TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un nuevo blindaje o coraza parece asomarse en el horizonte del Congreso Nacional. A través de una interpretación al numeral doce del artículo 173 del Código Procesal Penal, referente a las medidas cautelares aplicables, se busca que a los funcionarios no se les suspenda del cargo cuando se les atribuya un delito contra la administración pública.
Entre estos ilícitos figuran: la desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos. La propuesta de modificación fue presentada por Marco Handal, diputado suplente de Yaudet Burbara, del Partido Nacional, casi al finalizar la sesión del pasado Congreso Móvil en Choluteca.
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“Que la suspensión en el ejercicio del cargo como medida cautelar no procede en el caso de los cargos de elección popular, excepto cuando se imponga la medida de prisión preventiva, mientras dure dicha medida o en su caso hasta que se haya emitido una sentencia definitiva condenatoria y esta adquiera el carácter de firme”, subraya el primer artículo de la iniciativa introducida por el legislador nacionalista.
Tras la captura y las medidas cautelares decretadas al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, el cambio a esta disposición adquirió importancia entre los diputados de las fuerzas mayoritarias del CN. El edil, acusado por la presunta adquisición irregular de un terreno, quedó suspendido de su cargo mientras se celebra la audiencia inicial en los Tribunales en materia de Corrupción el próximo 3 de diciembre.
Avala
“Yo creo que los cargos de elección popular como del alcalde Crivelli en su cuarto período de gestión no es posible que lo que el pueblo eligió lo vaya a suspender una o dos personas”, manifestó el presidente en funciones del Poder Legislativo, Antonio Rivera Callejas, durante la reunión del jueves anterior.
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Agregó que “allá en Choluteca un compañero diputado presentó un proyecto de ley en el sentido de que los cargos de elección popular no pueden ser suspendidos, que sí vaya a juicio, que haya Estado de derecho y si es culpable que sí se le suspenda, caso contrario no”.
