TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre Honduras en el que identifican una serie de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la violencia que afecta de manera transversal las garantías individuales.
El documento “Situación de los Derechos Humanos en Honduras” surge de la visita que realizó la comisión al país del 24 al 28 de abril de 2023 y en él plantean que, si bien hay avances en algunos aspectos, profundizan en los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y periodistas.
Además, cuestionan la capacidad institucional del Estado para dar respuesta a efectiva a las violaciones, brindando una serie de recomendaciones para avanzar en la protección de los derechos de los hondureños.
EL HERALDO entrevistó a la comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Honduras.
La abogada y activista, con amplia experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos resaltó que el país enfrenta problemas estructurales que son la causa fundamental de muchas violaciones de derechos humanos.
A continuación la entrevista:
La CIDH presentó el informe sobre los derechos humanos en Honduras, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos?
Anunciamos en el informe sobre desafíos, problemas estructurales que enfrenta Honduras desde hace muchos años y que resultan de difícil solución para un gobierno y para un momento específico, por lo que entendemos que se requieren de medidas de mediano y largo plazo y de consensos políticos para superarlos.
Esos son la pobreza, la desigualdad, la exclusión y que son la causa fundamental de muchas otras violaciones de derechos humanos.
Otra causa estructural es la violencia, que es permanente y sistemática; es una violencia que se da contra distintos sectores, sectores que reclaman por sus territorios, la violencia contra las mujeres es muy alarmante en Honduras, la violencia afecta a distintos sectores y eso tiene que terminar con políticas de seguridad que sean sostenibles.
También nos preocupan algunas políticas de seguridad que recurren a la excepcionalidad y no a la regularidad, la sustentabilidad; las políticas tienen que ser democráticas, políticas que rindan cuentas, que fortalezcan la institucionalidad en seguridad
Así que tenemos muchos desafíos, pero la Comisión Interamericana espera colaborar para poder superarlos, y este informe es un diagnóstico que pretende echar luz sobre lo que para nosotros creemos que es lo más importante.
¿Hay avances en temas de derechos humanos?
Por supuesto, reconocemos que ha habido avances, como que se han reducido los índices de homicidios; sin embargo, la violencia sigue siendo alarmante, el país sigue siendo uno de los más violentos de la región y eso tiene que cambiar.
Notamos avances en algunos temas vinculados en la lucha contra la corrupción, este gobierno ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje fundamental de su política.
Notamos que algunas de esas posturas, esas políticas y esas intenciones no terminan por materializarse en resultados concretos y ahí también están nuestras recomendaciones vinculadas con la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado y las instituciones tienen que fortalecerse; el estado tiene que tener una gestión más eficiente, más efectiva para poder hacerle frente a esos desafíos.
También notamos avances en algunas políticas, políticas sociales, vinculadas con derechos de las mujeres.
¿Qué comparación hay entre el informe presentado y el anterior de 2019?
Hay algunos cambios importantes, en este informe advertimos que en este gobierno los derechos humanos son un eje importante, reconocen a los derechos humanos como parte de sus políticas centrales.
Este gobierno reconoce la necesidad de contar con escrutinio internacional, nosotros reconocemos la apertura que han tenido para que la CIDH lleve adelante su labor y que también se han comprometido a hacer el seguimiento de las recomendaciones es una diferencia muy importante.
Los desafíos que notamos siguen pendientes desde el informe pasado, eso no cambia, entonces hay cosas que son de continuidad y que requieren seguir prestándole mucha atención.
Durante la presentación del documento mencionaron una serie de preocupaciones, ¿cuáles son?
Nos preocupa la violencia contra las mujeres, contra los defensores de los derechos humanos, la violencia vinculada con los conflictos territoriales, agrarios, ambientales; la violencia sigue siendo un déficit muy importante.
Además, nos preocupa la militarización en la seguridad, que se recurre al estado de sitio como solución, la desigualdad, la pobreza, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales es de mucha preocupación, nos también preocupa la violencia contra los periodistas, contra defensores, la polarización política que impide que muchas veces se puedan avanzar en las reformas institucionales que requiere el país.
Nos preocupa también la debilidad del mecanismo de protección de defensores y periodistas, sabemos que se están adoptando algunas medidas para fortalecer el mecanismo, pero la comisión advierte sobre esa debilidad institucional.
¿Qué tan difícil es ser un defensor de derechos humanos en este país?
Lo vemos como una actividad de mucho riesgo, realmente están expuestos a violencia estatal y violencia privada y lo que notamos es que el Estado está ausente en muchos de los conflictos que derivan en violencia contra quienes defienden su territorio, el medioambiente.
El Estado no llega a esos lugares y hay muchos casos de violencia y agresiones que generan que la CIDH tenga que intervenir directamente adoptando medidas cautelares.
¿Qué hacer cuando es el Estado el que violenta los derechos humanos?
Cuando el estado es el que viola los derechos, la justicia tiene que actuar rápidamente y esto tampoco ocurre, Honduras se caracteriza lamentablemente por los altos índices de impunidad y es alarmante, eso provoca más violencia.
Cuando los hechos de violencia no se investigan se genera una sensación de impunidad que promueve más la violencia; notamos impunidad cuando el Estado comete violencia, pero también notamos impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, en los casos de violencia contra periodistas, contra defensores; la impunidad es la regla lamentablemente, por eso creemos que el cambio en la fiscalía general es una oportunidad para mejorar el desempeño del Ministerio Público (MP) en la búsqueda de justicia.
Hay mucho déficit en la administración de justicia y el cambio en el MP representa la oportunidad para fortalecer equipos, fortalecer recursos, capacidad técnica para llevar adelante las investigaciones y poner a los responsables en el banquillo de los acusados.
La CIDH reconoce que para el Gobierno los derechos humanos son parte central de sus políticas, pero ¿consideran que hay voluntad?
Esa voluntad tiene que hacerse material, en resultados concretos. Eso notamos muchas veces en esas leyes que terminan quedando allí y no se terminan de implementar, la CIDH echa luz sobre algunos de esos ejemplos. Lo notamos con la adopción de la política vinculada con salud sexual y reproductiva que permite la píldora del día después, eso es un avance importante. Sin embargo, entendemos que todavía no están los protocolos que permiten hacer efectivo eso, hay que seguir trabajando.
Hemos tenido un diálogo muy franco con el gobierno, y cada vez que la CIDH dicta alguna medida cautelar el Estado responde, está presente y ofrece sus recursos para resolver la situación, notamos que no son suficientes, esos mecanismos son débiles, pero entendemos que hay voluntad para resolver.
En temas de libertad de expresión ¿cómo ve la CIDH a Honduras?
Lo vemos como un país riesgoso para el trabajo de periodistas, hay muchos hechos de agresiones contra periodistas, Honduras es uno de los países más violentos para el trabajo de los periodistas.
También notamos desafíos vinculados con la institucionalidad en el sentido que en Honduras sigue siendo un delito agredir y criticar, es decir, la crítica pública sigue siendo un delito y eso esta mal, muchos países de la región han avanzado afortunadamente en la despenalización de las calumnias. , injurias, de los crímenes vinculados con el honor y esa es una reforma pendiente en Honduras.
¿Cómo está Honduras respecto a países de la región en el tema de derechos humanos?
Nosotros no hacemos comparaciones sobre violaciones de derechos humanos, pero si tenemos que reconocer avances cuando los hay y desafíos, por eso ponemos la relación de Honduras cuando nos deja entrar, nos deja hacer recomendaciones, a diferencia de otros países de la región que no tiene el mismo nivel de apertura al escrutinio internacional y en ese sentido podemos hacer una comparación.
Cada país tiene sus propios desafíos, en materia de violencia hay cuestiones generales de la región centroamericana, lamentablemente el crimen organizado sigue siendo un tema de toda la región, la violación de los derechos humanos de las personas en movilidad sigue siendo un tema que atraviesa toda la región; la pobreza y la exclusión atraviesan toda la región y Honduras es parte de ella.
Son 36 las recomendaciones que brinda el informe ¿podría mencionar algunas?
Las recomendaciones son bastante, tenemos recomendaciones vinculadas con la política de seguridad, donde marcamos deficiencias y queremos que se modifique la situación de los estados de excepción, donde queremos que avance en la desmilitarización de la política de seguridad.
Marcamos desafíos enormes en pobreza y exclusión y necesitamos que haya una nueva política fiscal para resolver esas desigualdades; recomendaciones también hay específicas que apuntan a determinadas situaciones o a determinados grupos en particular.
El Gobierno se comprometió a crear un mecanismo para dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones, ¿cómo va a trabajar ese mecanismo?
El mecanismo va a consistir en un diálogo entre la CIDH y el Estado que va a buscar primero una hoja de ruta donde se prioricen en qué se va a avanzar en el primer año, en el segundo y así, cómo se va a avanzar.
La CIDH va a ofrecer recomendaciones de cooperación técnica para poder avanzar en el cumplimiento de esas, se va a darle participación a la sociedad civil y el mecanismo se va a terminar de delinear en las próximas reuniones técnicas, pero hay un compromiso por parte del Estado de implementarlo. .
Va a durar hasta que las partes lo decidan, el mecanismo mismo puede decir que trabajamos por tres o cinco años hasta que el Estado esté dispuesto a seguir recibiendo el aporte de la CIDH y las recomendaciones que no se cumplan quedarán pendientes para el próximo informe que la CIDH haga sobre Honduras.
