 2021, sin contar los reportes de 2022. Si analizamos los datos de las 7,730 detenciones con los 630 condenados, esto significa que solo 8% de los capturados tienen una sentencia condenatoria.

Estas cifras coinciden con la investigación “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, publicada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que menciona que apenas “el 7% de los casos ingresados al sistema” llegan a una condena.

Detalla que al comparar estos datos con el universo de casos reales de extorsión, según la encuesta, esto solo es el 0.08% de las instancias.

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Basta una hoja de papel con un mensaje coercitivo para que la población acceda a entregar dinero a personas que no conocen, pero que -casi siempre- están relacionadas con maras y pandillas. Otros reciben llamadas anónimas extorsivas, en las que les piden miles de lempiras a cambio de su vida y la de sus familiares.

Esta técnica es una de las más utilizadas por estructuras criminales, pues ejerce más presión y, al igual que dejar una nota, no trae ninguna consecuencia, ya que nadie puede detectarlos.

Comprar una tarjeta SIM (chip) es como conseguir dulces: por 25, 30 o 50 lempiras, dependiendo de dónde lo compre, puede obtener uno sin necesidad de presentar documentos de identificación.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus compró cuatro tarjetas SIM a diferentes vendedores ambulantes en el centro de la capital, pero lo más sorprendente es que ninguno le solicitó documentos de identificación.

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“¿Quiere que se lo active?”, preguntó uno de ellos. “Présteme su identidad”, solicitó de forma inmediata a EL HERALDO Plus.

Sin embargo, al escuchar que no andaban documentos dijo que no había problema porque “ustedes pueden activarlo”. Incluso, dijo que las tarjetas SIM “llevan saldo”.

La ley especial para regular la venta y comercialización de chips menciona que para poder adquirir uno es necesario presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI), también obliga al vendedor a tomar la huella del comprador y registrar sus datos personales.

Nada de esto se aplica, al contrario, las personas compran sin ninguna regularización y, en muchos casos, para realizar llamadas de extorsión a transportistas, dueños de negocios o en casas de habitación.

Incluso, la falta de regularización en el uso de chips es tan preocupante que el informe de ASJ detalla que el 90% de las llamadas por extorsión provienen de los centros penitenciarios.

La forma de operar es sencilla: realizan la llamada, les dan instrucciones, envían a personas (incluso terceros) a traer el dinero o simplemente les piden que realicen transferencias para evitar sorpresas (ser detenidos).

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De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero de 2017 y el 10 de noviembre de 2022, un total de 151 personas fueron detenidas por extorsionar (aquí hay que sumar 7,579 detenciones por parte de la FNAMP, pero estos datos no fueron tomados en cuenta para este análisis), pero dos de cada 10 capturados estaban relacionados con la Pandilla 18.

Un 11% de los detenidos estaban relcionados con la Mara Salvatrucha (MS-13), mientras que uno supuestamente estaba vinculado a Los Iluminatis y otro a Los Puchos.

Entrevistados por ASJ dijeron que durante la pandemia por el covid-19 la MS-13 dejó de extorsionar, no obstante, las cifras señalan que todavía sigue cometiendo el delito, aunque ha “reducido significativamente su dependencia de la extorsión”.

El informe concluye que es porque “ha evolucionado de una pandilla de calle hacia una cuasi-mafia”, lo que genera más temor entre la población.

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Esto se ve reflejado en las denuncias, pues aunque hayan miles de familias víctimas de extorsión, difícilmente acusarán a los responsables. Además, muchos extorsionadores quedan libres tras vencerse el tiempo de prisión preventiva, según constató el equipo de EL HERALDO Plus.

“Considerando que alrededor de 206,623 hogares fueron víctimas de extorsión durante ese año, añadiendo las denuncias por cada institución, encontramos que solo el 1% de las víctimas de extorsión denuncian este delito. El sistema de justicia hondureña no registra denuncias para el 99% de víctimas, alrededor de 204,381 hogares”, menciona el informe en la página 46.

Para el criminalista Gonzalo Sánchez esto afecta completamente al momento el proceso de investigación y judicialización, porque “no hay quien vaya a declarar y tampoco denuncia, entonces por una puerta entran y por otra salen”.

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Un rótulo con un mensaje de extorsión en un negocio en la capital de Honduras llamó la atención de los medios de comunicación, sin embargo, el dueño del local decidió no denunciar, prefirió cerrar su negocio antes que pagar “impuesto”.

Los transportistas que cubren la ruta de Lepaterique-Tegucigalpa estuvieron 22 días sin trabajar porque un séptimo grupo los estaba extorsionando. De forma anónima uno de los conductores dijo a este rotativo que regresaban a sus labores “a la mano de Dios” porque no les habían solucionado nada.

La forma de operar de los extorsionadores es silenciosa, aunque el impacto económico es tan grande que mueve hasta 18,270 millones de lempiras al año.

Las zonas urbanas son las más afectadas, especialmente los puntos más habitados de Francisco Morazán y Cortés, donde en cinco años fueron procesados 2,292 personas.

Desde el lunes anterior, las autoridades de la Dipampco comenzaron a realizar operaciones para reducir este flagelo, mientras anunciaban el lanzamiento de un plan antiextorsión que contempla “acciones en ocho campos muy bien definidos”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón.

Carlos Hernández, director de ASJ, dijo que esperan que este plan realmente controle este delito, especialmente porque no solo “afecta a los pobres, sino a la gente de clase media y a la empresa en general”.

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