Un nuevo remezón en la Policía Nacional dejó fuera de la institución a 52 miembros, entre oficiales y personal de la escala básica.
Sin embargo, gran parte de la sociedad lamenta que las autoridades no han hecho públicos los nombres de los cesanteados ni tampoco se ha procedido a cancelar a oficiales vinculados al narcotráfico, al robo de autos y exjefes de carteles policiales.
La mayoría de los cesanteados fueron suspendidos anteriormente por no proceder adecuadamente contra los policías implicados en el caso del asesinato de los universitarios Carlos Pineda y Alejandro Vargas, este último hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
Este es el tercer remezón cosmético que oficializa la Secretaría de Seguridad desde que la crisis institucional abatió a la Policía Nacional el pasado 22 de octubre, cuando cuatro agentes policiales dieron muerte a sangre fría a Pineda y a Vargas.
El
primer remezón
ocurrió el 31 de octubre
y fue al más alto nivel, cuando el presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó la rotación de la mayoría de miembros de la cúpula policial, que mostró debilidades en el proceso de investigación sobre la muerte de los dos universitarios, y peor aun, no supieron frenar ni informar sobre la podredumbre que había en la institución.
En la segunda ocasión, sin embargo, se trató de la suspensión de 72 elementos, oficiales y escala básica, de quienes se mantuvieron en reserva sus nombres, aunque EL HERALDO tuvo acceso a ese listado y fue el único medio que lo publicó. Algunos de los que fueron suspendidos en esa ocasión, ayer fueron cancelados de manera definitiva.
En esta tercera oportunidad se han cancelado los acuerdos de nombramiento de 52 policías, y tampoco han ofrecido nombres, aunque extraoficialmente se ha dicho que entre ellos hay exmiembros de la cúpula policial suspendidos el 31 de octubre.
Adicional a las cancelaciones y rotaciones, el Poder Ejecutivo decidió desarticular la Dirección de Asuntos Internos y crear la Dirección de Evaluación e Investigación de la Carrera Policial, un ente totalmente independiente de la Secretaría de Seguridad.
Los remezones al interior de la institución policial
comenzaron luego de la separación del entonces ministro de Seguridad,
Oscar Alvarez
Guerrero.
Prohibido dar nombres
El vocero de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Héctor Iván Mejía, fue el encargado de oficializar ayer el despido de los 52 miembros de la Policía.
El grupo lo conforman: un comisionado general, dos comisionados, un subcomisionado, un inspector, cuatro subinspectores y 43 policías de la escala básica en sus diferentes grados.
Se le cuestionó a Mejía por qué no daban los nombres de los separados y respondió que 'es prohibido' por la ley y debe ser por otras instancias por donde se deban obtener los nombres, pero no desde la vocería de la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, ayer la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, en comunicación con EL HERALDO dijo que entre los cancelados están Marco Tulio Palma, exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC); Manuel Fuentes Aguilar, exdirector de la Policía Preventiva; José Barralaga, exjefe de la Metropolitana 1 (todos ellos tuvieron algún tipo de relación con las investigaciones en torno a la muerte de los dos universitarios).
En el transcurso de la tarde de ayer también se supo que otros dos cesanteados son Carlos Esteban Henríquez (actualmente preso por vinculación en la matanza del centro penal de El Porvenir) y Mario René Chamorro, exjefe de la Metropolitana 1.
Lo que sí confirmó Mejía es que 'los oficiales separados cometieron faltas graves' y reiteró que no puede dar nombres porque 'hace diez años se dieron nombres de policías separados y el Estado fue demandado y se tuvo que pagar cuentas millonarias'. El futuro de los policías cancelados, oficiales y de la escala básica es incierto. Mejía solo confirmó que 'la Secretaría de Seguridad ya no les pagará su sueldo mensual porque ya fueron cancelados sus acuerdos'. Dijo además que cualquier acción legal contra oficiales separados debe hacerse por las instancias correspondientes como la Fiscalía.
Sin embargo, cabe destacar que hasta la fecha la Secretaría de Seguridad no ha remitido un tan solo expediente al Ministerio Público. Lo único que ha hecho es remitir el listado de 40 oficiales de Policía separados semanas atrás.
Jubilación
Los policías que hayan cumplido con los períodos establecidos por el Instituto de Previsión Militar (IPM), cuotas de cotización y demás requisitos, podrán incluso optar a una jubilación.
Entre los cancelados hay oficiales que tenían entre 20, 25 y 30 años de servicio y si ellos cotizaban al IPM entonces pueden hacer su trámite de jubilación, amplió Mejía.
Vienen más despidos
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, adelantó que para el próximo viernes se vendrán más separaciones de elementos policiales a quienes se les investiga y que actualmente ya se han agotado instancias administrativas como audiencias de descargo y otras, y solo falta culminar el proceso de cancelación del acuerdo de nombramiento.
Sin embargo, estas acciones no terminan de satisfacer las demandas de la mayoría de la sociedad, porque consideran que son acciones que poco o nada aportan a una verdadera depuración de la institución.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, expresó que 'no tengo elementos todavía que haya dado la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, como para creer que esta es una depuración'.
Castellanos impulsa la creación de una comisión interventora conformada por hondureños y extranjeros.
En ese sentido, el Comité Técnico de la UNAH ha logrado conformar un documento, consensuado con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para ser sometido ante la Cámara Legislativa y convertirlo en ley, a fin de que en la Policía se inicie una verdadera depuración.
Castellanos incluso ha declarado el 2012 como el año de la depuración policial.
Pero a nivel de oficialía policial hay cierta renuencia para que se nombre una comisión interventora, y han planteado que ya se conformó la Dirección de Evaluación y que reciben apoyo de países como Colombia y Nicaragua para impulsar el proceso de limpieza.
Se deben dar nombres
Para la diputada liberal al Congreso Nacional, Waldina Paz, es importante que la Secretaría de Seguridad ofrezca los nombres de los oficiales y de todos los elementos que han sido cancelados. La parlamentaria declaró que ayer por la mañana se sintió 'alegre' cuando escuchó al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, sobre la depuración policial. 'Recordemos que la Policía es una institución muy noble y solo por un grupo de malos no podemos condenarla ni satanizarla', argumentó en torno a que es preferible conocer quiénes son los malos policías.
