Los asesinatos, secuestros, atentados, persecuciones, amenazas a muerte, extorsiones, ataques a parientes, agresiones y el exilio son parte de los hechos ocurridos a periodistas durante la gestión de Porfirio Lobo Sosa.
Así lo revela un informe remitido al Congreso Nacional por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El documento establece que desde el 27 de enero de 2010 a diciembre de 2012, el Conadeh registró una serie de hechos que se constituyen en verdaderas amenazas contra las libertades de expresión y de información en Honduras.
Para el titular del Conadeh, Ramón Custodio, el ejercicio del periodismo en el país se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
El informe sobre la situación de los derechos humanos en 2012 hace énfasis de que en 35 meses de gestión del actual gobierno, al menos 27 comunicadores sociales perdieron la vida en forma violenta, cantidad que representa el 79 por ciento del total de homicidios registrados contra miembros del gremio de periodistas, desde el año 2003. El informe revela, como uno de los hallazgos, que durante este período, ocho departamentos del país se han vuelto como los sitios más inseguros para el periodismo.
De esta radiografía de la inseguridad para la prensa, Francisco Morazán reporta el asesinato de 10 periodistas y comunicadores sociales, seguido por Cortés, con seis; Atlántida, con tres; dos en Olancho, dos en El Paraíso, dos en Colón, uno en Yoro y uno en Lempira.
Según el informe, de las 27 muertes registradas en este gobierno, en apenas un caso se condenó al responsable quedando en la impunidad los victimarios de los 26 restantes.
A lo anterior se suman otros hechos como la expropiación de un medio de comunicación privado -por parte del gobierno-, la suspensión de la nacionalidad a un columnista, el abandono del país de periodistas para poder salvaguardar su vida, 12 atentados, de los cuales tres fueron contra medios de comunicación, persecución y amenazas contra 15 comunicadores sociales.
Lejos de promover acciones más concretas para prevenir el flagelo, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Ana Pineda, solo exige resultados de las investigaciones.
Gobierno ataca a medios
Otra de las preocupaciones señaladas por el Conadeh son las constantes amenazas de las altas autoridades gubernamentales encabezadas por el propio Presidente de la República contra los medios de comunicación.
Lamentamos profundamente los ataques provenientes desde el poder contra periodistas y medios de comunicación, pese a que el Estado a través de sus autoridades tienen la obligación y el deber de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho humano, dijo Custodio.
En su criterio, ningún gobierno, en su sano juicio, debe castigar la función investigadora y de denuncia de los medios de comunicación, como lo pretenden las actuales autoridades gubernamentales.
El proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que contempla expropiaciones y comisiones de censura, curiosamente es impulsado por la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda.
