TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actual administración gubernamental fue duramente cuestionada durante la audiencia denominada: “La relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras y el análisis del gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro”, impulsada por el Subcomité para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
En la radiografía surgieron fuertes señalamientos a la propia presidenta de la República, Xiomara Castro; su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, y, además, se identificaron debilidades y abusos de la gestión.
La congresista María Elvira Salazar recordó que el expresidente Zelaya, mientras ostenta ba la Presidencia de la República, trató de copiar las actuaciones de Hugo Chávez y aplicarlas en el país, al grado que intentó mantenerse en el poder desafiando a la Constitución llamando a un referéndum. “El socialismo es como una plaga que siempre regresa”, expresó.
La estrategia de Zelaya durante su exilio, según Salazar, fue lograr que Castro llegara al poder y, “ahora la presidenta Castro es su títere. Zelaya es el verdadero presidente, aunque Castro tiene el título”.
“Desgraciadamente, el gobierno de ‘Mel’ Zelaya ha regresado al país. Nosotros sabemos que los hondureños en un momento determinaron que el gobierno de Zelaya era socialista y las Fuerzas Armadas decidieron sacarlo del país”, señaló. “Ahora nuevamente ha regresado el socialismo, el comunismo de Hugo Chávez y de Fidel Castro”, alertó.
Relaciones
En la audiencia, que se extendió durante una hora y media, estuvieron como testigos de honor el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, y la administradora adjunta para la Oficina de Latinoamérica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mileydi Guilarte.
Tanto Jacobstein como Guilarte fueron increpados por el Subcomité sobre las relaciones que Estados Unidos mantiene con el gobierno de Castro.
Jacobstein reconoció que “Honduras es un asociado esencial, ambos queremos detener la corrupción, crear empleos, mejorar la educación, proteger la educación, los derechos humanos, mejorar las condiciones de seguridad, combatir el tráfico de drogas y manejar la migración de forma humana”.
No obstante, condenó el “ambiente tan politizado y lleno de lenguaje tan fuerte no llegue a una retórica tan inflamatoria que llegue a incendiar a los actores sociales y miembros de la comunidad internacional, incluyendo a nuestra propia embajadora. Lamentamos la retórica tan fuerte”.
De su lado, Guilarte instó al Congreso a que “seleccione un nuevo e independiente fiscal general, en un proceso transparente para el Ministerio Público”.
Durante la audiencia, los congresistas, que en su mayoría son de corte republicano, puntualizaron las acciones negativas del gobierno de Castro en estos últimos 19 meses.
Ellos cuestionaron la elección “al margen de la ley de la directiva del Congreso Nacional” y “nombrando arbitrariamente la junta directiva”.
Señalaron la designación de la titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, “con una persona relacionada con la familia Castro-Zelaya, y se han mostrado vínculos con la familia Matta Waldurraga”. Establecieron que la designación del procurador general adjunto no cumplió “con los requisitos de la ley, al no ser notarios”. Asimismo, cuestionaron la obstaculización para elegir al fiscal general y fiscal adjunto, “solo porque los candidatos con mayoría de votos son de la oposición”.
En relación con la apertura de relaciones con la República Popular China, se detalló que habría posibles concesiones de proyectos estratégicos de infraestructura como puertos marítimos y el ferrocarril interoceánico, los cuales están en negociación con China.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, fue apuntado “por haber participado en actividades para coordinar marchas políticas a favor del gobierno”, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, se “politizó” luego de “declarar intentos de golpes de Estado contra el gobierno”.
Diversas instituciones fueron señaladas como politizadas y se lamentó los ataques al empresariado hondureño, “afirmando que la dirigencia empresarial está involucrada con el crimen organizado”.
