TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los activos, pasivos y el destino de unos 150 empleados del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) pasaron a potestad del Consejo Nacional Electoral (CNE), el nuevo organismo que se supone le dará otro rostro a los torneos cívicos.
Los empleados del ente colegiado, en su mayoría, están preocupados por lo que pueda pasar con su relación laboral, pero hay entre ocho y diez que aceptarán su liquidación porque ya cumplieron la edad para jubilarse, según contaron algunos de ellos a EL HERALDO.
Sin embargo, para que esto ocurra las nuevas autoridades electorales deberán pedir una ampliación de su presupuesto a la Secretaría de Finanzas. El presupuesto actual no incluye ninguna partida para pagar indemnizaciones a empleados despedidos.
El consejero Kelvin Aguirre, consultado por EL HERALDO, dijo que los empleados serán sometidos a una evaluación a efecto de “revisar todas las funciones que realizan, (pues) sabemos que hay personal muy valioso que es de carrera y del cual se tendría que valorar su permanencia y eso lo vamos a hacer a través de un diagnóstico”.
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Según las fuentes consultadas, en el ahora CNE hay empleados que han cubierto los diez procesos electorales que se han desarrollado en el país.
Según la Ley Especial que dio vida a los nuevos órganos electorales, “los activos y pasivos del Tribunal Supremo Electoral deben trasladarse al Consejo Nacional Electoral a partir de la fecha en que los consejeros asuman su cargo”.
“El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el Tribunal Supremo Electoral correspondiente para el año 2019 debe ser el mismo para el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral”, dice la ley temporal.
El presupuesto aprobado por la Secretaría de Finanzas para este año suma los 103 millones de los cuales ya fue ejecutado un 64% o sea que el nuevo organismo trabajará con 35 millones por lo que resta del año.
Según las fuentes consultadas por EL HERALDO, los aproximadamente 200 millones de lempiras de deuda que tenía el TSE con sus proveedores ya fueron pagadas en su totalidad. Estos compromisos estaban relacionados con las imprentas, los suministradores de servicios informáticos y custodios electorales.
El sistema electoral hondureño, tras 40 años de elecciones, no tiene un edificio propio.
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