TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proceso de deportación de migrantes irregulares desde Estados Unidos puede durar semanas o meses, pero con las devoluciones exprés o deportaciones aceleradas bastan unas horas para que los detenidos sean enviados a sus países de origen.
Esta medida fue aplicada masivamente por el gobierno de Donald Trump, pero cuando Joe Biden llegó a la presidencia de EE UU la suspendió. Casi seis meses después y a tres días desde que la vicepresidenta Kamala Harris presentó un plan para combatir la migración desde Centroamérica, nuevamente entró en vigor. Las autoridades lo atribuyeron al aumento en las detenciones de migrantes irregulares, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los casos de aprehensiones de migrantes procedentes de estos tres países se cuadruplicaron desde el inicio del año fiscal (en octubre de 2020) hasta junio de 2021.
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Solo en junio hubo 76,751 detenciones de adultos, niños y hasta familias enteras, la mitad de los casos procedentes de Honduras. Para mayor comprensión supongamos que en junio hubo 10 migrantes del Triángulo Norte detenidos en la frontera sur de la nación norteamericana, pues cinco de ellos eran de procedencia hondureña.
Si tomamos como base solo los casos de compatriotas hondureños desde octubre de 2020 hasta junio de 2021 miramos un repunte significativo, al punto que en el último mes casi se quintuplicaron con respecto al primero (de 7,369 aprehensiones pasó a 34,969).
Según las cifras, los casos comenzaron a incrementar desde enero, el mismo mes en el que Biden tomó posesión en la Casa Blanca.
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Medida
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estas cifras y la pandemia por el covid-19 orillaron al gobierno de Biden a reanudar los vuelos de expulsión acelerada para “ciertas familias” que llegaron recientemente a la frontera sur de Estados Unidos. Solo el viernes pasado salieron dos vuelos desde Brownsville, Texas, con 73 personas —entre adultos y menores de edad—. Los aviones, operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), volaron con destino a Honduras, Guatemala y El Salvador.
Inicialmente eran 147 los migrantes que iban a ser deportados de forma inmediata debido al alto número de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, pero los demás fueron apartados tras dar positivo a las pruebas de covid-19 o tener contacto con infectados.
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¿De qué se tratan?
Las deportaciones aceleradas consisten en expulsar de Estados Unidos a personas que no tienen documentos válidos de ingreso o que han intentado ser admitidos a través de fraudes.
El proceso queda a cargo de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes pueden deportarlos horas después de la detención sin permitirles hablar con un abogado. Tampoco les permiten reunir pruebas o llamar a testigos, presentar un reclamo para ser eximidos de la deportación o pedir una revisión de la deportación acelerada. Todo esto también les quita el derecho de presentarse ante un juez.
“El proceso de expulsión acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de inmigración seguro y ordenado”, señaló el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.
Este procedimiento es aplicado a familias que no son expulsadas bajo el título 42 (prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud), aplicado por el gobierno de Donald Trump al inicio de la pandemia.
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Según registros oficiales, han sido deportadas 751,844 personas de diferentes nacionalidades desde octubre de 2020 hasta junio de 2021.
La diferencia del título 42 con esta medida es que, en el primer caso, pueden ser enviados a sus países de origen todos los detenidos que están sujetos a restricciones de viaje previamente anunciadas (de forma regular) o porque ingresaron ilegalmente, pero siempre de forma exprés o acelerada.
El experto en temas internacionales Graco Pérez lo consideró como “una advertencia para que la gente no trate de alcanzar el territorio de Estados Unidos y ponga en riesgo todo lo que significa llegar”.
Estas medidas demuestran que la gestión de Biden está condicionada por las leyes, es decir que aunque proponga mejoras para los migrantes, si las leyes siguen vigentes, no podrá hacer nada, consideró Pérez.
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Propuesta
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presentó el pasado 30 de julio un plan para combatir las causas de la migración desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos.
En un comunicado, el gobierno dijo que la estrategia buscará “abordar la inseguridad económica y la desigualdad; combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y promover el estado de derecho”.
Además, busca atacar la violencia y la pobreza.
Pérez consideró esta estrategia como el resultado de las visitas de funcionarios estadounidenses a la región. “La estrategia puede servirles para hacer las modificaciones e introducir las leyes que propusieron en la campaña”, puntualizó.
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