TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Atacando las cifras del sector privado y aplaudiendo sus avances, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra proporcionó un informe sobre la gestión en su primer año de creación.
El reporte señala que, desde entrada en funcionamiento en junio de 2023, el gobierno ha comprado un total de 8,584 manzanas de tierra para entregar a campesinos.
Indica que 17,963 familias fueron beneficiadas a través de asistencia técnica, se ha logrado capacitar a 52,479 personas a través de más de 2,000 eventos agrarios.
También, se ha favorecido a 3,353 familias a través de la modificación de 138 personerías jurídicas y se han realizado 15 declaraciones juradas, tabuladas y procesadas para el saneamiento de territorios misquitos, tawahkas, pech y garífunas.
Toma ilegal de tierras
La invasiones de tierras privadas ha sido un verdadero obstáculo para la comisión, que es integrada por el Instituto Nacional Agrario, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto de la Propiedad (IP), porque desde su puesta en funcionamiento se duplicaron.
Aunque no proporciona una cifra exacta sobre la cantidad de tierra en poder de los invasores, la Comisión aseguró que “a la fecha hemos logrado desalojar a muchas personas de 34 ocupaciones de tierra a nivel de palmeras, cañeras y bananeras”.
“El primer bloque de acción por parte de la Comisión es entregar la tierra a la empresa privada, pero no ponen guardia de seguridad, porque la propiedad se entrega y no pueden sostenerla así, entonces ellos también tienen que trabajar en conjunto sino no estamos en nada”, sostuvo Francisco Funes, titular de la Comisión.
El sector empresarial confirmó, recientemente, que las invasiones de tierras han aumentado casi en más de un 100% a pesar de la creación de la comisión.
Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) muestran que, hasta la semana anterior, un total de 66,000 manzanas de tierra estaban ocupadas ilegalmente en el país.
En junio de 2023, cuando se creó la Comisión, había 36,500 manzanas invadidas, según cifras proporcionadas en ese entonces por la presidenta Xiomara Castro.
Olvin Mondragón, oficial de asesoría legal del Cohep, aseveró que “realizamos un estudio que arrojó un resultado de 66,000 manzanas (invadidas). Como sector privado, estamos preocupados porque la situación ha aumentado significativamente y necesitamos que la Comisión Agraria informe sobre la situación”.
Según datos de la empresa privada, las invasiones están afectando a 220,000 fuentes de empleo en ocho departamentos; Atlántida, Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán, Copán y Colón.
Funes rechazó las cifras del Cohep y aseguró que “esta crisis se viene arrastrando por malas decisiones en el pasado, la Comisión detuvo la toma de las tierras en las bananeras”.
Rechazo
A criterio de analistas, el trabajo de la Comisión no ha sido positiva porque ha sido incapaz de frenar las invasiones.
“Es un fracaso total de la Comisión de Seguridad Agraria, creada por la Presidencia en un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, y esto lo afirman tanto los campesinos y el Bloque Popular como la empresa privada”, opinó, por su parte, el experto Leonardo Pineda.
Agregó que la situación es preocupante “porque no hay acceso a la tierra para los campesinos ni seguridad jurídica en la tenencia de la misma”.
Una de las situaciones que está agravando el problema es que las personas desalojadas están regresando a las mismas zonas, es decir, están volviendo a invadir.
Recientemente en El Progreso, Yoro, un grupo de invasores que fueron desalojados volvieron a ocupar las tierras.
Sin presupuesto
Desde el año pasado, cuando se formó la Comisión, no se ha asignado los fondos para su funcionamiento. En la actualidad los gastos son cubiertos y asumidos por el INA, el IP y la CSJ.
Hasta este junio de 2024, la comisión ha erogado 1.3 millones de lempiras en su funcionamiento.
Los primeros seis meses de la gestión de la Comisión de Seguridad Agraria también fueron reprobados por diversos sectores de sociedad civil
