TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la ley de amnistía para los presos políticos aprobada por el Congreso Nacional dirigido por el diputado Luis Redondo y sancionada por la presidenta Xiomara Castro, los diputados del Partido Nacional reaccionaron en contra de la misma y cuestionaron, desde la finalidad de la ley hasta el procedimiento utilizado.
La ley en cuestión ha sido denominada por muchos como un “pacto de impunidad”, pues incluye a los funcionarios que desempeñaron funciones durante el gobierno de Manuel Zelaya, quien recibió un golpe de Estado en 2009.
Según la nueva norma, todas las personas que hayan sido condenadas, enjuiciadas o que aún tengan un proceso pendiente deberán ser absueltas.Dichas personas son: “las que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de Enero 2006 al 28 de Junio 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”; “personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social”, “personas que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible” y “miembros de los sectores sociales y gremiales”.
VEA: Doris Gutiérrez sobre amnistía política: “Jamás apoyaré un pacto de impunidad”
Temor
Algunos sectores consideran que con ella se pretende beneficiar a funcionarios que cometieron delitos comunes, pero que se podrían amparar en que sus señalamientos o condenas abedecían a una persecución política, como lo advierte el abogado Rafael Canales: “Si viene la Cicih (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras) los que estuvieron en ese período -2006 a 2009- no podrían ser investigados. La recomendación es que la Corte Suprema de Justicia haya dado una opinión sobre esto, me parece que se desvía la finalidad por la cual aprueba el Congreso Nacional con ciertos pretextos de personas que han luchado como los de Guapinol, por ejemplo, cualquiera podrá poner la excusa y ampararse”, consideró el exvicepresidente del Colegio de Abogados (CAH).
Pero luego de su publicación en el diario oficial este sábado, dicha norma ya es ley, por lo que ha causado indignación entre los parlamentarios nacionalistas que se pronunciaron a través de sus redes sociales.
