Colón, Honduras.- “Los malos armados para operar a sus anchas y los buenos desarmados para defender sus inversiones de la delincuencia”.
Esa frase refleja a detalle lo que ocurre en el Colón, según han denunciado empresarios, fuerzas vivas y ganaderos del bajo Aguán. Lo anterior es a raíz del decreto 117-2012, que habla sobre la obligatoriedad del desarme general, el cual entró en vigencia el 7 de agosto de 2012.
Desde el año 2012, Colón entró en una vorágine de violencia, desencadenada por el incremento de las invasiones de tierra y fincas en la zona, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas.
Fue así que el exdiputado por Colón, Óscar Nájera, introdujo un decreto de ley en el Congreso Nacional, el cual fue apoyado por amplia mayoría y posteriormente aprobado.
El sector ganadero lleva varios años protestando por la derogación del decreto 117-2012 porque aseguran que no ha dado resultado y las muertes violentas en Colón han aumentado. También establecen que sus negocios constantemente son asaltados y no tienen como defenderse.
La última y más reciente protesta ocurrió el lunes 7 de octubre de 2024, cuando centenares de coloneños se tomaron la carretera CA-13 a la altura de la comunidad Puente Alto, en el municipio de Sonaguera.
Tras siete horas paralizando el paso entre los departamentos de Atlántida y Colón, finalmente despejaron la vía, ya que fueron llamados al dialogar. Una comisión de los manifestantes viajará este miércoles a Tegucigalpa, con el fin de iniciar el diálogo que conllevará una posible solución del problema.
“Hay otros departamentos más violentos y no tienen un desarme general, los ciudadanos honrados que vivimos en Colón ya no aguantamos más porque los delincuentes andan armados y nosotros tenemos que andar a la buena de Dios. Estamos pidiendo un derecho que nos asiste”, aseguró Mauricio Artica, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Colón.
En Colón, el promedio de muertes violentas anual es de 193, es decir, que hubo un homicidio cada dos días.
El año 2013, a pocos meses del decreto, Colón cerró con 244 muertes violentas, la mayoría por armas de fuego, mientras que el 2014 se registraron 257. Aunque hubo una baja en el 2015 con 208, también el 2016 con 169 asesinatos.
La cifra de homicidios cayó considerablemente a partir de 2015, pero en 2021, tras la pandemia del covid-19, los casos nuevamente aumentaron.
Fue en el 2021 cuando se dispararon las muertes violentas, con 222 casos, mientras que en el 2022 se registraron 244 y el 2023 240.
En lo que va de 2024 se han presentado 119 homicidios, el más reciente fue la del niño Junior Josué Ortiz Méndez (de 5 años de edad). El pequeño murió el pasado fin de semana en la colonia Echenique de la ciudad de Trujillo, al ser impactado por una bala perdida cuando se registraba un tiroteo en el sector.
Tasa de homicidios
El departamento de Colón alcanzó este 2024 una tasa de 32.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, siendo uno de los más violentos del país, con una población de más de 364,000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Colón solo es superado por Islas de la Bahía, que tiene el primer lugar con una taza de 39 homicidios por cada 100,000 habitantes, por tener unos 82,000 pobladores. En tercer puesto está Olancho, que con una población de casi 610,000 habitantes, la tasa es de 30.7 decesos.
En 11 años de vigencia del decreto de desarme, se han registrado 2,320 asesinatos en Colón, el 90% con armas de fuego. De los diez municipios del departamento, Tocoa es el que más homicidios registra anualmente.
En 2023, Tocoa cerró con 89, seguido por Trujillo con 34, Sabá con 26, mientras que San Fe fue el único municipio que presentó cero muertes violentas.
Sin embargo, la muerte de más impacto en el departamento de Colón fue la del ambientalista Juan Antonio López, quien también era regidor municipal de Tocoa, hecho ocurrido la noche del 14 de septiembre.
El asesinato de López ha sido condenado por el mundo y han exigido justicia al Gobierno de Honduras. Por esta muerte fueron enviados a Támara Óscar Alexis Alvarenga, Lenin Adonay Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres, luego que un juez con jurisdicción nacional les dictara detención judicial durante la audiencia de declaración de imputado.
“Ya estamos cansados de todo esto, por eso necesitamos que el Gobierno nos ayude con este problema que tenemos acá. Los delincuentes andan armados y nosotros con las uñas. Esta protesta apenas empieza porque los ganaderos y los empresarios quieren andar su arma con su permiso para nuestra seguridad”, apuntó Yodi Colíndres vicealcalde del municipio de Sabá.
Tocoa, la ciudad más importante del departamento de Colón y sus aldeas aledañas, han sido el sector más golpeado por la delincuencia y los asesinatos, aun con un decreto de desarme, por eso la población pide su derogación.
