Mediante decreto, el Poder Ejecutivo de Honduras
prohibió a partir la fecha la toma de centros educativos
y aprobó la aplicación de sanciones
contra maestros
que incumplan con sus labores.
El Consejo de Ministros celebrado esta mañana en la escuela John F. Kennedy de la populosa colonia Kennedy de Tegucigalpa, aprobó un decreto Ejecutivo en el cual prohíbe 'a toda persona natural o jurídica, incluidos docentes, padres de familia y alumnos', realizar
tomas de las direcciones departamentales, centros educativos y cualquier edificio de uso de la Secretaría de Educación.
El decreto instruye además a Educación para aplicar las sanciones respectivas
de inmediato a los maestros que protagonicen tomas de instituciones educativas;
así como deducciones salariales, suspensiones y destituciones
contra los educadores que incumplan con sus labores, lo que será corroborado por actas especiales de supervisión a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes.
De igual manera, se autoriza a la secretaría a presentar formal denuncia ante el Ministerio Público contra padres de familia u organizaciones gremiales
que infrinjan las disposiciones enmarcadas en el decreto, depositando en el órgano oficial la deducción de responsabilidades contra los mismos.
También señala medidas administrativas y orientadoras contra los alumnos de los institutos de enseñanza pública que violen la regulación.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo,
reiteró su llamado a los maestros a no 'castigar' a los menores
que acuden a los centros educativos público por 'pleitos' que corresponden únicamente a los docentes y autoridades del gobierno.
'Nosotros como sociedad tenemos que posicionarnos en defensa de nuestros niños y niñas. No castiguemos a los niños y niñas, no es justo, es una clara violación a su derecho a estudiar', expresó.
El decreto es de aplicación inmediata y entrará en vigencia una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta.
Magisterio a reunión de urgencia
Dirigentes de las organizaciones magisteriales de Honduras
fueron convocados a una reunión de emergencia para tratar el decreto emitido por el Consejo de Ministros y no descartaron la impugnación del mismo.
Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), aseguró que suman más de cinco mil los profesores que por más de año y medio no han recibido su salario.
'También debe ser un santuario nuestra refrigeradora, también debe ser un santuario nuestras cocinas', manifestó.
Casaña calificó como 'animales cuando están ostentando el poder' a los funcionarios que aprobaron el decreto y aseguró que el magisterio está en zozobra cada martes, esperando las resoluciones 'represivas' que se emiten en el Consejo de Ministros.
Cierre año lectivo
La dirigencia magisterial al parecer pretende que Lobo Sosa ordene, entre otras cosas, que Educación no le deduzca los días no laborados a casi 4,000 profesores, asimismo, que el año lectivo termine el 30 de noviembre y no el 21 de diciembre, como ha ordenado Escoto.
Aunque se han perdido más de 15 días de clases, algunos dirigentes afirman que el tiempo perdido ya se recuperó. Otros afirman que son los padres de familia quienes quieren que el año concluya el 30 de noviembre.
Harán concurso para las departamentales
El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto a través del cual se autoriza a la Secretaría de Educación, a llamar a un concurso para ocupar plazas de directores departamentales vacantes.
El decreto precisa que la Secretaría de Educación puede proceder “a hacer llamamiento a concurso a efecto de ocupar de manera temporal las plazas de directores departamentales, que están o van quedando vacantes, mientras, en cada caso, se emite resolución judicial mediante sentencia definitiva en los tribunales de la República, en su caso”.
El ministro de Educación, Marlon Escoto, detalló que hay al menos seis direcciones departamentales de Educación que se encuentran acéfalas.
Respecto al tema, el presidente Porfirio Lobo destacó que el decreto debe quedar como un esquema a aplicar no solamente en Educación, sino en todas de las dependencias del Estado.
Agregó que se trata de un mecanismo transparente con una participación lo más amplia posible y que evita la discrecionalidad.
