TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El aborto en Honduras es prohibido bajo todas las circunstancias, por lo tanto, cuando se reporta un caso y se da aviso a las autoridades, las mujeres son detenidas y procesadas, incluso, hasta van a la cárcel.
+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo
El Código Penal de Honduras establece penas de entre tres a 10 años para la persona que aborta, así como las que obran para matar “a un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”, según menciona el artículo 196.
Aunque está establecido en la ley, organizaciones de derechos de las mujeres afirman que se trata de “un atropello y violación a sus derechos, porque no consideran las circunstancias o situaciones que viven las mujeres para que apelen al aborto que pone en riesgos sus vidas”, consideró Cristina Alvarado de Visitación Padilla.
Aplicando lo que dice la normativa, 65 mujeres han sido detenidas por abortar desde enero de 2013 hasta noviembre de 2022, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad facilitadas a través de la solicitud SOL-SSSS-1551-2022.
Uno de los casos es el de una hondureña de 32 años que fue capturada el 11 septiembre de 2020 en Santa Rosa de Aguán, Colón.
La Policía Nacional informó que la joven tenían una orden de captura pendiente extendida 11 días antes (el 1 de septiembre) por el Juzgado de Ejecución Penal de Trujillo, por el delito de aborto.
Ese departamento es uno de los 13 donde desde 2013 se reporta al menos una detención por aborto, según un análisis realizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.
Los reportes señalan que en casi 10 años las autoridades detuvieron a cuatro mujeres por abortar, mientras que en Comayagua y Atlántida fueron capturadas 12, seis en cada departamento.
En Francisco Morazán, por su parte, se registraron tres de cada 10 casos, es decir, que este es el punto geográfico donde más han detenido a féminas por decidir abortar.
Seguidamente está Cortés, donde en promedio fue detenida una persona por año al ser denunciadas por cometer el delito.
De “barrios marginales”
Las mujeres detenidas por cometer el delito de aborto son de barrios y colonias, en su mayoría consideradas “marginales”.
Además, hubo nueve casos que fueron reportados desde hospitales públicos del país.Por ejemplo, cuatro detenciones ocurrieron en el Hospital de Atlántida, uno en el Hospital de Occidente y uno en el Gabriela Alvarado, ubicado en Danlí, El Paraíso.
Además, hay dos reportes de detención por aborto en el Materno Infantil, en la capital, y uno en el Hospital Hermano Pedro en Catacamas, Olancho.Entre las colonias con al menos un reporte de detención por aborto destacan las colonias 21 de Febrero, Barrio Suyapita, Barrio Abajo, Villeda Morales y la Kennedy.
Para Alvarado, el aborto clandestino ocurre en todo el país, sin importar el estatus económico, pero las que tienen menores condiciones económicas son las mujeres que más se exponen, incluso a morir.
“Aquí en el país existe el aborto clandestino, pero también existen clínicas donde las mujeres que tienen recursos, una clase social alta, acuden a ellas o viajan al extranjero, eso significa que las que ponen en riesgo su vida mayoritariamente son mujeres pobres”, lamentó.
Afirmó que el Estado debe ser garante de los derechos y fomentar la educación sexual integral.
“Toda sociedad, todo Estado, toda democracia que no reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, tiene una deuda pendiente e histórica con las mujeres”, concluyó.
Coordinadora de CDM: “No se actúa en función de derechos de las mujeres”
Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), manifestó que no debería existir la penalización absoluta del aborto, no obstante, en el nuevo Código Penal sigue penalizado.
“Es el único delito del Código Penal que no se cambió. Se vuelve a criminalizar el derecho de las mujeres, por ejemplo, cuando son violadas y que quedan embarazadas, cuando peligra la vida de la mujer”, detalló.
La entrevistada consideró que “el Estado debe garantizar el derecho de las mujeres a no morir en abortos clandestinos, abortos inseguros y realizados en condiciones completamente antihigiénicas, que lo que está significado es la muerte de mujeres”.
Cuestionó que lo que se impone son ideas religiosas, “no se legisla, no se actúa en función de los derechos de las mujeres”.
Rivera consideró que el Estado debe implementar políticas públicas de acuerdo con la realidad y puso de ejemplo que “en países donde se les capacita a las niñas y los niños sobre educación sexual integral, los abortos han disminuido”.
+Aborto en Honduras, entre el castigo con cárcel y el dilema ético
