TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La crónica de una muerte anunciada se cumplió para la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).
EL HERALDO tuvo acceso exclusivo al borrador del decreto que está en proceso de estructuración en Consejo de Ministros, donde ordenan liquidar esta institución en los próximos seis meses.
El artículo 1 del decreto manda “suprimir y liquidar la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto”.
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EL HERALDO consultó a la titular de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), Martha Doblado, sobre la existencia del decreto y respondió que “lo del Consejo de Ministros y publicado lo lleva el ministro Ebal Díaz”.
Para corroborar la información, EL HERALDO le consultó a Díaz, quien respondió que “ella es la proyectista y la que debe dar declaraciones y justificar el tema ante la
opinión pública”.
Fuentes oficiales de EL HERALDO habían afirmado que el decreto ya había sido aprobado, pero Díaz corroboró que todavía no.
No obstante, el documento, que consta de ocho artículos, le pone fin a los Asociaciones Público Privadas (APP) que desde el 2010 se comenzaron a implementar en Honduras.
El artículo segundo indica que los recursos y todos los bienes, acciones y derechos que corresponden y que constituyen el patrimonio de Coalianza serán traspasados a la Secretaría de Finanzas (Sefin) por medio de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE).
Quienes han sufrido por el descalabro de la institución desde el año pasado son los empleados de la institución.
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Muchos fueron separados, otros obligados a renunciar y la mayoría decidieron irse por sí solos, debido a que Finanzas no les hacía las transferencias a tiempo.
El artículo cuarto del decreto manda a dar por terminados los contratos de trabajo y acuerdos de personal, garantizando el reconocimiento a los empleados y funcionarios de sus derechos laborales según la legislación aplicable.
Auditoría
Una vez que haya sido cerrada la institución, la Secretaría de Finanzas deberá demandar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una auditoría sobre las operaciones de Coalianza durante los años de sus operaciones.
Así lo exige en artículo tercero del decreto ejecutivo y los resultados de la auditoría serán informados al Presidente de la República.
Todas las funciones y atribuciones que le corresponde a Coalianza serán reasignadas por el Consejo Directivo de APP, quienes junto a Finanzas y el Despacho de Promoción de Inversiones serán los responsables de desarrollar todo el proceso.
Es de recordar que el mes pasado en Consejo en Ministros se aprobó que una Unidad Ejecutora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizara varias licitaciones que están en proceso.
