NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Fue fijado para el 24 de abril de 2023 y se reprogramó. Fue programado para el 18 de septiembre del mismo año, pero nuevamente fue postergado, ahora para 2024.
Un total de dos veces se ha reprogramado el juicio contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), acusado de narcotráfico.
Desde el 15 de noviembre de 2022 la comparecencia para conocer si el exmandatario es culpable fue programada para abril de 2023, por parte del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sin embargo el pasado 10 de enero de 2023, decidió aplazarlo y trasladarlo para el 18 de septiembre del presente año.
Pero este jueves que se realizó la audiencia de información clasificada, el juez Kevin Castel tomó la determinación de aplazar por segunda vez el juicio de JOH y fijarlo para el 5 de febrero de 2024.
¿Por qué se ha popuesto?
En la audiencia del pasado 10 de noviembre, cuando el juicio estaba programado para el 24 de abril del 2023, el juez Kevin Castel reveló que tenía una carta de la Fiscalía de Estados Unidos, donde se solicitaba el aplazamiento de la comparecencia.
“Tengo esta carta del gobierno que me deja perplejo. ¿Estados Unidos está pidiendo un aplazamiento?”, fueron las palabras de Castel.
Tras valorar si se postergaba para julio o agosto, el juez decantó por septiembre. “Voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. ¿Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días?”, cuestionó el juez Castel en esa audiencia.
Además, el abogado Raymond Colón, parte de la defensa de JOH, reclamó al juez que estaba a la espera del volumen de 3,500 materiales de la Classified Information Procedures Act (CIPA) o información clasificada, por lo tanto “no la había visto”.
Además, Colón denunció trabas por parte del gobierno de Honduras al impedir que la defensa legal se entrevistara con un testigo.
Al escuchar esto, Castel dijo: “Otorgo una continuación hasta el 18 de septiembre de 2023 y excluyo el tiempo de la Ley de juicio rápido hasta entonces”.
Segundo aplazamiento
Los Fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada, alegando “voluminosos materiales de descubrimiento” y que el juez extendió el plazo hasta el 17 de mayo cuando se debía entregar el 17 de marzo.
Del mismo modo, la abogada estadounidense, Enma Greenwood, recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos.
Greenwood, quien fue designada por el juez Kevin Castel para la recepción de documentos clasificados, denunció un “patrón de demora” por parte de la Fiscalía, que viene ocurriendo desde hace más de un año.
Entre sus denuncias, Greenwood menciona que extrañamente la información ya entregada “venía afectada con virus y no se pudo abrir y el resto no ha sido entregado pese a las continuas solicitudes”.
De acuerdo con la abogada, quien junto a la defensa de Juan Orlando Hernández revisa los documentos, el mencionado virus evitó que se pudiera abrir en su totalidad la documentación, la cual es poco aprovechable para la oficina del juez y la defensa del expresidente.
En el informe emitido por Enma Greenwood, la abogada le expresa al juez Kevin Castell su frustración con la parte acusadora, señalando que la Fiscalía no ha tenido interés en reunirse con ella para agilizar la entrega de la información pendiente.
Greenwood indicó que existen al menos 60 problemas encontrados en la información proporcionada por la Fiscalía.
En tal sentido, Castel no tuvo otro remedio que aplazar nuevamente el juicio para el próximo 5 de febrero de 2024, ante las denuncias expuestas por la profesional del derecho designada en el caso.
Ahora, nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir casi cinco meses después.
Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias, donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio.
Juicio en conjunto con “El Tigre” Bonilla y Mauricio Pineda
El mismo 5 de febrero de 2024 se llevará a cabo el juicio de JOH, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Pineda Hernández, por orden del juez Castel.
El expresidente de Honduras, en los periodos de (2014-2017) y (2018-2022), es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de tres cargos.
El primero es conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.
De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario “participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
De esa forma, el expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos.
Por su parte, de acuerdo a las investigaciones de Estados Unidos, “El Tigre” Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos Juan Orlando y Juan Antonio “Tony” Hernández.
“A cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados”, señala la grave acusación contra el exjefe de la Policía.
Además, indica el documento, que en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.
Por otro lado el exoficial Mauricio Hernández Pineda, es acusado de participar en una megaconspiración de tráfico de drogas que incluye a JOH y “Tony” Hernández y hasta el mismo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por cada cargamento de droga que protegía, Hernández Pineda recibía un pago de 200 mil dólares en efectivo (al menos cinco millones de lempiras), según certifican documentos oficiales de la Fiscalía de Nueva York.
“Recibió lucrativos sobornos de sus coconspiradores de hasta $200,000 por cada cargamento de droga que protegía”, señala el documento de la Fiscalía.
Los documentos federales señalan que, entre otros, “Tony” Hernández; el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón; y el cartel de los Valle Valle desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento.
El acusado además reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y en varias oportunidades escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre mil y 1,500 kilogramos de cocaína, cuyo destino final fue Estados Unidos.
