La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, hizo un desesperado llamado este miércoles a Estados Unidos a prorrogar un estatus de protección temporal que desde 1999 beneficia a cerca de 60.000 hondureños, que quedarían en riesgo de ser deportados.
'Quiero hacer un llamado humanitario al gobierno de Estados Unidos, que tome en cuenta que cada una de estas personas son seres humanos con sueños', afirmó la esposa del presidente Juan Orlando Hernández en rueda de prensa.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, sigla en inglés) fue concedido por Estados Unidos entre 1998 y 1999 luego que Honduras fue azotada por el huracán Mitch, que devastó al país centroamericano.
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Desde entonces el programa ha sido renovado 13 veces, pero la preocupación se ha desatado en la comunidad hondureña por las políticas antimigratorias del gobierno del presidente Donald Trump de cara al venidero vencimiento de la última versión el 5 de enero próximo.
'Hemos conversado con algunos compatriotas para saber la difícil situación a la que se enfrentan, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha frustración de no saber cuál va a ser la resolución que se tome y cómo va a alterar sus vidas', comentó García.
Enfatizó que los inmigrantes hondureños tienen muchos años viviendo en Estados Unidos, contribuyen a la economía de ese país con impuestos y algunos generando empleos.
Sus hijos no conocen Honduras sería triste para ellos la separación de sus padres, añadió García.
El presidente Hernández empezó en julio la gestiones en Estados Unidos para lograr la renovación del TPS y espera una respuesta a más tardar dentro de dos semanas.
El gobierno hondureño también presiona ante el Congreso estadounidense para lograr revertir la decisión de Trump de rescindir el Programa de Acción Diferida para los llegados en infancia (DACA) que favorece a 18.526 hondureños, que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
En Estados Unidos hay alrededor de un millón de migrantes hondureños, en su mayoría indocumentados, que el año pasado aportaron remesas equivalentes a 18,5% del PIB.
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