La Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras anunció un recurso de inconstitucionalidad por la Ley General de Minería -que anoche estaba en proceso de discusión por parte del Congreso Nacional- porque contiene artículos que ponen en entredicho el concepto de soberanía sobre algunos territorios.
En conferencia de prensa, Pedro Landa, representante de la Coalición, que aglutina a una veintena de organizaciones ambientalistas, dijo que el escrito será presentado ante la Corte Suprema de Justicia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Las organizaciones ambientalistas se retiraron del proceso de concertación porque sus puntos de vista no fueron tomados en cuenta y ya no había ambiente para continuar, dijo el dirigente.
Los representantes de la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas llegaron a los bajos del Congreso en un intento por persuadir a los diputados para que tomaran en cuenta sus observaciones a la Ley de Minería, contentiva de 112 artículos.
Sin embargo, ninguna de sus posiciones fue admitida, situación que obligó a la Red a anunciar las medidas de rechazo para los próximos días.
En el caso de que su recurso de inconstitucionalidad no pasara en la Corte Suprema de Justicia, los ambientalistas aseguran que tienen preparadas a las comunidades para que rechacen la concesión de licencias mineras aprovechando que la misma ley les concede ese derecho a través de las llamadas “consultas ciudadanas” promovidas por las corporaciones municipales.
En un comunicado, las organizaciones ambientalistas responsabilizan “al Congreso Nacional de confabularse con grupos económicos nacionales y transnacionales al aprobar una ley de minería que presenta fuertes indicios de inconstitucionalidad e irrespeta la vida humana y los bienes naturales.
Tal parece que esta acción refuerza la percepción ciudadana de que “los diputados están incurriendo en un nuevo delito de traición a la patria”, dicen.
“La ley”, agregan, “presenta un texto hábilmente elaborado para engañar a diputados indecisos y al pueblo en general. Es así como, con lenguaje ambiguo y con muchos eufemismos, se mantiene la minería a cielo abierto sin mencionar tal método de explotación minero pero dejándolo implícito”.
“Esta ley aparenta respetar la consulta ciudadana pero al final la convierte en un simple trámite que sepulta las ansias y el derecho de participación efectiva de la población. En suma, se olvida de la toma de decisiones soberana del pueblo”. Según los ambientalistas, en el cuerpo jurídico “continúa apareciendo la tónica entreguista de otras leyes en discusión al regalar el territorio y ampliar ‘derechos’ a las compañías mineras”.
“Estas podrán vender, transferir, hipotecar o hacer lo que mejor les convenga con la concesión y los recursos minerales que son propiedad del pueblo hondureño”.
“Adicionalmente se otorgan las concesiones sin límite de tiempo, es decir, a perpetuidad. Para lo cual se comprometen a pagar cantidades irrisorias a las municipalidades y al Estado mismo”, afirma la Red Ambientalista.
Los dirigentes pidieron al gobierno no engañar al pueblo diciendo que hubo un efectivo proceso de concertación de la Ley General de Minería.
Hicieron un llamado al pueblo a “defender por sus propios medios sus territorios y sus vidas frente a este nuevo atentado, presionar para que sus demandas sean efectivas en la nueva Ley de Minería y utilizar los recursos que la Constitución y demás leyes nos otorgan para hacer prevalecer el respeto a la vida y a su territorio”.
