TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un arresto provisional le fue dictado al extraditable y exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, tras culminar su audiencia de información este martes -9 de enero-.
En dicha comparecencia se le detalló a Cosenza los delitos por los que lo solicita el Distrito Sur de La Florida, el juez ordenó que el exfuncionario en el gobierno del expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) continúe bajo arresto policial por lo que lo remitió a Cosenza a la a Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
Cosenza llegó hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo un fuerte resguardo policial, tras ser capturado ayer lunes -8 de enero-.
De acuerdo a lo informado por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, fueron presentados varios padecimientos de salud por el equipo de defensa de Cosenza, por lo que el juez natural determinó enviarlo a la Dirección de Fuerzas Especiales con el fin que se pueda “garantizar su evaluación médica”.
La audiencia de presentación y evacuación de pruebas fue programada para el jueves 15 de febrero 9:00 a.m., antes de eso, Cosenza permanecerá recluido.
A Cosenza se le acusa de delitos de conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y transacciones derivados de actos criminales.
¿Qué dicen las investigaciones de la Fiscalía?
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
Los otros acusados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años y propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años y residente de Boca Ratón, Florida.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”.
Para ocultar los pagos de las coimas, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Según la acusación, los conspiradores enviaron más de $ 166,000 (L 4.1 millones) a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan.
