TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los primeros seis meses de la gestión de la Comisión de Seguridad Agraria y de Acceso a la Tierra fueron reprobados por diversos sectores de sociedad civil.
Esta comisión se creó el pasado junio por la presidenta Xiomara Castro, y aunque han cumplido con órdenes de desalojos, ante la sociedad están reprobados.
Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó que la comisión “no ha dado respuesta”. Datos del Cohep indican que la invasión este año se extendió a ocho departamentos del país, abarcando más de 45,000 hectáreas invadidas.
“En 17 municipios están concentradas las usurpaciones. Los operadores de justicia actúan con indiferencia”, protestó Solórzano.
Como consecuencia esto impactó negativamente en la economía del país, especialmente en sectores como el camarón, la palma, la caña de azúcar y la ganadería, los cuales han reportado pérdidas durante este 2023.
Otro eslabón en contra es la inseguridad jurídica que no ha sido estabilizada por las autoridades, explicó una fuente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).
Desde el gobierno mantienen que hasta noviembre un total de 36.451 manzanas de tierra (25.415 hectáreas) han sido ocupadas por grupos de personas.
El Instituto Nacional Agrario (INA) reveló anteriormente a EL HERALDO que el proceso ha sido difícil porque ni con presupuesto cuenta esta comisión.
