TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 20 solicitudes de extradición remitidas por Estados Unidos a Honduras aún están pendientes de ejecutarse, según cifras oficiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La versión más fuerte apunta a que estas peticiones no se resuelven desde la parte operativa de la captura, es decir, estas personas están prófugas de la justicia.
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Expertos consultados por este rotativo señalan que la carencia de una unidad especial para proceder con estas capturas y la posible existencia de informantes que alerten a los sospechosos pueden ser causantes de la mora.
Resoluciones
En total, desde el 2012 hasta 2021, a Honduras han ingresado al menos 57 solicitudes de extradición, según información brindada por el Poder Judicial a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus mediante solicitud de información SOL-PJ-1985-2022.
Este análisis excluye las peticiones de este año (al menos siete, incluyendo la ingresada el pasado 30 de septiembre de 2022), por lo que la cifra ascendería a 64.
En el reporte sobresalen 2014 y 2016 como los años con más solicitudes recibidas, con 12 cada año. En tanto, 2012 fue el año con menos solicitudes recibidas debido a que solo se contabilizó una.
En el informe parece haber una incongruencia con los datos, puesto que se señala que se han resuelto ya 41 órdenes, por lo que restarían en realidad 16 peticiones.
Sin embargo, en la información brindada se especifica que en los expedientes se encuentran procesadas quizás más de una persona, por lo que los totales pueden variar, y cifran siempre en 20 la cantidad de expedientes no resueltos.
La mayoría de solicitudes pendientes de ejecutar datan del 2019, con cinco casos, seguido del 2016, con tres, y el 2013, 2018 y 2020, con dos para cada uno de los tres años.
Tras recibir esta información, el equipo de este rotativo intentó obtener una reacción oficial de la Secretaría de Seguridad referente a la tardanza en las capturas, sin embargo, no se obtuvo una respuesta positiva.
No obstante, una fuente judicial sostuvo que todas las solicitudes fueron enviadas a Seguridad.
Unidad especial
El abogado experto en derecho penal Raúl Suazo explicó a este rotativo que, en efecto, una vez que un Estado requirente, en este caso Estados Unidos, emite una solicitud de extradición, será un juez del Poder Judicial quien deberá emitir una sentencia y si esta se aprueba se libera una orden de captura que deberá ser ejecutada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad.
Sobre las 20 solicitudes pendientes de ejecutar, el entrevistado es del criterio que esa mora se debe a que Honduras no cuenta con una policía especial que se encargue únicamente de dar captura a estas personas.
“Lo que no está contemplado es crear una policía especial, una unidad especial para dar seguimiento de personas solicitadas para extradición”, expresó.
Pese a que se emitan alertas nacionales e internacionales, se debe contar con un cuerpo policial que se encargue de ejecutar estas capturas, analizó.
Para el abogado Raúl Pineda, la tardanza en las capturas de los hondureños solicitados en calidad de extradición se debe a múltiples factores, por ejemplo, puede que en la Policía Nacional o en Poder Judicial tengan informantes que los alerten de las órdenes de captura para huir del país.
Además porque el proceso de captura de un narcotraficante es muy caro debido a que estas personas cuentan con los recursos económicos para escabullirse de las autoridades.
“Generalmente los extraditables se esconden desde áreas remotas del país y esto implica nombrar a un personal especializado que tiene que proceder a trasladarse, comer y no creo que se tenga un presupuesto asignado”, aseguró Pineda, quien coincide con Suazo en la importancia de crear una unidad o fuerza de tarea dentro de la Policía Nacional que se ocupe de perseguir y atrapar a los extraditables, apoyada incluso por Fuerzas Armadas (FF AA) y fortalecida con recursos económicos para el pago de logística e inteligencia.
Las consecuencias de no dar una pronta captura serían políticas debido a que el Estado requirente, al ver que no se han dado captura a solicitudes que datan incluso del año 2012, podrán “calificar al gobierno como que no está colaborando, que no está poniendo todo su empeño en la lucha contra el crimen organizado”.
