TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, señaló este miércoles que las denuncias presentadas por el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, solo vienen a friccionar la relación entre el gobierno y la empresa privada.
“Lamentamos que la fricción se dé de esta manera, porque eso no solamente genera enfrentamientos entre la empresa privada y el gobierno, sino que también genera perjuicios para el país, porque si uno ve los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos habla del deterioro del Estado de Derecho, no habla del Cohep, no habla de las cámaras de comercio”, comenzó diciendo Jerez.
El representante del ente empresarial señaló que las acusaciones hechas por Marlon Ochoa solo demuestran cobardía política, indicando que no existe ninguna prueba vinculante en contra del Cohep.
“Marlon Ochoa ha demostrado su cobardía política, porque al haber lanzado una denuncia de ese calibre lo que tenía que hacer era mantenerla y presentar las pruebas públicamente, pero también lamentamos las repercusiones que esto va a tener en el país, porque se envía un mensaje al exterior de que no existe clima de inversión propicio y no hay apertura para trabajar con el sector privado”, señaló Rafael Jerez.
“Nosotros queremos que presente pruebas de la relación de Cohep con el narcotráfico, con grupos mafiosos, pero no lo hizo, ni siquiera en su discurso, demuestra una cobardía de parte de él, pero confirma nuestra postura”, agregó.
Tras la presentación de pruebas de Marlon Ochoa Públ, desde el Cohep esperan que el Ministerio Público determine cómo va a proceder legalmente contra el ente empresarial.
Marlon Ochoa fue citado ante la Fiscalía este miércoles luego de que el funcionario hiciera polémicas declaraciones acusando al Cohep de representar a “una mafia de 10 familias exoneradas”.
Las aseveraciones del titular del SAR han causado mucha indignación entre la sociedad civil y el sector empresarial, quienes han cuestionado la actitud que se ha tomado del gobierno en contra de la empresa privada.