TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque el sistema de protección para periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y operadores de justicia desde su creación en 2015 venía funcionando con una serie de falencias, la nueva titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, terminó de desbaratar el mecanismo poniendo en riesgo la vida de 158 personas que están acogidas a su protección.
Este sistema se crea como un compromiso del Estado hondureño frente a las demandas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la situación de vulnerabilidad en que operan los profesionales de la comunicación, los defensores de derechos humanos y los operadores de justicia.
En los últimos años, los organismos internacionales habían capacitado al personal de este mecanismo, sin embargo, una vez que Roque asume el cargo como ministra de Derechos Humanos, fomenta una crisis en la institución, despidiendo a esos empleados formados bajo el argumento de que no podía trabajar con criminales. “Nadie dijo que iba a ser fácil trabajar rodead@s por estructura criminal”, posteó en su cuenta de Twitter.
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Al sustituir al personal del sistema de protección por activistas del partido Libertad y Refundación (Libre) inexpertos en la materia, se puso en riesgo la vida de 158 personas que están acogidas a ese mecanismo, entre ellas, 14 operadores de justicia, 12 periodistas, 119 defensores de derechos humanos y 13 comunicadores sociales.
El sistema de protección antes mencionado, si bien está rectorado por la Secretaría de Derechos Humanos, su ley contenida en el decreto 34-2015 establece que las decisiones serán tomadas en el Consejo Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, el cual está conformado por una serie de instituciones y bajo la observación de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La periodista y veterana defensora de los Derechos Humanos, Dina Meza, expuso cómo Roque, abusando del poder e irrespetando la ley del sistema, ha tratado de cambiar las decisiones del Consejo Nacional de Protección, además de despedir a todo un equipo que por años fue formado por los organismos internacionales.
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Asimismo, Víctor Marín Paz, representante de la Asociación de Fiscales ante el Consejo de Protección, en un foro televisivo expresó que hay una actitud de manipulación y desconocimiento de la ley por parte de Roque.
Ante los señalamientos, la funcionaria manifestó que “es irrespetuoso para el nuevo personal del mecanismo que se le señale de incapaces pues sí tiene competencias, sí tiene formación” y es personal “calificado”.
Sobre el maltrato al personal, Roque sostuvo que no es su “percepción que haya humillado a alguien”, incluso dijo haberse sentido agredida en las reuniones del Consejo.
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Gestión
Desde su inicio, la gestión de Roque ha estado colmada de denuncias de atropello y violación de derechos humanos al personal de esa secretaría.
Hay al menos dos denuncias contra ella en el Ministerio Público, asimismo, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hay quejas en su contra por abuso de poder, hostigamiento laboral, nepotismo, discriminación, violación de los deberes de los funcionarios y por dejar en indefensión a personas en riesgo.
Para Leonel Casco, otro defensor de derechos humanos en el país, Roque ha llegado a la institución con prejuicios políticos, ideológicos y con una política de confrontación contra todo el personal de forma generalizada al estigmatizarlos como criminales, como estructura de narcodictadura, sin valorar su experticia, su antigüedad en el trabajo, sus capacidades profesionales, su rendimiento laboral y sin tener causales legales de despido como lo establece el Código Laboral y la Ley de Servicio Civil y su reglamento.
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“Hay una política errónea tratándose más cuando es una institución rectora de las políticas públicas en materia de derechos humanos que debe ser congruente con la normativa nacional y lo establecido en los tratados y convenciones suscritas por el Estado hondureño”, mencionó.
De acuerdo con Casco, Roque no cuenta con la suficiente experiencia en el área de derechos humanos, es una historiadora, más teórica, y se le conoce más en Libre por su accionar político después del golpe de Estado en 2009.
“Hay otras personas más capacitadas y formadas en este tema que incluso son afines al gobierno de la presidenta Xiomara que pudieron haber sido valorados y tomados en cuenta y no llevar a personas que generan este escenario de confrontación, pleito y de debilitamiento de la institución, porque lo que se ha creado ahí es una crisis innecesaria”, lamentó Casco.
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